La Asociación de Periodistas de Guatemala (APG) y su Comisión de Libertad de la Comisión de Libertad de Prensa, manifestó a través de un comunicado una condena enérgica, por lo que consideran un “acoso judicial e intento de censura”, en contra del presidente del Diario La Hora Oscar Clemente Marroquín y el Director General Pedro Pablo Marroquín.
Esta situación, según explican en el comunicado es resultado de una acción promovida por Alejandra Carrillo, ex diputada y actual directora del Instituto de la Víctima, que mencionan, “en complicidad con magistrados de una sala de femicidio, acciones represivas que se originan, en las investigaciones y publicaciones que el medio realiza sobre los posibles actos de corrupción de la funcionaria”.
En ese sentido, explican que los magistrados de la Sala de Femicidio Noé Adalberto Ventura Loyo, Elías Wilson y Mario Rojas ordenaron al Juzgado de Turno de Femicidio dictar medidas de seguridad para Alejandra Carrillo, con las cuales se prohíbe a los periodistas “perturbar o intimidar a la agraviada” y a cualquier familiar, así como el acceso a su domicilio, lugar de trabajo y/o estudio de Carrillo.
Respecto a lo anterior, la APG distinguió que el círculo familiar de Carrillo incluye al diputado Felipe Alejos de Todos, actualmente designado por Estados Unidos en la lista de actores antidemocráticos y actores corruptos, “Lista Engel”.
“Con esta acción inconstitucional se impone una censura previa para proteger las críticas y fiscalización a Carrillo y a su cónyuge, el diputado Alejos”, subrayó en el comunicado.
Por otro lado, añaden sobre la resolución del juzgado, suscrita por la jueza Yadira Barrios el 16 de diciembre recién pasado que declara la vigencia de estas medidas por 6 meses, indicando además que la víctima está protegida por los Operadores de Justicia y que el incumplimiento de las medidas de seguridad constituye el delito de desobediencia.
“Esta deleznable medida judicial muestra nuevamente el peligro que representan los jueces y magistrados serviles al poder político, que están dispuestos a tergiversar las normas y perjudicar los derechos humanos solo por recibir posible prebenda o beneficios personales de funcionarios superiores a los que responden”, puntualizó la APG.
Por medio de un comunicado, la APG calificó como inconstitucional y censura, la utilización de la Ley de Femicidio contra directivos de La Hora. pic.twitter.com/fP9BVcUUAa
— Diario La Hora (@lahoragt) December 21, 2021
RESOLUCIÓN ES PREOCUPANTE
La APG expresó su preocupación por el panorama de impunidad, más aún en un contexto donde la actual Fiscal General Consuelo Porras genera una “persecución penal e irracional” contra otros periodistas y medios.
“Tanto Porras como los actuales magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), entre otras autoridades del organismo, se encuentran empeñados en perseguir las voces críticas y dificultar la labor periodística en tribunales”, compartió la asociación.
Del mismo modo, añaden que se considera que dichas acciones limitan la libertad de prensa y expresión y menoscaban la justicia, mientras añaden otros casos, “tanto Porras como los actuales magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), entre otras autoridades de ese organismo, se encuentran empeñados en perseguir a las voces críticas y dificultar la labor periodística en tribunales”.
Para la APG, todas estas acciones tienden a limitar la libertad de expresión y “a prostituir la justicia, así como a implantar un régimen autoritario que prohíba todos los derechos”.
“La Comisión de Libertad de Prensa reitera su condena a la utilización espuria de la Ley Contra el Femicidio para perseguir a medios y periodistas y advierte sobre posibles acciones que el Presidente Alejandro Giammattei, la Fiscal General y la CSJ tomen en los próximos días, aprovechando las fiestas decembrinas para encarcelar a los periodistas que son incómodos a sus intereses”, concretó la APG.
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