Para Juan Carlos Zapata, director ejecutivo de la Fundación para el Desarrollo de Guatemala (Fundesa), la resolución adoptada por el Parlamento Europeo, que cuestiona las acciones de entidades de justicia y seguridad en Guatemala contra fiscales, abogados, magistrados, jueces y periodistas representa una postura que considera “políticamente parcializada”.
Zapata, consultado por La Hora, mencionó que lo aprobado por los eurodiputados es “totalmente contradictorio y fuera de cualquier informe técnico, que no toma en cuenta los grandes avances en cuanto a una agenda clara de crecimiento económico y generación de oportunidades en el país (incluyendo la visita reciente de los propios inversionistas españoles)”.
Añadió que la postura está «fuera de realidad» e ignora que los desafíos en materia institucional «que son parte de una agenda de mediano y largo plazo, como hemos visto en los indicadores internacionales”.
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— Diario La Hora (@lahoragt) April 8, 2022
VE RIESGO EN LA PROMOCIÓN DE POLÍTICAS
Además, aseguró que “como lo ha establecido las Naciones Unidas, los objetivos de desarrollo sostenible y la agenda de fortalecimiento de los derechos humanos deben ser vistos de manera integral, con lo cual vemos que estas opiniones se prestan a agendas políticas que en nada contribuyen a los objetivos de mayor desarrollo en los países, y que son promovidos en el Parlamento con poca seriedad”.
Además, que “con el objetivo de utilizar a Guatemala para promover sus propias agendas políticas y que no se apega a la realidad, carecen completamente de estudios o sustento formal, por lo que pierden seriedad”.
¿QUÉ DIJO EL PARLAMENTO EUROPEO?
El Parlamento Europeo y varios de sus integrantes se pronunciaron el jueves último respecto a la situación de Guatemala, centrándose en las acciones que ha emprendido el Ministerio Público, dirigido por la Fiscal General María Consuelo Porras contra fiscales, exfiscales, jueces, magistrados y abogados, entre otros.
En ese sentido, adoptaron una resolución sobre la situación de los Derechos Humanos por “el deterioro del Estado de Derecho en Guatemala y las acciones judiciales iniciadas por la Corte Suprema de Justicia y el Ministerio Público contra jueces, abogados y fiscales independientes que investigan estructuras criminales vinculadas a altos funcionarios del Estado y empresarios”.
Posterior a que se divulgará dicha medida, el Gobierno de Guatemala expresó «su total rechazo» a la resolución del Parlamento Europeo, pues “no abarca todas las posturas que resaltaron el trabajo hecho en el combate a la corrupción”.
La diputada al Parlamento Europeo, Izaskun Bilbao, advierte cómo las amenazas a la independencia judicial y la libertad de expresión, entre otros elementos conducen a Guatemala hacia una dictadura.
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