Cómo el incremento de sueldo de Q37 mil a los diputados dividió al Congreso

Desde que se propuso un incremento de sueldo de los diputados en una iniciativa de ley 6445, para modificar la Ley Orgánica del Organismo Legislativo (LOOL), impulsada por diputados de Semilla, UNE y Visión con Valores (Viva), el tema generó debate entre los legisladores, ya que varios lo deseaban para «atender gastos para movilizarse a sus distritos» y cubrir temas de sus partidos políticos, pero no se atrevían a proponerlo.

Los legisladores mencionaban la necesidad de incrementarse el sueldo por el «trabajo y desgaste» que enfrentan y fuera similar al de un magistrado de Corte de Apelaciones.

Incluso, la declaración del diputado electo con Semilla, Raúl Barrera, generó rechazó, ya que aseguró que tras el cierre del «chorrito de la corrupción», los congresistas no tenían acceso a contratos, plazas o sobresueldos, por lo cual buscaban un aumento salarial.

Fue hasta el 26 de noviembre cuando se aprobó el presupuesto para el Congreso de la República que respaldaron esa propuesta, que ya no fue en la iniciativa de ley, sino por medio de una enmienda al plan de gasto anual 2025 del Legislativo.

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Dicha propuesta en el artículo 3 del acuerdo 31-2024 fue respaldada por 87 diputados, que ahora se resisten a que se conozca en el Pleno para dar marcha atrás, como lo han pedido organizaciones sociales y ciudadanos.

Con la normativa, los diputados autorizaron a la Junta Directiva realizar mejoras al salario que perciben, el cual no debía ser menor al de un magistrado de Corte de Apelaciones, además, aprobaron gozar de indemnización y prestaciones de ley.

El acuerdo fue aprobado luego de una larga jornada en el Congreso en la que también se aprobó las reformas al artículo 82 de la Ley Contra el Crimen Organizada presentadas por Semilla, que especifican que los partidos políticos no podrán ser cancelados bajo esta normativa, el Presupuesto General de la Nación para el 2025, entre otras normativas.

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AMPAROS, EXPULSIONES Y ARREPENTIMIENTOS

La aprobación también provocó que el Comité Ejecutivo de Victoria expulsara de sus filas a Sandra Yanet Milián Gómez y Randy Araely Coc Figuea, mientras que los diputados de Visión con Valores (Viva), Gersón Barragán y Obbed Edilberto Castañasa, mostraron arrepentimiento, ya que presentaron una misiva al presidente del Congreso, Nery Ramos para que derogara el artículo con el que autorizaron la medida.

Asimismo, el coordinador general de Acción Ciudadana, César Vega, accionó ante la Corte de Constitucionalidad (CC) con el fin de dejar sin efecto la normativa, ya que sostiene que los congresistas no son empleados, sino que son electos popularmente.

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Igualmente, los diputados de la bancada Voluntad, Oportunidad y Solidaridad (VOS) accionaron ante la alta Corte, asegurando que la medida era una abuso y una «bofetada» para la población guatemalteca.

Al respecto, el 16 de diciembre el Tribunal Constitucional declaró un amparo provisional en contra de la frase que autorizó el derecho a indemnización y prestaciones para los diputados, pero denegó suspender la frase que establecía que la Junta Directiva debía hacer las readecuaciones para el aumento salarial de los diputados y recomendó que se tenía que aprobar en el Pleno tras un análisis por parte de la Junta Directiva.

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DIPUTADOS PASARON A GANAR HASTA Q66 MIL

Desde enero pasado se observó una división en el organismo Legislativo, ya que en semanas consecutivas no se han concretado plenarias para evitar la discusión del tema.

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El sueldo de un diputado por años fue de Q29 mil 150, que está compuesto por Q9 mil 550 como base, más Q9 mil 600 de dietas para asistir a plenarias, otros Q5 mil por dietas para presentarse a comisiones y Q5 mil por gastos de representación.

Y ahora, por decisión de la mayoría de la junta directiva 2025, quedó establecido en Q66 mil 300, que es una base de Q46 mil, más los Q9 mil 600 de dietas por plenarias, y Q10 mil por dietas de comisión y de gastos de representación.

Cuyo incremento fue de Q37 mil 150, lo que equivale a 127.4 por ciento. El sueldo de un magistrado de Sala de Apelaciones es de alrededor de Q52 mil, compuesto por una base de Q46 mil 700 más un bono de alrededor de Q5 mil 300.

