Luego de elección de la Junta Directiva del Congreso, que será presidida por el diputado Samuel Pérez de Semilla, los bloques VALOR y VAMOS accionaron ante la Corte de Constitucionalidad al cuestionar su conformación, en ese orden el abogado constitucionalista Edgar Ortíz, ofrece una explicación sobre la situación legal.
La planilla con 92 votos consiguió que Samuel Pérez, de Semilla, presida el Congreso en el primer año de la Décima Legislatura, pero la diputada Sandra Jovel de VALOR y otra organización presentaron amparos en la Corte de Constitucionalidad (CC) para intentar la repetición de las nuevas autoridades del Legislativo.
Ortiz recordó que, aunque hay una suspensión con el argumento de la Ley contra la Delincuencia Organizada, es necesario analizar los efectos jurídicos.
«Bajo la Ley Electora y de Partidos Políticos, la suspensión afecta solo los derechos del partido, pero la entidad legal subsiste. Es decir, aún con un partido suspendido bajo la LEPP, sus diputados siguen siendo miembros del mismo. No debería ser distinto esta vez«, explicó el abogado.
1/ 🏛️ Ayer, el Congreso eligió su Junta Directiva (JD), liderada por el diputado de Semilla, Samuel Pérez. Tras esto, la planilla perdedora solicitó un amparo ante la CC, alegando ilegalidad en la JD. Examinemos si esto es cierto y qué consecuencias podrían surgir.…
— Edgar Ortiz Romero (@edgar_ortizgt) January 16, 2024
También indicó que la decisión de «desconocer» a Semilla proviene de la «interpretación» de la Comisión Pesquisidora, que lideró Shirley Rivera, de la Novena Legislatura y la comisión que evaluó las credenciales de los nuevos diputados.
Para Ortiz ni la Comisión Permanente, ni la comisión multipartidaria que califica credenciales tiene facultad para desconocer a Semilla. «A pesar de ello, la legislatura aprobó el acuerdo 1-2024, que juramentó a los diputados electos en esos términos».
Julio Héctor Estrada se suma a señalamientos contra Congreso por integración de JD
ASUMEN A DISPOSICIÓN DE LA ANTERIOR LEGISLATURA
La tarde el 14 de enero, los integrantes de la bancada Semilla asumieron como independientes, a criterio del exdiputado Javier Hernández, Douglas Rivero y Manuel Conde.
Además, en la juramentación no se dejó tomar posesión al diputado de CABAL, Julio Héctor Estrada, y se conoció la expulsión de los diputados Adim Maldonado y José Inés Castillo del partido Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), pero no conocieron la separación del diputado de VAMOS, Sergio Arana.
Ortiz agregó que en la nueva legislatura modificó el acuerdo 1-2024, reconociendo a los diputados de Semilla como miembros del bloque y restauró el estatus de Maldonado y Castillo, además dieron posesión a Estrada.
«El amparo de Sandra Jovel busca suspender la elección de la JD y su repetición. Su argumento se basa en los artículos 47 y 50 de la Ley Orgánica del Organismo Legislativo, que restringen la integración de planillas por diputados independientes«.
El abogado indicó que la Corte debe abordar dos cuestiones clave, primero «¿fue legal que la Comisión Permanente y la comisión multipartidaria desconocieran el bloque Semilla? ¿No tiene el pleno del Congreso autoridad soberana para revertir tal decisión?» El pleno es la máxima autoridad del Congreso y fue quien decidió restaurar el estatus legal de los previamente independientes.
ARGUMENTO DE LA EXCANCILLER
Algunos diputados recuerdan el precedente de la CC de 2018, y que Ortiz mencionó que es el argumento con el que Sandra Jovel busca revertir la elección.
«Este escenario es distinto al actual, donde la discusión gira en torno a la validez de reconocer a diputados de un bloque suspendido, no a renuncias individuales. La decisión de la Corte será crucial. No solo resolverá la cuestión inmediata sobre la legalidad de la elección de la JD, sino que también podría influir en futuras interpretaciones de la Ley Orgánica del Organismo Legislativo y en la autonomía del pleno del Congreso«, enfatizó Ortiz.
Por último, el abogado señaló que su interpretación es que la suspensión de Semilla (cuestionable) no extingue su existencia legal. La Comisión Permanente y la comisión de credenciales no pueden decidir al respecto. El pleno, en su autonomía, tiene la facultad para rectificar como lo hizo. Y queda esperar la valoración de la Corte.
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