Los 36 años de Conflicto Armado Interno continúan sobresaliendo en la historia de Guatemala, con entidades y personas individuales que han monitoreado el enjuiciamiento de abusos graves en ese periodo, incluyendo ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas. A 25 años de la firma de los Acuerdos de Paz, la Comisión Internacional de Juristas (CIJ) consideró que el sistema de justicia ha fallado en la rendición de cuentas y reparación de las víctimas de estos flagelos.
El estudio fue elaborado en asesoría de la Asociación de Familiares de Detenidos-Desaparecidos de Guatemala y nutrida por insumos recolectados por la misión internacional de la CIJ; además de consultas a víctimas entre julio y agosto de 2020.
LA RESPONSABILIDAD PROVIENE DE UN MARCO LEGAL
La firma de los Acuerdos de Paz (1996) es la primera referencia de compromiso remarcada por la asociación de juristas, en la cual las parte firmantes se comprometieron a tomar acciones en favor de los derechos humanos y las víctimas de los 36 años anteriores.
Asimismo, Guatemala forma parte de la mayoría de los tratados sobre derechos humanos y Derecho Internacional Humanitario, lo cual implica que el Estado tiene obligaciones internacionales relacionadas con la prevención de estos delitos, la investigación y la sanción de los actores materiales e intelectuales.
Este proceso judicial debe ser integral, planteó la CIJ, pues más allá de enjuiciar a quienes cometieron violaciones a los derechos humanos, los Estados deben garantizar a las víctimas la facultad de participar y formular sus pretensiones en todas las etapas del proceso penal, incluyendo el acceso de las víctimas a la asistencia de trabajadores sociales, profesionales de salud mental y asesores legales. También debe garantizárseles servicios de traducción y el reembolso de gastos.
Informe de la CIJ "Guatemala: Desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales" arroja que en el país faltan garantías para que jueces y fiscales a cargo de investigaciones de graves violaciones a los derechos humanos puedan trabajar de manera independiente e imparcial. pic.twitter.com/u3rUKdRTZC
— CIJ América Latina (@CijLatina) December 16, 2021
TAREA PENDIENTE: REPARACIÓN Y JUSTICIA
Además, legalmente los Estados deben hacer efectiva la reparación del daño sufrido; sin embargo, el estudio de CIJ detalla que en la práctica “Guatemala ha hecho muy poco para realizar los derechos de las víctimas a la verdad, a la justicia y la reparación”.
FALTAN REFORMAS
Otra de las falencias señaladas por la CIJ fue la carencia de reformas pactadas en la firma de la paz. Entre estas citaron:
– La función de las fuerzas de seguridad, incluyendo el rol del Ejército y la inteligencia militar; y
– En 1999 fracasó una consulta popular con la cual se buscaba que los guatemaltecos aprobaran varias reformas constitucionales para dar cumplimiento a aspectos claves del Acuerdo de Paz
Por otro lado, consideraron que la restructuración de las fuerzas policiales fue ineficiente. “Si bien la reforma significó algunos avances en materia de corrupción al interior de la Policía, para el año 2001, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) documentó un aumento en las denuncias por violaciones a los derechos humanos cometidas por la Policía Nacional Civil (PNC)”, refirió.
La CIDH también recibió información sobre problemas en el reclutamiento y capacitación de los integrantes de la Policía. Por otra parte, aumentaron las actividades delictivas de cuerpos ilegales y aparatos clandestinos de seguridad.
OBSTÁCULOS PROMUEVEN LA IMPUNIDAD
Las víctimas y querellantes se enfrentan a obstáculos para acceder a recursos efectivos que permitan la rendición de cuentas por las violaciones sufridas, según el estudio de la comisión. Asimismo, los jueces, juezas y fiscales carecen de garantías para ejercer su labor de manera autónoma e independiente.
“Ciertamente, los autores de estas violaciones, que constituyen crímenes bajo el derecho internacional, han disfrutado de altos niveles de impunidad. Hay numerosos casos sin resolver que datan de las décadas de 1960, 1970 y 1980”, refirió la agrupación de 60 jueces eminentes.
Los Estados deben garantizar que las víctimas tengan acceso a un recurso efectivo en el ámbito penal. Para ello se requiere que los casos sean conocidos por jueces independientes, imparciales y competentes, que dicten decisiones jurídicamente vinculantes sobre los recursos y la reparación solicitada.
Y aunque la firma de la paz ayudó a que las víctimas pudieran alzar la voz y denunciar los hechos, al igual que la eliminación de “un patrón y práctica de violaciones sistemáticas a derechos humanos”, la CIJ subraya que para que estas denuncias sean resueltas efectivamente, debe prevalecer la garantía de justicia independiente.
Lo anterior, según indicaron, ha sido principalmente obstaculizado por el hostigamiento y criminalización de los jueces independientes, lo cual ha sido denunciado en reiteradas ocasiones por los cuatro jueces de Mayor Riesgo en Guatemala.
LOS PROBLEMAS Y SU TRASCENDENCIA A LA ACTUALIDAD
Y aunque las desapariciones forzadas han decrecido considerablemente desde la firma de la paz, este fenómeno continúa presente en la sociedad guatemalteca desde otras perspectivas. “En particular, el fenómeno actual de desaparición de mujeres es una problemática a la que el Estado no ha dado una respuesta adecuada”, indica la CIJ, lo cual se evidencia en las 6,080 alertas Isabel-Claudina activadas entre 2018 y 2021.
El panorama actual en materia de derechos humanos en Guatemala es bastante preocupante. En primer lugar, se debe destacar el aumento de violaciones a los derechos humanos contra algunos sectores de la población, como los periodistas, 212 mujeres, pueblos indígenas, personas defensoras del territorio y de derechos humanos
Además, señalaron que incluso el acuerdo de Paz Firme y Duradera no ha sido implementado integralmente, pues “sigue pendiente que se garanticen los derechos de las víctimas del conflicto a la verdad, la justicia y la reparación”, al igual que sigue pendiente la resolución de las causas que originaron el conflicto.
– La concentración del poder económico en pocas manos;
– La desigualdad social, la pobreza;
– La discriminación racial;
– La falta de acceso a la justicia; y
– Los altos niveles de corrupción
Por otro lado, el fantasma del Conflicto Armado Interno sigue vivo en Guatemala principalmente por las asociaciones que han permanecido en la lucha por la garantía de justicia, rescate y dignificación de las víctimas y sus familias, como el Grupo de Apoyo Mutuo (GAM), la Coordinadora Nacional de Viudas de Guatemala (Conavigua) y la Famdegua.
Del mismo modo, casos que datan de delitos durante el Conflicto Armado Interno siguen siendo procesados en los tribunales como el Caso Creompaz, cuya vista pública ha sido aplazada en el último año; y el caso Diario Militar, un documento que supuestamente consigna a los miembros de la estructura criminal involucrada en la desaparición forzada de al menos 183 opositores políticos, entre 1983 y 1985.
A LA ESPERA DE RESPUESTA DE LA PGN
Se intentó conocer con la Procuraduría General de la Nación (PGN) un pronunciamiento en respuesta al análisis de la CIJ; no obstante, al cierre de esta nota no se obtuvo respuesta, pero de recibirse se consignará en este espacio.
