Autoridades de los 48 Cantones de Totonicapán y de la Alcaldía Indígena de Sololá se reunieron con funcionarios de la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH), Ministerio de Gobernación (Mingob) y Policía Nacional Civil (PNC).

Autoridades Indígenas indicaron que volverían a manifestar en las calles si son retirados del edificio central del Ministerio Público (MP), ubicado en el barrio Gerona, en la zona 1 capitalina. Esto, tras una reunión que sostuvieron este martes 14 de noviembre con funcionarios de la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH), Ministerio de Gobernación (Mingob) y Policía Nacional Civil (PNC).

En dicha junta, representantes de la cartera del Interior y de la oficina del magistrado de Conciencia propusieron que se amplíe el área de acceso a la Fiscalía. Sin embargo, las Autoridades Indígenas no están de acuerdo con esa petición.

“Si no podemos estar en las afueras del MP, pues regresaremos a las calles”, dijo Edgar Benjamín Tuy, síndico de la municipalidad indígena de Sololá.

 

Agregó que la solicitud que les hicieron en la reunión les tomó por sorpresa, y afirma que el paso está habilitado y que no se le está negando la locomoción a ninguna persona. «Estamos utilizando menos de la mitad de la calle», agregó.

ANALIZARÁN PETICIÓN

Al finalizar la junta, Tuy indicó que se analizará solicitud que les fue hecha por el Mingob y al PDH, y que la respuesta la darán en un mes, cuando se vuelvan a reunir.

Se estableció que se daría participación a otras organizaciones indígenas, para que den sus opiniones.

MANIFESTACIONES

Este martes 14 de noviembre suman 44 días de manifestaciones ciudadanas. Las muestras de rechazo a las acciones que efectúa el MP en contra del Tribunal Supremo Electoral (TSE) y el suspendido de forma temporal partido político Movimiento Semilla iniciaron el pasado 2 de octubre.

Miles de guatemaltecos han participado en las protestas, en las cuales se exige la renuncia de la Fiscal General, María Consuelo Porras; del jefe de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI), Rafael Curruchiche; de la fiscal regional Cinthia Monterroso y del juez Fredy Orellana.

 

Todos son señalados de efectuar acciones antidemocráticas en contra del proceso electoral.

El origen de las manifestaciones fue el secuestro de las actas electorales 4 y 8 originales de la primera ronda de las votaciones, efectuadas el pasado 25 de junio.

El diálogo es una de las mejores maneras de llegar a acuerdos, pero las manifestaciones seguirán, eso expresan los representantes de las autoridades indígenas.

Gilberto Escobar
Periodista curioso, contador de historias invisibles. Creo en el periodismo riguroso y comprometido.
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