La Comisión Legislativa de Reformas al Sector de Justicia citó a las autoridades de la Dirección General del Sistema Penitenciario para conocer la situación de la población en las cárceles, ya que hay informes del hacinamiento y falta de controles en los centros carcelarios, lo cual señalan que provoca el aumento de llamadas de extorsión.
El director del Sistema Penitenciario, Sergio Vela, indicó que hay 23 centros de detención, además, nueve cárceles a cargo de la Policía Nacional (Civil) donde hay alrededor de mil privados de libertad, quienes cumplen condena.
Vela explicó que en el país hay seis centros para condena, 15 de prisión preventiva, y dos que son preventivo y condena, por lo que se busca corregir esa medida, por lo que realizan un censo para actualizar datos con fotografías, y tener una base de datos unificada con huellas dactilares.
El funcionario respondió que hay 314 personas que ya cumplieron condena, pero que siguen en las cárceles y a la vez están pagando condena económica, lo cual es doble pena, no obstante, es la Corte Suprema de Justicia (CSJ) la que tiene la potestad en ese aspecto.
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MUESTRA DATOS DE LAS CÁRCELES
El encargado de los centros de detención enfatizó que la capacidad del Sistema Penitenciario es para 10 mil 883 presos, de los cuales seis mil 985 son para hombres, y tres mil 398 son para mujeres.
«En la actualidad tenemos una ocupación de 22 mil 895 (entre condenas y preventivo), tenemos dos mil 722 mujeres, donde no existe hacinamiento, como el que hay con hombres, ya que tenemos 20 mil 173 de ocupación. Con los datos tenemos -31 por ciento de hacinamiento de mujeres, y tenemos 110 por ciento de hacinamiento con hombres, al 31 de agosto, la situación actual», explicó Vela.
Asimismo, indicó que del total de población en las cárceles, seis mil 777 presos que tienen medida preventiva, por lo que trabajan un proyecto con el Instituto de Defensa Pública Penal, pues identificaron a tres mil 602 que podrían ser beneficiados con control telemático y sean los jueces que otorguen dicha medida.
Vela explicó ante los diputados que el costo promedio de un reo es de Q2 mil 355 al mes, y con alguna modificación a la ley para que el Estado se haga cargo del costo del control telemático, y el reo pueda optar a esa medida sería a un costo de Q785, y el costo del brazalete tiene un costo de Q1 mil 500, actualmente el reo que decida esa medida debe pagar dicho control tecnológico.
ANALIZARÁN PROPUESTA Y CRUZARÁN INFORMACIÓN
El presidente de la comisión legislativa, Álvaro Arzú Escobar, dijo sobre los datos proporcionados por el Sistema Penitenciario que en administraciones anteriores se les habían indicado que más del 50 por ciento de la población en las cárceles estaba en prisión preventiva, pero este lunes informaron que es el 25 por ciento, por lo que solicitarán información al Ministerio Público y al Organismo Judicial para corroborar la información.
«Obviamente es un problema que viene de hace décadas, es un tema que se ha quedado siempre en el olvido. El problema principal es la ausencia de suficiente espacio para que las personas puedan estar ahí, hay un problema de abuso de prisión preventiva, hay un problema de control, y todos sabemos que desde las cárceles se organiza la mayor cantidad de delitos que se comente en el país, por lo que en la comisión es dar una solución desde la legislación, a todo el sistema penitenciario y sobre todo el respeto a los derechos humanos», mencionó Arzú Escobar.
En cuanto a la revisión de la Ley de Control Telemático, para que no sean los reos los que paguen ese beneficio, el diputado indicó que una de las propuestas del Sistema Penitenciario es que el Estado se haga cargo de ese monitoreo porque sale más barato, lo cual podría ser una solución, pero hay que revisar la ley para hacerle un cambio.
