Una nueva oportunidad para el oficialismo de introducir a sus perfiles afines en las instituciones estatales se baraja en el Comité Olímpico Guatemalteco (COG), luego que la Corte de Constitucionalidad (CC), afín al oficialismo, suspendiera provisionalmente sus estatutos. Este panorama abre la puerta a Jorge Alexander Rodas Hurtarte, quien cuenta con la “venia” del presidente Alejandro Giammattei, de acuerdo con el medio deportivo ESPN.
Las nuevas autoridades del COG y la Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala (CDAG) debieron tomar posesión en diciembre de 2021, pero una serie de recursos ha mantenido en impasse el proceso.
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Este 4 de agosto la CC resolvió el recurso a favor del Tribunal Electoral del Deporte Federado (Tedefe), al suspender de forma provisional los estatutos del COG aprobados por el Comité Olímpico Internacional (COI), así como la Carta Olímpica. Con dicho fallo quedó en suspenso la reelección de la actual presidencia a cargo de Gerardo Aguirre.
COG: UNA INSTITUCIÓN APETECIBLE
El COG recibe una asignación presupuestaria constitucional, que este año es de Q111 millones 912 mil 400.
De acuerdo con el politólogo Jeffry Oquelí, el fallo de la CC es como una primera razón para querer ejercer un control político sobre la institución.
Además, considera que el interés político no es el único aspecto en juego, pues el COG está afiliado al Comité Olímpico Internacional (COI), cuyas reglas y estatutos deben ser respetados por sus miembros.
Oquelí recordó que en este marco el COI advirtió que la elección en el COG “debe estar libre de cualquier interferencia con relación a su gobernanza interna y su funcionamiento de acuerdo al principio de la autonomía del Movimiento Olímpico y de la Carta Olímpica”.
En este caso, el politólogo agregó que la interferencia se materializa con la resolución de la CC que favorece a una planilla afín al gobierno de turno. La desafiliación del Comité implicaría que las delegaciones de los atletas guatemaltecos no tengan participación ni competencia internacional dentro del ciclo olímpico, advirtió.
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“Al momento en donde estas instituciones se convierten en objetos de captura y cooptación por parte de cualquier actor externo al deporte en sí, en este caso la maquinaria del sistema y el estatus quo, hace que las instituciones dejen de funcionar. Esto va en detrimento del fomento del deporte de alto rendimiento y los resultados que debería tener”, puntualizó.
OTRA INSTITUCIÓN QUE SE SUMA A LA CADENA
Pero esta no es la única institución que ha sido susceptible a la cooptación del oficialismo, tal como se ha documentado en este y otros medios de comunicación del país.
Entre estas destacan el Ministerio Público (MP) con la reelección de María Consuelo Porras Argueta; la elección de Héctor Hugo Pérez Aguilera como magistrado titular de la CC por la Universidad de San Carlos de Guatemala (Usac), con quien se completaron los cinco magistrados titulares y varios suplentes al frente de esa alta corte.
También la imposición de Walter Mazariegos como rector de la Usac; y las designaciones de Wuelmer Ubener Gómez González como procurador General de la Nación y José Alejandro Córdova Herrera para procurador de los Derechos Humanos.
A estas se suma la mayoría de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, así como la Contraloría General de Cuentas.
REYES: ESTÁN CONTRA TODA DISIDENCIA
Para Luis Miguel Reyes, de la Fundación Libertad y Desarrollo, existe un esfuerzo evidente por no permitir ningún tipo de disidencia tanto operativa como de opinión en las distintas instituciones del Estado, incluso aquellas que son autónomas, como el MP.
“Ahora es mucho más claro en otras como el Tribunal Supremo Electoral, el MP y todo eso responde al esfuerzo por dar marcha atrás con los procesos de lucha contra la corrupción. Todo lo que estamos viendo alrededor de casos en contra de operadores de justicia y periodistas son la muestra de que esos esfuerzos por controlar las instituciones del estado están dando frutos”, opinó.
En los próximos meses también deberá definirse al titular de la Contraloría General de Cuentas.
La función del Contralor generalmente se asocia con la fiscalización de las entidades gubernamentales, autónomas, descentralizadas y municipales, pero este puesto cobra mayor relevancia durante el periodo preelectoral, pues es la entidad que extiende la constancia transitoria de inexistencia de reclamación de cargos, conocido popularmente como “finiquito”. El documento es un requisito para todo ciudadano que busque ocupar la silla presidencial.
Este es el segundo esfuerzo que Reyes identificó para ejercer control sobre las instituciones del país. “Si bien no hay una sola fuerza que logre controlar todas las variables para hacer un proceso electoral a su medida, sí pueden controlar ciertos espacios que tienen influencia sobre el proceso electoral. Con la Contraloría es evidente que lo que quieren es tener control de los finiquitos para poder de cierta forma bloquear ciertas candidaturas”, agregó.