No obstante, el sueldo de los integrantes de la junta directiva es mayor, ya que reciben dietas y gastos de representación mayores, al igual que los jefes de bloque obtienen dietas por asistir a reuniones.

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DEBIDA EJECUTORIA 

Debido a que la Junta Directiva aprobó que el aumento salarial sin que se conociera en el Pleno, Acción Ciudadana presentó una debida ejecutoria al amparo provisional, señalando que dicho órgano incumplió con el procedimiento que indicaba que debía de realizarse un análisis previo que debía someterse a consideración del Pleno para su viabilidad.

Sin embargo, el 11 de marzo, los magistrados de la alta Corte cambiaron de parecer, ya que afirmaron que no se otorgó el amparo provisional contra la frase que autorizaba el aumento.

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«La gestión que promueve solo procede cuando se otorga el amparo provisional y se confieren efectos positivos que deben ser cumplidos por la autoridad cuestionada, lo que no ocurrió en el presente caso», indicó la CC.

La decisión tuvo el voto favorable de los magistrados Nester Vásquez Pimentel y Dina Ochoa, el voto concurrente de Roberto Molina Barreto, y el disidente de Héctor Hugo Pérez Aguilera y Leyla Lemus Arriaga.

ALIADOS APROVECHAN PARA NO SESIONAR, PERO SÍ COBRAR

Los diputados Allan Rodríguez, Felipe Alejos, Carlos López Girón y su hijo Carlos, junto a los diputados de la UNE, orquestaron un plan para no llevarse a cabo instancia de jefes de bloque, donde se discuten las agendas para las sesiones semanales.

Sin embargo, muchos de los jefes y subjefes de esos bloques, junto con otros, mantuvieron las citaciones a funcionarios durante al menos tres semanas que no se realizaron plenarias. Aunque el 25 de marzo, la junta directiva, respaldada por diputados de varios bloques, anunciaron que se suspendían las actas donde se autorizó ese aumento, eso no pudo concretarse, ya que la opinión jurídica del Congreso informó que no son facultades de la junta directiva, sino del Pleno.

El aumento salarial unió a varios actores y presentaron acciones en la Corte de Constitucionalidad (CC) para frenar esa decisión, pero no prosperaron. Y aunque los magistrados del Tribunal Constitucional emitieron un comunicado indicando que debe ser en el Pleno que se discuta y apruebe dicho incremento, los diputados obvian esa decisión.

Además, del anuncio de la junta directiva por suspender el incremento salarial, diputados de distintas bancadas presentaron propuestas legislativas para derogar ese aumento, pero no tienen el respaldo para discutirlo y aprobarlo de una vez.

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RAMOS SE PRONUNCIA POR PAGO DE SUELDO CON INCREMENTO

El martes 29 de abril, luego de que no acudieron a plenarias, aduciendo que no fueron convocados, recibieron su salario con el incremento, y a pesar de que los diputados jugaran con la asistencia, durante la sesión de ese día gritaban «que querían trabajar», no obstante su intención era lograr cambios que el grupo de oposición al gobierno de Bernardo Arévalo busca para tomar el control de la junta directiva.

El oficialismo también intentó que se conociera en el Congreso la iniciativa de reforma a la Ley Orgánica del MP, pero el tema no ha logrado avanzar como esperarían.

Ante esa decisión, se consultó al presidente del Congreso de la República, Nery Ramos, cuál fue el motivo del pago un día antes de que finalizara el mes, y recordó que su postura por esa decisión «ha sido clara hasta en junta directiva» y recordó que las decisiones en ese cuerpo colegiado se toman por mayoría y en dicho caso la mayoría tomó la decisión de que se presentara las mociones al Pleno.

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«No hay orden (para pagar). De hecho, las fechas de depósito o no, es una decisión del director general de este organismo de Estado, ya están debidamente programadas, conforme vayan preparando las nóminas y esta vez, entiendo que durante el desarrollo de la plenaria se hizo la acreditación correspondiente. Aquí es un tema personalísimo también, mientras el director general tenga un acuerdo legislativo que le obliga a acreditar determinada cantidad de salario, lo tiene que hacer», enfatizó Ramos.

Asimismo, comentó que ningún diputado y mucho menos el presidente tiene la oportunidad y facultad de decirle que deposite o no, porque eso se llama tráfico de influencia, él puede hacer lo que la ley le permite, y en este momento la normativa le ordena hacer las acreditaciones correspondientes y no hacerlo incumple la ley y puede llevar a denuncias por varios delitos, por lo que tienen una responsabilidad directa frente a un instrumento jurídico que está vigente, y ni el presidente ni un legislador que pueda incidir en esas decisiones.

