Los bloques legislativos que apoyaron la Junta Directiva (JD) del Congreso de la República, que lidera Nery Ramos, acordaron avalar reformas a ciertas leyes, entre ellas la que rige a la Policía Nacional Civil (PNC), y en la que uno de los ponentes será el propio presidente del Organismo Legislativo.
Asimismo, el diputado Samuel Pérez aseguró que se mantiene el acuerdo para actualizar la Ley de Servicio Civil, la cual no ha tenido una modernización desde 1978. Para dicha propuesta se instalará una mesa de trabajo.
Los cambios a dicho decreto han sido una demanda de sectores sociales y analistas, que promueven la meritocracia y evitar el pago de favores en cada gobierno.
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Otro de los proyectos que impulsará la alianza oficialista en el Congreso es el cambio a la Ley de Cooperativas, por medio de la cual buscan facilitar el acceso a créditos a esos negocios. Dicha normativa se ha mantenido sin cambios desde 1978.
Ramos, como presidente del Congreso, no descartó que otro de los cambios que se sumen a la discusión es a la Ley Orgánica del Organismo Legislativo, por el debate sobre diputados independientes. Además de la reforma a la Ley contra la Delincuencia Organizada, que fue la que utilizó el juez Fredy Orellana para suspender provisionalmente a Semilla, partido que gobierna.
TEMAS DE DEBATE
El plan de la alianza por la «gobernabilidad» es ambicioso, porque entre las reformas que buscan aprobar en el primer año de la Décima Legislatura se contempla la Ley Electoral y de Partidos Políticos (LEPP). La discusión sobre esos cambios se centrará sobre el transfuguismo, el cual fue prohibido en 2016, y que busca castigar a los diputados que logran una curul por un partido, pero que luego se cambiaron de agrupación.
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También los congresistas buscarán reactivar el bloqueo de la señal de teléfono en las cárceles, pues en 2016 la Corte de Constitucionalidad (CC) derogó la normativa de Control de las Telecomunicaciones Móviles en Centros de Privación de Libertad y Fortalecimiento de la Infraestructura para Transmisión de Datos, que se aprobó en 2014.
El interés de revivir esa legislación es para reducir las extorsiones que se originan desde esos lugares; sin embargo, personas que residen cerca de las prisiones han denunciado que los bloqueadores los afectan a ellos y no a los reos.
