Javier Zepeda, director ejecutivo de la CIG. Foto La Hora

POR MARGARITA GIRÓN
jgiron@lahora.com.gt

La Cámara de Industria de Guatemala (CIG) se pronunció esta mañana, respecto a la resolución de la Corte de Constitucionalidad que otorgara ayer un amparo provisional que dejó en suspenso la resolución de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) de darle trámite a una solicitud de retiro de antejuicio en contra de cuatro magistrados de la CC. La CIG señaló que, en Guatemala, la Ley establece claramente que todos los funcionarios públicos son responsables de sus resoluciones, se encuentran sujetos a la ley, no son superiores a ellas y pueden ser sometidos a los tribunales.

En tal sentido, La Hora consultó a la CIG, sobre lo consignado en el Artículo 167 de la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad, en donde se establece que, los Magistrados de la Corte de Constitucionalidad ejercerán sus funciones independientemente del órgano o entidad que los designó y conforme a los principios de imparcialidad y dignidad inherentes a su investidura. No podrán ser perseguidos por las opiniones expresadas en el ejercicio de su cargo.

El director ejecutivo de la Cámara de Industria de Guatemala (CIG), Javier Zepeda, señaló que el Artículo 167 de la ley de Amparo, es «muy claro», al referirse a las opiniones expresadas y no las resoluciones. Aclaró que, son dos temas distintos porque la opinión puede ser una forma de respaldar una resolución, pero no es la resolución como tal.

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«De lo contrario, mejor que solo exista la CC y nada más, porque todo lo demás no vale y qué pasa si una resolución es ilegal, debe existir un mecanismo de control», señaló Zepeda.

CÁMARA DEL AGRO TAMBIÉN SE ADHIERE A POSTURA DE SECTOR EMPRESARIAL

Sumado a las posturas ya emitidas por la CIG y el Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (Cacif), la Cámara del Agro de Guatemala (Camagro), a través de un comunicado señaló que, los funcionarios deben actuar conforme a sus funciones en estricto apego a la Constitucionalidad y la Ley.


“El reciente fallo emitido por la CC, vulnera gravemente el Estado de Derecho; por lo que además de respaldar el pronunciamiento del sector privado organizados, manifestamos que la imparcialidad es un estándar, no solo ético, sino un aspecto esencial y obligatorio para que todo juez o magistrado, incluidos los que integran el tribunal institucional. Un juez o magistrado no puede conocer sobre un asunto donde tenga interés directo o donde él mismo sea el beneficiario de una resolución que suscribe”, enfatiza la Camagro.

Además, señalan que, como toda República democrática, no hay poder que esté exento de responsabilidad, cuentadancia o control jurídico, ya que “nadie es superior a la Ley”.

Asimismo, manifiestan que, los controles entre órganos constitucionales deben realizarse con apego a la Constitución Política de la República y con respecto al debido proceso el derecho de defensa.

“Exigimos a todas las autoridades cumplir con sus funciones en estricto apego a la Constitución y a la Ley”, resalta la Camagro.

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