ROSAL: MAYORÍA NO ESTÁ DISPUESTA DAR MARCHA ATRÁS

Renzo Rosal, analista independiente, resaltó que este segundo año de la X Legislatura se ha caracterizado fundamentalmente por la fragmentación, debido a que los bloques están divididos, e incluso la bancada oficialista se percibe bajo el mismo fenómeno.

El experto explicó que el Congreso se ha partido debido a que ya han empezado a darse los primeros movimientos preelectorales para la campaña de 2027, pero también hay decisiones o puntos, como el aumento a los salarios donde hay criterios divididos.

“Hay algunos quizá una minoría que quisiera o que quiere, o está bien interesada en que se revise lo del aumento salarial, e inclusive dar marcha atrás. Sin embargo, hay una mayoría de diputados que están dispuestos a no dar marcha atrás con el aumento”, indicó.

De acuerdo a Rosal, la gran mayoría de diputados que están a favor de continuar con el aumento salarial han alargado el tema, han evitando que haya reuniones, han evitado que el tema se incluya en la agenda o han propuesto una agenda paralela.

“Eso lo que está indicando es. Primero, el juego de intereses que hay en el Congreso, el Congreso evidentemente es un espacio hiperfragmentado y todos esos intereses se están poniendo de manifiesto a diferencia del año pasado donde probablemente no afloraban con suficientemente fuerza estas diferencia”, indicó.

Sin embargo, recalcó que durante este 2025 el Congreso está siendo dominado por la falta de acuerdos, la imposibilidad de los diputados, así como que cada vez se están manifestando las diferencias de posiciones. “Y ese es el fenómeno que va a durar el resto de esta legislatura”, recalcó.  

ACEÑA: RECOMPOSICIÓN DE FUERZAS

Asimismo, la analista del Centro de Investigaciones Económicas Nacional (CIEN), María del Carmen Aceña, aseguró que hubo un acuerdo del aumento salarial porque se aprobó dentro del Presupuesto del Congreso, junto con el Presupuesto General de la Nación para el 2025. 

“Lo que pasa es que nunca se imaginaron que la población iba a protestar tanto y algunos diputados trataron de desmarcarse, sin embargo, lo que se ven los últimos días es que la mayoría de bancadas no estaban satisfechas con la forma en que se estaba tomando las decisiones en el Congreso”, indicó.

De acuerdo a Aceña, existe una recomposición de fuerzas después del anuncio del presidente del Congreso para dar marcha atrás al aumento salarial, sin embargo Ramos debió de haberlo consensuado con los demás bloques, pero ello no se dio, por lo cual las bancadas que no estaban de acuerdo se reunieron e hicieron un planteamiento, el cual se pudo observar en la instancia de jefes de bloque.

De esta cuenta, subrayó que lamentablemente se dio la sesión que terminó con dos diputadas agrediendose de manera violenta.

La experta remarcó que varios diputados insistieron en proponer la moción, pero como CIEN creen que la mayoría de diputados están de acuerdo en el aumento salarial.   

ACEÑA: NO HAY LIDERAZGO EN EL EJECUTIVO

De la misma forma, Aceña resaltó que la sociedad con los medios de comunicación puede presionar para que los congresistas tomen conciencia y se bajen el salario.

También, remarcó que se detuvo la agenda en el Congreso, pero mucho de ello se debe a que tampoco hay una propuesta por parte del Ejecutivo de una agenda de país, ya que en la mayoría de veces las leyes que el Legislativo pasa son enviadas desde Gobierno, y la actual administración de Bernardo Arévalo ha trasladado únicamente proyectos de ley para destituir a la fiscal general del Ministerio Público (MP), Consuelo Porras.

La experta subrayó que Arévalo culpó al Congreso de no poder destituir a la Fiscal General, lo cual no le gustó a los diputados, por lo que recalcó que actualmente existen muchas asperezas entre los miembros de Semilla, el Presidente, y la Junta Directiva del Congreso.

“La mayoría de bancadas están de acuerdo en cambiar la agenda, en tener una agenda y obviamente tener el salario que se recetaron”, señaló.

Al mismo tiempo, recalcó que no se pueden pegar a las 17 bancadas porque no existe un liderazgo por parte del Ejecutivo, y este organismo necesita darle rumbo al país, tener una agenda de nación y modernizar el país.

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— Diario La Hora (@lahoragt) May 3, 2025