Las voces de 34 mujeres que claman justicia volvieron a sonar en los tribunales y calles de la zona 1 capitalina el 5 de enero cuando inició el juicio contra cinco ex integrantes de las Patrullas de Autodefensa Civil (PAC) acusados de cometer delitos de lesa humanidad contra 36 mujeres mayas de Rabinal, Baja Verapaz. Dos de las víctimas nunca sabrán sobre su demanda de justicia porque ya fallecieron.
La mañana de este miércoles seis de las mujeres compartieron el relato sobre los tres años durante los que sufrieron abusos por parte de las PAC y militares entre 1981 y 1983, unos de los años más duros del Conflicto Armado Interno, durante el final del gobierno del general Romeo Lucas García y el de facto de Efraín Ríos Montt.
Además, cómo las consecuencias de los abusos han trascendido a un plano psicológico y social. Desde el 2011, las 36 sobrevivientes de abuso sexual emprendieron el camino de acceso a la justicia acompañadas por el Bufete Jurídico de Rabinal (ABJP), entidad que también ha facilitado la atención psicológica de las víctimas, aunque muchos años después de aquellos episodios.
Mujeres Mayas Achi exigen justicia tras el Conflicto Armado Interno en Guatemala.
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LAS HISTORIAS QUE QUEDAN POR CONTAR
Antonia Valey Xitumul recordó que tenía 17 años de edad y siete meses de embarazo cuando fue violada por un patrullero. “Todavía yo le dije a Dios que me perdonara porque yo tenía siete meses de embarazo y perdí mi bebé”, describió la mujer como el mayor dolor que carga hasta hoy.
Hasta la fecha las víctimas todavía no han sido resarcidas por los delitos que denuncian, aunque aseguran que algunos de los vejámenes no pueden ser olvidados tan fácilmente.
Máxima Emiliana García narró que luego de ser violada sufrió hemorragias y daños en su matriz. En aquel entonces vivía ese dolor físico y emocional en la soledad, pues indicó que representaba cierta vergüenza.
“Yo tenía vergüenza de decirle a mi marido todo mi dolor; ‘¿qué te pasó, mija?’, me decía. Llevaba yo mi matriz con gran dolor, sangrando”, contó.
Lastimosamente esa no fue la única experiencia que recordó entre lágrimas la mujer. Dijo que en 1983 tuvo que huir con uno de sus hijos para no ser nuevamente violentada. En el escape cayó por un barranco y dejó a su hijo bajo la protección de un desconocido.
“Un día se llevaron a mi suegra y quemaron nuestras casas. Yo me fui a refugiar con mi criatura y cabal me acuerdo que mi matriz estaba sangrando y yo me fui corriendo; mi corte se quedó tirado. Luego dejé yo mi bebé con un señor que ni conocía y cabal me caí en un barranco y después me llevaron. Gracias a Dios que yo estoy aquí hablando, pero la pérdida de mi hijo y ese dolor es lo que todavía llevo”, se lamentó.
40 AÑOS DE DOLOR Y 10 DE LUCHA
El camino ha sido largo, menciona Antonia Xitumul, una de las sobrevivientes, pero de cualquier modo asegura que luchan “con la cara levantada”. En 2018 fueron aprehendidos y enviados a prisión preventiva seis expatrulleros en seguimiento a la denuncia de las 36 mujeres; sin embargo, la entonces jueza del caso, Claudette Domínguez, desestimó la evidencia argumentando que esta era contradictoria y liberó a los sindicados.
Gracias a una apelación Domínguez fue recusada y con ello el caso fue trasladado al Tribunal de Mayor Riesgo “A”, que preside a la jueza Yassmin Barrios.
Para este caso el Ministerio Público (MP) ha reunido 90 medios de prueba, que permitieron ligar a proceso a Bembenuto Ruiz Aquino, Bernardo Ruiz Aquino, Damián Cuxum Alvarado, Gabriel Cuxum Alvarado y Francisco Cuxum Alvarado. No obstante, el Bufete de Rabinal y las propias víctimas aseguran que más elementos estuvieron involucrados en los abusos sistemáticos.
