La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) repudió en un comunicado el exceso de la fuerza policial ejercida contra manifestantes q’eqchi’ en El Estor, Izabal; así como la violencia y represión contra periodistas y medios de comunicación registrados en los últimos días. Hechos por los que, la comisión urgió al Estado la investigación de los mismos.
CONDENAN REPRESIÓN VIOLENTA
La CIDH argumentó que el 22 y 23 de octubre agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) reprimieron violentamente, mediante el uso excesivo de la fuerza y el empleo indiscriminado de gases lacrimógenos, a manifestantes, periodistas e integrantes del pueblo maya q’eqchi’.
Desde hace 20 días los manifestantes organizaron movilizaciones en seguimiento al funcionamiento del proyecto minero Fénix a cargo de la Compañía Guatemalteca de Níquel (CGN).
Por medio de un comunicado la CIDH condena el uso excesivo de fuerza y la represión en contra de los Pueblos Indígenas mayas Q'eqchi', periodistas y medios de comunicación en El Estor, Izabal. pic.twitter.com/iTyEikzT18
— Diario La Hora (@lahoragt) November 5, 2021
“Si bien el Estado tiene el deber legítimo de garantizar la seguridad y el orden público, el uso de la fuerza debe regirse por los principios de legalidad, estricta necesidad y proporcionalidad; y tiene el deber de respeto y garantía a la labor de periodistas en contextos de manifestaciones, en atención al importante rol que cumplen en la documentación de los hechos y de la actuación de la fuerza pública”, declaró la Comisión.
En virtud de lo anterior, la CIDH rechazó el accionar violento de las fuerzas de seguridad en contra de las personas manifestantes y la prensa e instó al Estado a realizar una investigación de los hechos violentos de manera pronta, exhaustiva y diligente.
PIDEN RESPETAR LA LEGÍTIMA PROTESTA
La Relatoría para la Libertad de Expresión de la CIDH remarcó que la manifestación es un derecho y es una herramienta fundamental para que distintos grupos de la población expresen su identidad y canalicen sus reclamos, por lo que en muchos casos las manifestaciones sociales pueden traducirse en formas de discursos especialmente protegidos por el derecho a la libertad de expresión.
“La Comisión ha llamado a los Estados a adoptar medidas positivas para garantizar el derecho de protesta a grupos especialmente vulnerables, como los pueblos indígenas. La habilidad de reunirse y asociarse constituye un componente clave para el empoderamiento de comunidades indígenas”, remarcó.
DISTINGUE LA IDENTIDAD CULTURAL EN UN PRIMER PLANO
La CIDH resaltó que las comunidades indígenas gozan de una protección específica cuando están relacionadas con derechos especialmente protegidos como por ejemplo su identidad cultural y sus tierras.
El conflicto entre los pobladores y las fuerzas de seguridad derivan de un proceso irregular de preconsulta respecto a la operación de la minera Fénix. Este proyecto, para la CIDH podría contaminar gravemente el lago de Izabal, destruir la flora y fauna regionales, y poner en peligro la salud y vida de la población de la zona.
Como consecuencia de una resolución de la Corte de Constitucionalidad (expediente 697-2019 del 18 de junio de 2020), se ordenó la suspensión del proyecto minero Fénix y la realización de un proceso de preconsulta entre el Ministerio de Energía y Minas y las comunidades de Izabal.
Los ciudadanos manifestaron que el proceso no ha sido inclusivo con la comunidad q’eqchi’, por lo cual optaron a protestar en el municipio. Correspondientemente las fuerzas de seguridad se hicieron presentes; sin embargo, un conflicto entre ambas partes se desató en el lugar, lo cual conllevó a la declaración del Estado de Sitio por 30 días.
La Procuraduría de Derechos Humanos de Guatemala (PDH) reportó entre los heridos a niños, niñas y adolescentes y personas mayores de edad. De acuerdo con esta entidad, hasta el 23 de octubre, 7 agentes de la PNC habrían sido heridos por proyectiles de arma de fuego.
En su informe sobre protesta y derechos humanos, la Comisión reiteró que los Estados deben restringir la ejecución de desalojos forzosos y están obligados a adoptar medidas para proteger a las personas y comunidades perjudicadas por tales operativos, pues los casos de desalojos forzosos son “prima facie incompatibles” con los principios del derecho internacional.
#PORTADADEHOY
Capturan a 9 personas por corrupción en el Insivumeh ?? [https://t.co/QwWLemsajo] pic.twitter.com/hge8Ju7nrg— Diario La Hora (@lahoragt) November 5, 2021
Respecto a la medida de orden público, la Comisión recuerda al Estado de Guatemala que este tipo de disposiciones son excepcionales y deben adecuarse a los requisitos del derecho internacional y que “no constituyen una respuesta sostenible y eficaz para enfrentar y resolver los conflictos sociales o políticos”.
Desde el 25 de octubre, cuando fue ratificado el Estado de Sitio, la CIDH recibió información sobre allanamientos a las residencias de periodistas de Prensa Comunitaria, así como el registro policial a las instalaciones de la radio comunitaria Xyaab’ Tzuultaq’a y la Defensoría Q’eqchi’.
ACTIVIDADES DE LA MINERA CONTINUARON
En un apartado la CIDH comunicó que “si bien la CC ordenó mantener en suspensión la explotación minera en tanto no concluya el proceso de consulta, las actividades de la minera habrían continuado”.
En su sentencia, la CC determinó la afectación a los derechos de los pueblos indígenas de participar en la formulación, aplicación y evaluación de los planes y programas de desarrollo económico, social y cultural que los afecta directamente.
Al respecto, el Estado de Guatemala aseguró a la CIDH que se ha respetado el proceso realizado, un ejercicio apegado a la legislación desarrollada al momento en el país para la implementación de consultas a pueblos indígenas, respetando, asimismo, el derecho efectivo de las poblaciones para manifestarse sobre temas que les conciernen.
“Indica que dialogó con las personas que solicitaron ser acreditadas en el proceso de pre-consulta y con personas que presentaron recursos de amparo, escuchando activamente sus demandas y respondiendo a ellas a partir de los criterios que la misma Corte establece para el desarrollo de la consulta”, resumió la Comisión.
