Más de 120 diputados lograron consensos para aprobar la Ley de Certificación de Discapacidad que crea el sistema nacional que tendrá el control de personas que padecen de una deficiencia física, sensorial, intelectual o mental.
La iniciativa de ley pasó más de cinco años en espera y casualmente la bancada VAMOS pidió que se adelantara su aprobación en la plenaria del Congreso de la República, este jueves 29 de febrero. Por una promesa de la alianza oficialista, se había acordado aprobar antes de fin de mes dicha propuesta.
Aunque hubo consensos en avalar dicho proyecto, varios congresistas presentaron enmiendas de curul y lograron aprobar el decreto 6-2024.
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LEGISLACIÓN
La nueva legislación ordena el procedimiento para la certificación biopsicosocial de las personas, donde una junta evaluadora será la responsable de examinar y determinar si la persona acredita discapacidad, decisión que se basará en la clasificación internacional del funcionamiento de la discapacidad y de la salud, versión para la infancia y la adolescencia.
Aunque en la iniciativa se pretendía que el Ministerio de Salud fuera el rector del sistema nacional de certificación, con una enmienda se cambió y se crea el Consejo Nacional para la Atención de las Personas con Discapacidad (Conadi).
«Determinada la discapacidad, el Ministerio de Salud procederá al registro de la persona y a extender la certificación que acredite la discapacidad. Con la anuencia del interesado, deberá remitirse dicha información al Registro Nacional de la Personas (Renap) para que se registre la información biopsicosocial de la acreditación de la discapacidad en el Documento Personal de Identificación o en la inscripción de nacimiento correspondiente», se señaló.
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PREPARACIÓN DE LA LEGISLACIÓN
Los diputados fijaron un plazo de seis meses para que el Ministerio de Salud inicie el sistema de certificación biopsicosocial de las personas con discapacidad, esto con el objetivo de que se aplique la Ley de Certificación de Discapacidad.
Asimismo, dicha cartera tendrá que coordinar las operaciones presupuestarias para el financiamiento del sistema encargado de brindar el documento de discapacidad.
Aunque varios congresistas promovieron entregar un aporte económico no menor del 50 por ciento al salario mínimo no agrícola a las personas con discapacidad permanente absoluta, que no pueden valerse por sí mismas, de conformidad a lo certificado por la autoridad. Sin embargo, para el referido tema no se contó con el apoyo para su aprobación.
