Durante el 2021 varios guatemaltecos manifestaron en contra de la Fiscal General, María Consuelo Porras y el Presidente Alejandro Giammattei. Foto: La Hora/AFP

Para Human Rights Watch (HWR), Guatemala recibió el 2022 con un Congreso de la República cuestionado por su actuar, un Ministerio Público (MP), que obstaculiza la rendición de cuentas y una constante amenaza a la independencia judicial. Los problemas anteriores han condicionado a la vez una sociedad donde prevalece la violencia contra grupos vulnerables y pocas garantías para enfrentar la pandemia del COVID-19.

Al igual que en otras ocasiones, HRW consideró el 2018 como el punto de inflexión para el Estado de Derecho del país, con la salida de la Comisión Internacional Contra la Impunidad (CICIG) y los hallazgos que ésta junto con el MP pusieron al descubierto la corrupción impregnada en los tres poderes del Estado.

Sin embargo, el informe señala que tres años después de ese periodo el contexto guatemalteco ha cambiado de una forma cada vez menos favorable.

CONGRESO INEFICIENTE

Como primer punto, Human Rights Watch recordó el retraso en el proceso de elecciones de jueces y magistraturas para el periodo 2019-2024, en el cual señaló al Congreso de la República como el principal responsable al no acatar una orden de la Corte de Constitucionalidad (CC). Varias acusaciones de corrupción de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI) han surgido respecto a este proceso, evidenciando incluso el posible tráfico de influencias en la conformación de los postulantes.

Además, refirieron que en abril de 2021 los congresistas se abstuvieron de juramentar a la jueza Gloria Porras como magistrada del nuevo periodo de la CC, designada por el Consejo Superior de la Universidad de San Carlos (CSU-USAC). En julio se solicitó nuevamente la juramentación; sin embargo, hasta la fecha ésta no se ha concretado.

HRW agrega que “atemorizada por la posibilidad de represalias e investigaciones tendenciosas, Porras huyó de Guatemala”.

LA COMPLICIDAD DEL MP

Otra entidad cuestionada por HRW fue el Ministerio Público, dirigido por la Fiscal General María Consuelo Porras. A la Fiscalía General se le consideró como cómplice en los ataques contra los jueces de mayor riesgo Miguel Ángel Gálvez, Yassmin Barrios, Erika Aifán y Pablo Xitumul. El 21 de junio los jueces pidieron al MP la evaluación y desestimación de “viejas denuncias espurias que se habían presentado con el fin de hostigarlos”, petición que no fue atendida favorablemente.

No obstante, uno de los eventos más notorios en la gestión de Porras Argueta fue la destitución del titular de la FECI, Juan Francisco Sandoval (23 de julio de 2021), argumentando que ella fue víctima de vejámenes por parte de Sandoval.

Juan Francisco Sandoval fue destituido como titular de la FECI el pasado 23 de julio de 2021. Foto: La Hora/AFP

El exfiscal aseguró que Porras obstruyó o intentó bloquear casos donde funcionarios de alto nivel se veían implicados; de manera contraria, la semana de su destitución fue utilizada por el presidente Alejandro Giammattei como un espacio para calificar el trabajo de Sandoval como politizado y tendencioso, resaltó HRW.

POCO AVANCE EN JUICIOS DE VIOLACIONES A DD. HH.

La justicia en Guatemala, para HRW, por un lado beneficia a actores corruptos, mientras que da la espalda a víctimas de graves violaciones a derechos humanos en el pasado. Por ejemplo, distinguió que, en septiembre de 2021, la CC dejó sin efecto una disposición del Código Penal que prohibía que las personas condenadas a cinco o más años de prisión por hechos de corrupción cumplieran su condena fuera de centros penitenciarios. Ahora estas personas podrán cumplir condenas en prisión domiciliaria.

De manera contraria, la justicia parece ser cada vez más inaccesible para las víctimas del Conflicto Armado Interno (1960-1996). HRW identificó entre los mayores retrocesos las dificultades en la búsqueda e identificación de personas desaparecidas, en su mayoría indígenas y los lentos avances en el proceso penal de los casos de delitos de lesa humanidad.

Por otro lado, las niñas y adolescentes del país continúan siendo uno de los principales blancos de violencia en sus distintas manifestaciones. Entre enero y noviembre de 2021 se registraron 65,119 nacimientos en madres de 15 a 19 años y 1,879 en madres de 10 a 14 años. Respecto a ello, HRW enfatizó que en la legislación de Guatemala el aborto solo está permitido “cuando la vida de la madre está en riesgo”.

HRW consideró además que el Código Civil guatemalteco limita los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres y niñas con discapacidad, e incluso prevé la esterilización y otros tratamientos anticonceptivos sin su consentimiento. Tampoco en el país no existen garantías de protección para las personas de la diversidad sexual, comunidad que sufrió al menos 22 asesinatos en 2021.

A las pocas expectativas de vida digna se unen las personas con discapacidad, quienes se ven obligados a vivir en las pocas instituciones de apoyo en Guatemala o ser olvidadas en sus hogares.

ATENTADOS CONTRA PERIODISTAS Y DEFENSORES

Guatemala ocupa el puesto 116 de 180 países evaluados en la Clasificación Mundial de la Libertad de Prensa. Para Human Rights Watch esto se refleja en ataques verbales por parte del mismo presidente de la República, la impunidad que gozan los agresores y el limitado acceso a la información desde que inició el gobierno de Giammattei Falla.

Hasta agosto de 2021, la Asociación de Periodistas de Guatemala (APG) contó 79 ataques contra el gremio, mientras que las investigaciones de estos ataques no avanzan. Una situación similar enfrentan los defensores de Derechos Humanos, con al menos 846 violaciones a los activistas, documentadas por Unidad de Protección a Defensoras y Defensores de Derechos Humanos de Guatemala (Udefegua).

A esto se le suma la vigencia de la Ley de ONG, que, a consideración de HRW, permite que el poder ejecutivo cancele la personalidad jurídica de las ONG cuando estas realicen actividades contrarias al «orden público».

COVID-19: EL AGREGADO QUE EVIDENCIÓ TODO

El colapso del sistema de hospitales públicos de Guatemala y el acceso limitado a la vacunación masiva fueron probablemente dos factores que contribuyeron a alcanzar un pináculo de casos en octubre de 2021 con más de 581,498 casos de COVID-19 y más de 14,118 muertes por la enfermedad.

Además de implicar un riesgo para la salud de la ciudadanía, el periodo de pandemia evidenció carencias en la educación, rendición de cuentas desde distintos espacios y un sistema colapsado desde hace décadas.

Desde marzo de 2020 hasta febrero de 2021, Unicef estimó que 4.2 millones de estudiantes perdieron por lo menos las tres cuartas partes de las clases presenciales debido al cierre de instituciones educativas por la pandemia.

Además, desde abril, Guatemala ha estado recibiendo grupos de migrantes que intentan llegar a EE. UU. y están siendo expulsados desde México. Entre el 22 de agosto y el 18 de octubre, el Instituto Guatemalteco de Migración (IGM) registró 15,387 retornados, incluidos 4,117 niños, en El Ceibo, en la frontera con México.

 

La Fiscal General, Consuelo Porras fue considerada como cómplice en los ataques contra los jueces de mayor riesgo. Foto: La Hora/Archivo
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