Cambios sustanciales en los órganos de justicia en Guatemala y posicionamiento adrede de actores en espacios de decisiones trascendentales han despertado el llamado de alerta del Centro contra la Corrupción y la Impunidad en el norte de Centroamérica (CCINOC), quien describió que las últimas decisiones en Guatemala podrían dar lugar a un gobierno dictatorial.
RETROCESOS DEMOCRÁTICOS
Como en ocasiones anteriores, el CCINOC reiteró su preocupación por los retrocesos democráticos y las amenazas al Estado de Derecho democrático y constitucional en Guatemala.
De acuerdo con la organización, actualmente existe una tendencia regresiva en el Norte de Centroamérica, lo cual arrecia el temor “de que se dé paso a gobiernos dictatoriales de corte autoritario”.
“Durante los últimos cuatro años, Guatemala ha experimentado retrocesos importantes en el funcionamiento de las instituciones vinculadas al sector justicia e incluso un claro proceso de captura. Puestos clave están siendo ocupados por personajes que responden a estamentos de poder antidemocrático y corrupto”, contextualizó el CCINOC.
Por medio de un comunicado, @ccinocoficial expresa su preocupación por la persecución y criminalización de jueces y fiscales en GT. Asimismo, hacen un llamado a la comunidad internacional a reforzar su acompañamiento en el país. https://t.co/DJwxI7mkWX
— Diario La Hora (@lahoragt) February 23, 2022
LOS EFECTOS DE LAS MANIOBRAS
El análisis del CCINOC enfatizó que órganos encargados de procurar y administrar justicia penal en Guatemala se encuentran bajo acoso de las fuerzas que favorecen la corrupción, con el propósito de lograr impunidad en los casos bajo investigación y para quienes están sujetos a proceso penal.
“Estas redes proimpunidad han capturado posiciones determinantes en la toma de decisiones jurisdiccionales y mantienen el sistema democrático y constitucional en grave riesgo de daño irreparable”, distinguieron.
Asimismo, comentaron que se han elaborado maniobras “burdas” para someter a procesos penales a jueces y juezas independientes que han mantenido posiciones a favor de la justicia y no se han prestado a la manipulación de las estructuras políticas y criminales.
Este mismo contexto, según el Centro, aplica para los y las fiscales e investigadores del Ministerio Público (MP) responsables de casos sobre hechos graves de corrupción, quienes son víctimas de acoso selectivo y criminalización.
#PORTADADEHOY Jueces: Molina Barreto del 2014 versus Molina Barreto del 2022 ? [https://t.co/1vNu73OqiS] pic.twitter.com/KgNXMB3UYB
— Diario La Hora (@lahoragt) February 23, 2022
“Este acoso a jueces y fiscales es parte de una estrategia para desarticular los remanentes de probidad y decencia en el ejercicio de la función pública en el sector justicia guatemalteco, lo que pone en grave peligro el sistema y la recuperación de la confianza de la ciudadanía en sus instituciones”, sostuvo.
UN LLAMADO DE ALERTA A LA CIUDADANÍA
Las características anteriormente descritas, son a criterio del CCINOC motivo suficiente para alertar a la población guatemalteca y centroamericana.
En ese sentido, instó a la ciudadanía organizada a actuar con decisión para enfrentar esta crisis y a ejercer su derecho de acción contra infractores de los derechos humanos y legitimidad de resistencia, establecido en el artículo 45 de la Constitución Política de la República de Guatemala.
“La mayoría ciudadana debe oponerse activamente al avance de esa tendencia amenazadora contra el Estado guatemalteco y su democracia”, instaron.
Por otro lado, se extendió el llamado a la comunidad internacional a redoblar su vigilancia, mantenerse atenta al desarrollo de estos acontecimientos y dar acompañamiento al pueblo guatemalteco y sus organizaciones en su lucha por la preservación de la justicia.
También describió que la comunidad extranjera puede colaborar en respaldar y proteger a los operadores de justicia en riesgo.
SOBRE EL CENTRO
El Centro Contra la Corrupción y la Impunidad en el Norte de Centroamérica está conformado por una decena de organizaciones sociales enfocadas en Guatemala, El Salvador y Honduras.
“Juntas, y sin la dependencia de gobiernos ni organismos internacionales, luchan contra la corrupción y la impunidad, dos de los grandes obstáculos para el desarrollo, la justicia, el respeto a los derechos humanos y la igualdad en la región”, mencionan en su sitio electrónico.
