La inclusión de US$61.5 millones destinados a la lucha anticorrupción en Centroamérica fue una de las nuevas contribuciones para la región, anunciadas por la congresista de origen guatemalteco Norma J. Torres.
Además del fondo, Torres informó la aprobación de otras disposiciones políticas entre EE. UU. y Centroamérica orientadas a la protección de los derechos humanos y la defensa de las instituciones democráticas y el Estado de Derecho.
De acuerdo con la información compartida por la funcionaria estadounidense, estas decisiones fueron incluidas en el proyecto de ley ómnibus de financiamiento gubernamental que aprobó el 10 de marzo la Cámara de Representantes de Estados Unidos.
FINANCIAMIENTO ANTICORRUPCIÓN
Como miembro del Comité de Asignaciones, la congresista Torres incluyó entre las mociones un fondo “no menor a US$61,500,000 para apoyar a las entidades y actividades de lucha contra la corrupción y la impunidad” en los países centroamericanos.
El acta se detalla que parte de estos US$61.5 serán destinados a las fiscalías, entre las cuales Torres enfatizó la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI) en Guatemala y la Unidad Fiscal Especializada Contra Redes de Corrupción (Uferco) en Honduras.
Entre otras cuestiones se contempló el aumento de US$45 millones incluidos en el proyecto de ley del año fiscal 2021 y “la eliminación de todo financiamiento militar extranjero para El Salvador, Guatemala y Honduras”.
#LHResumenSemanal Tras la postulación de Consuelo Porras, se han generado diversas declaraciones entorno a su labor, unas a favor, pero también en contra.
Aquí las declaraciones ? https://t.co/silbPW13ze pic.twitter.com/mCXHxKp9hu
— Diario La Hora (@lahoragt) March 12, 2022
AYUDA A LA PROTECCIÓN DE NIÑEZ Y MUJERES
Además de lo anterior, Torres informó el aporte de US$70 millones para programas destinados a la reducción de la violencia contra las mujeres y las niñas, incluidos US$15 millones que pueden utilizarse para pactos bilaterales de seguridad para las mujeres, niñas y niños en El Salvador, Guatemala y Honduras.
Esta disposición se basa en el proyecto de ley de Torres, la Ley Centroamericana de Protección de la Mujer y el Niño. Específicamente se prevé erradicar el abuso sexual, tráfico de personas, abuso y violencia infantil, negligencia en la crianza de los menores de edad, así como garantizar la rendición de cuentas de los abusadores.
En el año fiscal 2021 se destinaron US$25 millones para programas en el Triángulo Norte orientados a la protección de estos grupos vulnerables.
LIMITACIONES PARA GOBIERNOS ANTIDEMOCRÁTICOS
Por otro lado, el acta señala que para forzar el 60% del subsidio económico para Guatemala, Honduras y El Salvador el Secretario de Estado debe certificar ante el Comité de Apropiación que tales gobiernos:
– Amplíen programas para fortalecer el Estado de Derecho.
– Protejan los derechos humanos de activistas, periodistas y demás miembros de la sociedad civil.
– Implementen políticas para reducir la pobreza y promover el crecimiento económico; y
– Mejoren la seguridad en las fronteras y combatir el tráfico ilícito de personas.
“Si el Secretario no puede realizar la certificación requerida (…) para uno o más de los gobiernos centrales, dicha asistencia será reprogramada para la asistencia a las organizaciones de la sociedad civil en dicho país”, amplía el proyecto.