Paulina Ixpatá Alvarado remarca que las peticiones de las mujeres están basadas en experiencias reales. Además, espera que la jueza a cargo del caso, Yassmin Barrios, garantice un proceso justo.
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“Decimos la verdad, nosotras no estamos inventando las cosas. Es real lo que estamos diciendo: una historia tan dolorosa y de tristeza. Nos sacaron de la casa y nos hicieron lo que ellos quisieran; quemaron nuestras viviendas y varias mujeres fueron violadas. Muchas no han denunciado por miedo o vergüenza”, sostuvo Antonia Valey Xitumul.
La Comisión del Esclarecimiento Histórico (CEH) le atribuye a la otrora PAC el 18% de los crímenes cometidos durante el Conflicto Armado Interno; sin embargo, el Ejército de Guatemala afirmó que “nunca ha sido parte de la doctrina del Ejército de Guatemala el ejercer violencia basada en género, sexo, credo, raza o religión”.
Asimismo, el Ejército puntualizó que los cinco imputados deberán responder al caso de manera individual.
“SE BURLABAN, PERO AHORA YA SE ESCONDEN”
Paulina Ixpatá, de 58 años, debe recorrer 180 kilómetros desde Rabinal, para seguir en la capital el caso por el cual clama justicia junto con sus 33 compañeras. Durante toda su vida Paulina creció y vivió en Baja Verapaz, incluso después de ser detenida por miembros del Ejército el 25 de septiembre de 1982 y llevada a un destacamento militar de Rabinal, donde cuenta fue violada y torturada.
Ixpatá tenía 19 años cuando fue violada y liberada cuando firmó un documento para acogerse a la amnistía decretada durante la dictadura militar del general Óscar Mejía Víctores.
“Me tuvieron 25 días y durante esos me violaron sexualmente los militares y patrulleros. También me iban a bañar de noche para llevarme con el oficial. Eso me causó asma y ahora vivo con tratamiento, luego, nueve años después me quitaron mi matriz”, detalló.
Eventualmente, Paulina Ixpatá disfruta viajar a la capital, pues según su relato, varias de las familias de los expatrulleros y militares vivían en comunidades cercanas a las de las mujeres sobrevivientes. “Hay veces que nos subíamos -al transporte urbano- juntos, bajamos en el pueblo y ellos hicieron como que no hicieron nada, pero hay unos de ellos que se burlan de mí cuando los veo caminar con su esposa”, agregó.
Las burlas y “malas caras” se redujeron a partir del año pasado cuando cada vez se acercaba más la posibilidad de enjuiciar a los cinco exPAC. “Ahora ya saben que buscamos la justicia y ahora que caminamos juntas ya no se burlan, están escondidos”, amplió e indicó que desea permanecer en su comunidad.
LA ESPERANZA EN 2022
El Bufete Jurídico enfatizó que este es un caso trascendental, considerando que es el segundo de violencia sexual durante las dictaduras militares sometido a un juzgado. “Demuestra cómo el Estado de Guatemala implementó su política contrainsurgente. En este caso resalta cómo la violencia sexual fue utilizada como un arma de guerra en contra de las mujeres”, comentó Brisna Caxaj, abogada del bufete.
"Comenzamos en 2011 y hasta ahora seguimos con nuestra lucha", menciona Máxima Emiliana, una de las sobrevivientes. Según comenta, el proceso inició con 36 denunciantes, pero con el tiempo la cantidad se redujo a 34.
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Además de los cinco expatrulleros, el Estado de Guatemala se encuentra en el caso como tercero civilmente demandado.
La Procuraduría General de la Nación (PGN) solicitó que el Estado fuera retirado del proceso, pero la jueza Barrios decidió que esta solicitud se resolvería en la sentencia del caso, estimada para el 22 de enero de este año.
Este año las mujeres Achí ven un panorama distinto, pues además de contar con apoyo de las abogadas Lucía Xiloj, Haydeé Valey y Gloria Xitumul esperan que la jueza Barrios pueda permitir el desarrollo de un juicio justo para ellas.
“Esperamos que haya un avance y ojalá la jueza condene a los expatrulleros porque sufrimos en carne propia la violación sexual y no queremos que esto vuelva a pasar”, puntualizó Paulina Ixpatá.
