Por Margarita Girón
jgiron@lahora.com.gt
En una carta enviada al Secretario Encargado de Seguridad Nacional Chad Wolf, el Centro de Estudios de Género y Refugiados, en conjunto con ASISTA, el Asian Pacific Institute on Gender-Based Violence, Tahirih Justice Center, y más de 180 organizaciones, hicieron un llamado al gobierno de Donald Trump para que rescinda su política de retornar a los solicitantes de asilo en la frontera, y agregan que, esta práctica pone en particular riesgo a las sobrevivientes de violencia doméstica y sexual.
Según describen, a la fecha, a través de esta política más de 7 mil solicitantes de asilo han sido expulsados sin ningún tipo de garantías legales.
“La actual crisis del COVID-19 solo aumenta las barreras que enfrentan las sobrevivientes de violencia de género al buscar asilo en los Estados Unidos,” escriben las organizaciones.
Agregan que, las órdenes de cuarentena han llevado a un aumento en casos de violencia doméstica a nivel mundial durante las últimas semanas.
“En los últimos años, el Departamento de Justicia prácticamente le ha cerrado las puertas a las mujeres que buscan asilo luego de sufrir persecución por parte de sus parejas (…)El Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) y los Centros de Control y Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) ahora han aludido a la pandemia como justificación para cerrarle las fronteras por completo a los solicitantes de asilo”, destaca el documento.
Detallan que, si no se toman precauciones razonables en la frontera para proteger tanto la salud la salud pública como a los refugiados, y en cambio continúan cerrándole las puertas a los más vulnerables, le fallarán a quienes acuden a ellos para recibir protección.
“Incumpliremos nuestras obligaciones nacionales e internacionales, y desconoceremos nuestras propias tradiciones,” dicen los grupos.
Asimismo, urgen al DHS que rescinda de esa política y la remplace con medidas específicas, razonables y proporcionales para proteger la salud pública y garantizar que las mujeres, los niños y niñas que huyen de la violencia doméstica, y otros refugiados, no sean retornados al peligro del que huyeron.
“Cerrarle las fronteras a los solicitantes de asilo desconoce los principios de salud pública y las obligaciones no derogables que hemos adquirido a través de tratados internacionales. Manifestamos nuestra profunda preocupación con esta nueva política que pondrá en especial peligro a las sobrevivientes de violencia doméstica y sexual”, se lee en la misiva.
Las organizaciones manifiestan que, la posición del DHS es que la travesía de los solicitantes de asilo no es un “viaje esencial”. Sin embargo, los solicitantes de asilo no solo tienen razones poderosas para requerir el ingreso al país, sino que su derecho a solicitar protección se encuentra garantizado en las leyes de los Estados unidos.
“Debido a que muchos países actualmente han ordenado cuarentenas y que viajar internacionalmente se ha vuelto extremadamente difícil, es muy poco probable que durante esta pandemia un número grande de mujeres, niños y niñas que sufren de violencia doméstica logren realizar la travesía hasta nuestra frontera sur. Sin embargo, nos preocupa que aquellas que busquen asilo en la frontera sur estén siendo expulsadas rápidamente sin ningún tiempo de procedimientos legales”, puntualiza la carta.
Agregan que, una preocupación adicional es que los niños y niñas que viajan sin compañía deberían beneficiarse de las disposiciones contenidas en la Ley para las Víctimas de estar exentos de la nueva política que excluye a los solicitantes de asilo.
“Existen reportes creíbles que indican que ellos también están siendo expulsados, lo que provocó que líderes en el congreso le pidieran detener dicha práctica de manera inmediata. Le solicitamos que responda de manera oportuna a dichas solicitudes”, enfatizan las organizaciones.
También, destacan que apoyan de manera total la adopción de todas las medidas necesarias para reducir la transmisión del COVID-19. Sin embargo, consideran que, las restricciones en la frontera pueden ser manejadas de manera que se protejan tanto la salud pública como los derechos humanos y estándares para la protección de refugiados, incluyendo el derecho de no devolución.
“Somos conscientes que, si no implementamos precauciones razonables en la frontera para proteger tanto la salud la salud pública como a los refugiados, y en cambio continuamos cerrándole las puertas a los más vulnerables, le fallaremos a quienes acuden a nosotros para recibir protección, incumpliremos nuestras obligaciones nacionales e internacionales, y desconoceremos nuestras propias tradiciones”, refieren.
Asimismo, indican que es importante rescindir de esta “desastrosa política”, que debe ser reemplazada con medidas específicas, razonables y proporcionales para proteger la salud pública y garantizar que las mujeres, los niños y niñas que huyen de la violencia doméstica, y otros refugiados, no sean retornados al peligro del que huyeron.
Algunas de las organizaciones que firman la carta son: Association of Deportation Defense Attorneys; Alianza Americas; Center for Justice and International Law (CEJIL); Catholic Charities of Orange County; Human Rights Watch; Oxfam America; Washington Office on Latin America (WOLA); Young Democrats of America Hispanic Caucus, entre otras.
LEA: GT PEDIRÁ A EE.UU. CERTIFICADO QUE DEPORTADOS NO TIENEN COVID-19
EN GUATEMALA, REITERAN MENSAJE DE “NO MIGRAR”
En las redes sociales de la Embajada Americana, publicó hoy un mensaje en el que afirman que, las personas que intenten ingresar ilegalmente a Estados Unidos serán deportadas inmediatamente.
“La frontera sur de EE. UU. está cerrada y las personas que intenten ingresar ilegalmente serán deportadas inmediatamente. La actual pandemia global de #COVID19 ha restringido aún más el acceso al país”, se lee en el mensaje.
