El acceso a los brazaletes para que los presos puedan cumplir su condena fuera de la prisión ha sido limitado debido a los estudios que se deben realizar para otorgar la medida que se estableció en la Ley de Implementación de Control Telemático en el Proceso Penal, por lo que diputados de distintas bancadas buscan «facilitar» el accesorio a los privados de libertad.
Actualmente, en el artículo 7 de dicha ley, se estableció que el financiamiento del control telemático es financiado por el sindicado, sancionado o condenado, salvo criterio del juez, previo a un estudio socioeconómico del implicado.
El control de los brazaletes está a cargo del Ministerio de Gobernación, por medio del Centro de Control Telemático, que se encarga de la vigilancia de los portadores del brazalete, registro y reportes del uso de los dispositivos.
La propuesta de ley que impulsa el segundo vicepresidente del Congreso de la República, Elmer Palencia, pretende incluir unos cambios al Código Procesal Penal y la Ley del Régimen Penitenciario.
En cuanto al cambio en el Código Procesal Penal, sería en el artículo 264, para agregar el numeral 8 y se indique que la sujeción al sistema de control telemático mediante dispositivo electrónico de localización, conforme a la Ley de Implementación del Control Telemático en el Proceso Penal y su normativa complementaria, garantizando la confidencialidad de los datos generados y su uso exclusivo para fines de supervisión judicial.
Además, se incluye que la autoridad jurisdiccional competente deberá, imponer esta medida de manera autónoma o en conjunto con otras medidas sustitutivas, atendiendo a criterios de proporcionalidad y razonabilidad.
«La falta de capacidad económica de la persona imputada no podrá ser utilizada como condición para negar la imposición de la medida del control telemático, ni para exigir estudios socioeconómicos con ese fin. En tales casos, el Estado, por medio de la institución competente conforme a la ley especial, garantizará el acceso, instalación y mantenimiento del dispositivo, sin costo para la persona imputada. En ningún caso se utilizarán estas medidas desnaturalizando su finalidad o se impondrán medidas cuyo cumplimiento fuere imposible. En especial, evitará la imposición de una caución económica cuando el estado de pobreza o la carencia de los medios del imputado impidan la prestación», resalta el párrafo que se busca incluir.
Según OJ, uso de control telemático para procesados penales se triplica
OTRO BENEFICIO PARA PRIVADOS
Asimismo, en la iniciativa de ley que firman más de 10 diputados que presentaron el 19 de marzo último, se adicionaría el artículo 73 Bis a la Ley del Régimen Penitenciario.
Cuya propuesta es que cuando la persona condenada haya promovido incidente de redención de pena y dicho trámite se encuentre pendiente de resolución, el juez de ejecución sin más trámite y verificacicón de la existencia de elementos objetivos suficientes que razonablemente indiquen la procedencia de la redención solicitada, deberá otorgar mediante resolución debida motivada, que la persona continúe la tramitación del incidente bajo régimen de libertad sujeta a control telemático, conforme a la ley especial y la normativa que se aplique.
Por eso, la aplicación del control telemático tendrá carácter excepcional, transitorio y proporcional, y no aplicará reconocimiento anticipado de la redención de pena ni de la extinción de la codena, por lo que el control telemático se mantendrá vigente desde la admisión del incidente de redención de pena y durante su tramitación hasta que exista resolución judicial firme que lo resuelva, en definitiva.
Un informe del Ministerio de Gobernación de mayo de 2023, estableció que la tarifa por el servicio de control telemático que debe pagar el agresor, sindicado, sancionado o condenado es de Q1 mil 500 por mes y Q50 por día.
