Giro sustancial: PGN presenta antejuicio contra Consuelo Porras

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El titular de la Procuraduría General de la Nación (PGN), Julio Roberto Saavedra, y el Secretario General de la Presidencia, Juan Gerardo Guerrero, presentaron este jueves 29 de febrero una querella en contra de la Fiscal General, María Consuelo Porras, la cual se convierte en solicitud de retiro de antejuicio, por la posible comisión del delito de incumplimiento de deberes.

Dicha acción es encabezada por la PGN, entidad que tiene la función de defender los intereses del Estado de Guatemala, según las leyes vigentes

Con la misma, se busca que la Corte Suprema de Justicia (CSJ) inicie el trámite para despojar a la jefa del Ministerio Público (MP) de su inmunidad por haberse negado a participar en la citación que el presidente, Bernardo Arévalo, le hizo para el pasado 29 de enero.

 

María Consuelo Porras, Fiscal General.
María Consuelo Porras, Fiscal General. Foto La Hora / MP

En ese caso, la Constitución Política de la República de Guatemala establece que el expediente deberá ser remitido al Congreso de la República, para que allí se forme una comisión pesquisidora que conozca de la solicitud y emita una recomendación al Pleno, en donde se definirá si se retira la protección a Porras o no.

El antejuicio fue presentado en Gestión Penal del edificio de la Torre de Tribunales, luego de que Arévalo, antes de tomar posesión al frente del Ejecutivo, denunciara un intento de «Golpe de Estado» a manos de Porras y un grupo de funcionarios, con el objetivo de que no asumiera su mandato el pasado 14 de enero.

 

 

ARGUMENTOS DE LA ACCIÓN

Saavedra explicó que la acción legal contra Porras se generó ante su negativa de atender la convocatoria que le hizo el Presidente de la República, para participar en la junta de Gabinete del pasado 29 de enero.

«Como se recordarán, la intención expresada en esa invitación fue coordinar políticas del Estado y acciones en temas que son fundamentales, en el esfuerzo que persigue actualmente el Estado de Guatemala para abatir la impunidad, combatir la corrupción y garantizar el respeto a los derechos humanos», destacó el jefe de la PGN.

Agregó que la presencia de la jefa de la Fiscalía: «se consideró necesaria para que participase en la deliberación de esos temas de Estado que permitan mejorar las acciones del Gobierno conjunto con el Ministerio Público».

También destacó que: «el artículo 4 de la Ley Orgánica del Ministerio Público establece, y acá cito, ‘el presidente de la República podrá invitar al Fiscal General para que participe en cualquier junta'».

En tanto, Guerrero expresó que desde el Organismo Ejecutivo se están haciendo acciones «minuciosas» para «reencausar el Estado de Derecho que tanto le hace falta al Ministerio Público».

«Quiero recalcar que esta va a ser una de varias acciones que se va a estar emprendiendo por parte del Ejecutivo en contra de todos aquellos actores corruptos, aquellos actores que están en contra del Estado de Derecho, aquellos actores que están actuando fuera del marco de la legalidad y del Estado de Derecho», destacó el secretario general de la Presidencia.

 

DEBER DE FUNCIONARIOS

Saavedra explicó que la acción legal que se emprendió en contra de la Fiscal General tiene como objetivo evitar que cualquier funcionario pueda actuar en contra del Estado de Derecho.

«No podemos nosotros considerar que por las prácticas para mantener ese estado de legalidad, que lo que hace es evadir el sometimiento al Estado de Derecho, nosotros vengamos aquí a dar un paso atrás. Al contrario, estamos aquí para defender los intereses del Estado de Guatemala y para buscar justicia, y para buscar que estos funcionarios públicos, y cualquier funcionario público, sea sometido al Estado de Derecho», afirmó.

El titular de la PGN agregó que se espera que se se le dé el trámite correspondiente a lo solicitado, porque: «se trata de un cumplimiento estricto de las leyes y de no dejarnos sorprender por formas y por estados de legalidad aparentes, que en realidad lo que han hecho es eludir el Estado de Derecho. Me refiero a cualquier institución que pueda estar actuando en un estado de legalidad y que eluda el Estado de Derecho», detalló.