Ayer se conoció en primera lectura el dictamen del Presupuesto de Ingresos y Egresos del período fiscal 2022, elaborado por la Comisión de Finanzas y Moneda del Congreso por un monto de Q105,939.4 millones, Q1.93 mil millones más que lo solicitado por el Ejecutivo en septiembre de este año. Durante dos sesiones más el Congreso deberá decidir si aprobar un presupuesto que, según el análisis de expertos contiene falencias y vínculos con funcionarios públicos que podrían fomentar la corrupción.
Asignaciones a organizaciones sin fines de lucro, apoyo a proyectos de infraestructura específicos e iniciativas en Ministerios son algunas de las características que destacan en el dictamen del Presupuesto General de Ingresos y Egresos aprobado por dicha Comisión. Sin embargo, analistas consultados exponen que, estas dinámicas regularmente corresponden a la respuesta de favores políticos que propician la corrupción.
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Presupuesto 2022 con asignaciones que propician corrupción ? [https://t.co/OxLU6ApJEP] pic.twitter.com/MdQOaxriSL— Diario La Hora (@lahoragt) November 17, 2021
R. BARRIENTOS DE ICEFI: CORRUPCIÓN SE EVIDENCIA EN ONG E INFRAESTRUCTURA
El analista del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi), Ricardo Barrientos, puntualizó que el dictamen de la Comisión de Finanzas contiene suficientes pruebas para determinar que hubo dinámicas de negociación internas, las cuales favorecen a la corrupción.
Entre los bastos ejemplos que el instituto identificó, Barrientos destacó el apoyo a ciertas Organizaciones No Gubernamentales (ONG). Solo en el Ministerio de Educación (Mineduc) se otorgó un aporte de Q3,114,257,199 para asociaciones y fundaciones. Entre estas, figura la Fundación Conguate, vinculada al diputado Carlos Roberto Calderón, con un monto de Q7 millones, representada por Armando Rosales Izás, presidente de esa institución.
El listado de asesores y asistentes del Congreso de la República de octubre de 2021 refleja que Armando Rosales Izás funge como asesor del diputado Carlos Roberto Calderón Gálvez, con un sueldo de Q20,000. Cabe destacar que, es el asesor de Calderón con mayor salario.
“Pareciera que este dictamen lo hubiera hecho Manuel Baldizón porque se introdujo un gran aporte directo a ONG. Esto es complicado porque estamos viendo que se le está dando más dinero a las ONG vinculadas con diputados distritales, alcaldes, gobernadores, listas de campaña electorales. Estamos retrocediendo a la época oscura de la Comisión de Finanzas con esto de las ONG espurias”.
Otro punto que distinguió en el dictamen fue el artículo 134, el cual introduce la ejecución a través del Fondo Social de Solidaridad de cuatro obras que en total suman Q33,680 millones. “¿Por qué estas obras y no otras? Y ¿por qué un artículo específico para estas obras?”, cuestionó Barrientos.
Asimismo, el proyecto de dragados del Canal de Chiquimulilla podría ser, a criterio del analista, otra fuente de corrupción. El artículo 141 del dictamen de presupuesto destina Q60 mil millones al Ministerio de Comunicaciones Infraestructura y Vivienda (Minciv) para la compra de dragas de succión para el área de influencia del manto acuífero.
“Los dragados han sido una de las modalidades típicas para robar fondos del presupuesto porque, ¿quién va a ir a revisar si en el fondo del río pasó o no la draga?”, dijo. Además, expuso que este monto contraviene el artículo 38, literal f, de la Ley de Contrataciones del Estado. Según esto, el Congreso habría creado una excepción para el dragado del Canal de Chiquimulilla, a lo cual Barrientos agregó:
“¿Qué es lo que pasa? Pues quienes son los diputados de los distritos son principalmente de Santa Rosa y recordemos que hay diputados que, por ejemplo, estaban en el bloque opositor y ahora se pasaron al bloque de Sandra Torres y votaron por la nueva Junta Directiva y, seguramente votarán por el presupuesto. Ahí están las conexiones”.
Asimismo, para el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS) se ha designado la construcción de hospitales, los cuales concuerdan con antecedentes de investigaciones por corrupción de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI). “Hay gran evidencia que se usan los rubros del presupuesto para pagar y dar favores. Para la corrupción así es y las evidencias podemos verlas en el dictamen”, afirmó.
