Después de escuchar a magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), decanos de facultades de Derecho y jueces, la diputada Sonia Gutiérrez, quinta secretaria de la Junta Directiva del Congreso de la República, anunció que presentará una iniciativa de ley que con la cual busca crear un nuevo Código Procesal Civil y Mercantil.
La propuesta para la reforma del Código Procesal Civil y Mercantil también es impulsada por la diputada Andrea Villagrán.
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Aunque dicha normativa ha tenido reformas en temas específicos, la congresista indicó que con su propuesta se pretende modernizar ese cuerpo legal, y no tener leyes rezagadas, por lo cual consideró que ahora hay condiciones oportunas para impulsarlo el cambio de esta.
«Nos preocupa que los procesos judiciales civiles, y la alta mora judicial en materia civil no es concebible, por ejemplo, casi requiere tres años y ocho meses para ejecutar un contrato, situación que repercute a nivel nacional, como lo demuestran algunos estudios. Es de las más lentas del mundo, así es catalogada a través de estos informes, lo cual no solo representa una denegación de la justicia y alto costo para los usuarios del sistema judicial, sino, incluso, llega a influir en el aumento de tasas de interés bancario. A nivel interés, afecta la calificación de riesgo país, que a su vez repercute en la atracción e inversión de capitales extranjeros, por lo que resulta impostergable darle una solución a dicho problema», mencionó Gutiérrez.
La congresista usó informes como el Índice de Estado de Derecho en proyecto justicia mundial, 2018, del Banco Mundial, informes periódicos sobre el estado de justicia civil en Latinoamérica, del Centro de Estudios de Justicia de las Américas, y el Índice de Derecho.
El actual Código Procesal Civil y Mercantil contiene más de 600 artículos, y la propuesta es reducirlo a 193, además, de disposiciones transitorias.
ERICK JUÁREZ: AGILIZAR RESOLUCIONES
El abogado Erick Juárez explicó que con la propuesta se pretende que los juicios en materia civil y mercantil se resuelvan en un plazo que no pase de 50 días, a la vez, asegurar que la averiguación de la verdad sea efectiva y real y «no constituya una referencia normativa o eminentemente técnica».
También se busca que sea accesible y pronta la ejecución de las sentencias y los títulos ejecutivos a través de distintos diseños que se incorporan, donde se reconozca un proceso administrativo de ejecución de las obligaciones, como ocurre en otros países.
«Además, se potencializa las condiciones de los notarios, de las funciones públicas, respecto a lo que normalmente se ha considerado como la judicialización complementaria, que es una carga de trabajo altamente ponderativa para los jueces, y esto permitiría desfogar el sistema de justicia civil, potencializa la solución pacífica de los conflictos y aborda los nuevos derechos y las nuevas sensibilidades en un mundo complejo, como son las acciones colectivas», puntualizó Juárez.
