La comisión legislativa de Economía y Comercio Exterior continúa discutiendo la iniciativa de ley de Ciberseguridad en búsqueda de emitir un dictamen, luego de que el Pleno autorizara regresar a comisión esa propuesta de ley. Sin embargo, también la comisión de Asuntos de Seguridad Nacional debe emitir un nuevo análisis.
Este 22 de julio, el secretario de la mesa de trabajo, Mynor De la Rosa, comentó que se revisan los delitos y penas de acuerdo a la tipificación y características de los mismos, que podrían ser condenas de tres a seis años de prisión, pero dependerá del tipo de delito.
De la Rosa indicó que si en algunos de los ciberdelitos se vulneran los servicios públicos o un funcionario y empleado público aprovecha su cargo para alterar la información privada para cometer un ciberdelito, se incrementará la pena.
El legislador aclaró que como parte de las discusiones se plantea que para el tema de la ciberseguridad deben participar varias instituciones, no solo el Ministerio de la Defensa, sino que la Dirección de Inteligencia Civil del Ministerio de Gobernación, la Secretaría de Inteligencia Estratégica del Organismo Ejecutivo, el Consejo Nacional de Seguridad, ya que hay reportes de ciberataques, algunos han vulnerado la seguridad cibernética de ministerios.
«Esta ley y el trabajo de la comisión busca darle seguridad a la población con relación a la información privada, porque con el avance de la tecnología estamos expuestos a cualquiera vulneración», resaltó De la Rosa.
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REVISIÓN DE DELITOS
Los presidentes de la comisión de Asuntos de Seguridad Nacional y de Economía mantienen conversaciones para emitir un dictamen en conjunto a dicha iniciativa de ley, que podría agilizar su discusión y aprobación en el Pleno Legislativo.
A la vez, el diputado De la Rosa explicó que la discusión de la parte penal de la iniciativa de ciberseguridad no debe alterar o vulnerar ningún convenio que ha suscrito Guatemala, para luego conocer la parte administrativa de la misma, donde se debe definir la gobernanza y la administración.
De la Rosa agregó que el análisis en la parte penal es que se pretende que los funcionarios o empleados públicos que utilicen información privada queden suspendidos en la administración pública.
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