La comisión de Asuntos Electorales del Congreso espera la iniciativa de ley que presentará el Tribunal Supremo Electoral (TSE) para actualizar la Ley Electoral y de Partidos Políticos. Entre los cambios que mencionan los diputados están las sanciones a los partidos políticos por incumplimiento de dicha legislación y la conformación del pleno electoral.
Actualmente, la legislación fija multas de entre US$500 a US$250 mil a las organizaciones políticas que incumplan la normativa, y en la mayoría de casos se han colocado sanciones por US$50 mil.
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Integrantes de dicha mesa de trabajo comentaron que uno de los temas a revisar es dicho monto, pues unos han propuesto que sea de 10 mil, lo que aún no se define si será en quetzales o dólares. La revisión del monto se debe a que si se queda el mismo monto «perjudica» a las agrupaciones políticas, pues no tendrían fondos para cancelar esa sanción.
La comisión legislativa ha postergado las reuniones hasta que se reciba la propuesta de ley y poder unificar las iniciativas de ley, que de acuerdo con el diputado José Quijada, hay proyectos que se tomarán en cuenta para integrar la propuesta que busca modificar la Ley Electoral.
Presentamos en conferencia de prensa del Consorcio para el fortalecimiento de la democracia, las propuestas a la Reformas a la #LEPP, para recuperar la confianza ciudadana en los partidos políticos, tomando en cuenta los desafíos que enfrenta el sistema político guatemalteco. pic.twitter.com/0hmcJ08Ac6
— Fundación Esquipulas (@FundaEsquipulas) April 9, 2024
MANTENER MONTOS
El Consorcio por el Fortalecimiento Democrático presentó su propuesta para modernizar la Ley Electoral, que en 2016 tuvo una reforma. Dicho colectivo lo conforman la Asociación de Investigación y Estudios Sociales (Asies), Caminemos, el Instituto Centroamericano de Estudios Políticos (INCEP) y la Fundación Esquipulas.
La recomendación del consorcio se enfoca en la modificación de estructura interna de los partidos políticos, promover una efectiva participación política, el empadronamiento de manera rápida, como la campaña política y la campaña electoral.
«Consideramos oportunas las sanciones en ese volumen dinerario para que sea una sanción que lastime pagarla porque es la única manera, lamentablemente, de que podemos rescatar la institucionalización de los partidos y el respeto a la ley. Vivimos en un país con altos niveles de corrupción, crimen organizado y narcotráfico, entonces eso no nos garantiza la procedencia de los fondos que maneja un partido político», explicó el delegado del INCEP, Rubén Hidalgo.
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Asimismo, indicó que si a través de los partidos políticos se nombra a personas para puestos de dirigencia nacional se debe garantizar que las agrupaciones políticas estén libres de señalamientos y tratar de asegurar que los recursos sean lícitos «y si no lo son y se llegan a comprobar me parece que las sanciones dinerarias de altos montos van acorde a desestimular esa práctica de los partidos políticos».
En cuanto a la participación de más profesionales para magistrados electorales, y no solo abogados y notarios, Hidalgo comentó que es pertinente que otras profesiones conformen el equipo, ya que daría nuevas perspectivas a la gestión del proceso electoral.
Hidalgo también se pronunció sobre el pago que reciben los partidos políticos por voto recibido, que es de US$2, pero que debe haber una responsabilidad y transparencia por las agrupaciones, ya que es un financiamiento público, que es una contribución de los ciudadanos y que se otorgan para la institucionalización y representación de los partidos en los municipios.
«Que a los comités cívicos se les dé el carácter permanente responde a la necesidad de invitar a los ciudadanos y den el paso de activarse políticamente con el fin de profundizar la institucionalidad política en el país, que es muy débil en la actualidad», ha puntualizado el experto.
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