R. ROSAL: UN PANORAMA POCO FAVORABLE SE AVECINA EN EL CONGRESO
El 16 de noviembre el Congreso de la República conoció el dictamen de presupuesto en un primer debate, lo cual significa que el proyecto podría ser aprobado en tres lecturas. En la última existe la posibilidad de proponer adendas al dictamen durante la aprobación final y redacción por artículos; sin embargo, Renzo Rosal, analista político considera poco probable que ello ocurra.
“Veo que el margen de maniobra es nulo o muy reducido porque eso implicaría ceder en áreas donde existen acuerdos políticos previos que están fundamentados en eso -el presupuesto 2022. Al cambiar algo podría afectarse la lógica de intereses que es la que tiene primacía en el presupuesto y está claro que las negociaciones son orientadas a clientelismos y demás”, analizó.
El experto remarcó que la problemática de la formulación en el presupuesto se ha desarrollado desde hace años, con repercusiones en cada período posterior al análisis del Congreso. Durante el 2020 y 2021 se utilizó el presupuesto del 2019, lo cual causó que transacciones económicas pudieran realizarse con un perfil bajo.
Algunas consecuencias notorias para Rosal fue la reducción en la inversión pública y la poca previsión para proyectos de trascendencia, pero, además, han sido demostrados casos de corrupción en las instituciones gubernamentales; ejemplo de ello son las plazas fantasma para miembros del partido Vamos en el Instituto de la Víctima y los Q22,280,499.40 del presupuesto 2021 vinculados al diputado Jorge Adolfo de Jesús García Silva (Prosperidad Ciudadana).
Una investigación de La Hora detalla que durante el segundo semestre del 2020 la directora del Instituto de la Víctima, Alejandra Carrillo habría discutido sobre el otorgamiento de plazas fantasma a miembros de Vamos. Según la investigación, las contrataciones serían coordinadas con el exdirector del Centro de Gobierno, Miguel Martínez, a sabiendas del presidente Alejandro Giammattei.
La asignación de las plazas fantasma dependió del monto asignado para el Instituto de la Víctima en el presupuesto de 2021. De acuerdo con las fuentes, diputados de Vamos enviaron un listado con 48 candidatos para su contratación en el Instituto; 13 fueron confirmados y 9 firmaron contrato.
La segunda investigación de este medio describe que el diputado Jorge Adolfo de Jesús García Silva, actor clave en la aprobación del presupuesto 2021, se habría beneficiado a través de la empresa Outsourcing Total, Sociedad Anónima, con dos contratos por Q22,280,499.40 para la adquisición de estaciones en el Instituto Nacional de Sismología Vulcanología e Hidrología (Insivumeh).
“Y esos son solamente casos públicos porque seguramente el tema de plazas fantasma ha ocurrido a lo largo y ancho de todas las estructuras públicas. Estas instituciones son los hechos más conocidos públicamente y yo diría que no hay ministerio en donde estas prácticas no se hayan llevado a cabo de igual forma y se conviertan en un tipo de prácticas que año con año se repiten y aumentan”, refirió Rosal.
P. PRADO DE ASIES: URGE GARANTIZAR LA TRANSPARENCIA
El asesor del área económica, Pedro Prado opinó que el Presupuesto General de la Nación debe ser fiscalizado, no solo por las entidades de análisis económico, sino también por ciudadanía en general. Respecto a los montos asignados para las ONG indicó que existe la posibilidad de consultar en portales del Ministerio de Finanzas y el mismo dictamen del presupuesto para verificar a qué entidades se le eroga el dinero.
“El Ministerio de Finanzas Públicas ha puesto a disposición del público portales de transparencia relacionados con las oenegés, que no solo la ciudadanía sino la prensa, analistas deben hacer uso para hacer una fiscalización de estos recursos”, comentó.
Asimismo, resaltó la necesidad de garantizar la transparencia en el Presupuesto General de la Nación para el ejercicio fiscal del 2022.
“Hay que garantizar la transparencia y revisar bien a qué entidades se le están dando los recursos como una recomendación, para evitar que estos no tengan un manejo inapropiado. Hay que hacer una revisión muy a profundidad de qué entidad va a recibir los montos públicos para ejecutarlos en el año 2022”, recomendó.
