A pesar de que varios diputados en la plenaria de este martes pidieron aprobar la exoneración de impuestos a la Fundación Ayúdame a Vivir (Ayuvi), la iniciativa pasó alrededor de 20 meses archivada por la alianza que lideró VAMOS.
La fundación que atiende a pacientes con cáncer pediátrico ha sido reconocida por su labor en el país, por lo que el Decreto 1-2024, permitirá la exención del pago del Impuesto al Valor Agregado (IVA) y los Derechos Arancelarios a la Importación de equipo tecnológico y médico, medicamentos y donaciones de bienes que se atienden en la Unidad Nacional de Oncología Pediátrica.
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El beneficio de no pagar impuestos será por 10 años a partir de que se publique el Decreto en el Diario Oficial. No obstante, se hace la advertencia que no podrán comercializar los bienes, materiales y equipos que gocen de la exoneración, como las donaciones.
«Es una demostración que cuando hay temas de interés de país, y más para las clases vulnerables, los diputados de esta Décima Legislatura nos unimos y respondemos. Esperamos que sigamos con esa motivación, con esa convicción de identificar”, afirmó Nery Ramos, presidente del Congreso.
La iniciativa se presentó a finales de marzo de 2022 y aunque fue dictaminada un mes después, los diputados de VAMOS y VALOR no le dieron prioridad, sino que hasta ahora «abogaron» para atender a pacientes con esa enfermedad.
ESCUCHARÁN A MINISTRO DE FINANZAS
Con una diferencia de comportamiento, ahora los diputados de VAMOS, VALOR, Unionista y TODOS «muestran» interés para atender temas sociales, en la sesión de este miércoles avanzaron en primer debate las reformas a la Ley de Clases Pasivas Civiles del Estado.
La propuesta de ley también ha sido retardada por más de cuatro años durante la administración de Allan Rodríguez y Shirley Rivera.
Este miércoles, la junta directiva realizará una reunión de instancia de bloques extraordinaria donde se invitó al ministro de Finanzas, Jonathan Menkos, para que explique de qué rubros pueden obtener financiamiento para cumplir con el aumento del pago de pensiones.
Ramos agregó que debe ser un trabajo coordinado entre el Ejecutivo y el Legislativo, para no ser irresponsables de avalar una carga financiera al Estado de Guatemala, si no se ha identificado la viabilidad financiera.
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