Como parte de las movilizaciones en el marco de los conflictos en El Estor, Izabal, representantes de pueblos indígenas se presentaron en la sede central del Ministerio Público (MP), para exigir la agilización de una denuncia contra el presidente Alejandro Giammattei y solicitar la asignación de un fiscal especial para dirigir la investigación.
El 8 de septiembre delegaciones del Pueblo Xinca, la Alcaldía Indígena de Palín, 48 Cantones de Totonicapán, entre otras autoridades ancestrales, presentaron una denuncia penal en contra del presidente de la República, Alejandro Giammattei, responsabilizándolo por el mal manejo de la pandemia COVID-19, actos de discriminación, la posible compra anómala de vacunas rusas, entre otras irregularidades en su gestión.
FISCAL ESPECIAL DEBERÁ LLEVAR EL CASO
Para esta denuncia en específico, los representantes de los 48 Cantones solicitaron la asignación de un fiscal especial, argumentando que la institución carece de credibilidad para llevar casos que involucren al Presidente de la República.
Autoridades de los 48 cantones también exigieron que se dé seguimiento a la denuncia presentada contra el presidente Alejandro Giammattei.
?: José Orozco/LH pic.twitter.com/6Zf3xtxJJZ
— Diario La Hora (@lahoragt) October 25, 2021
“Hemos venido a reiterar nuestro memorial de petición al Ministerio Público para que nombren al fiscal especial que habíamos solicitado. Nosotros pedimos a la Fiscal General que nombre un fiscal especial para que se haga la investigación como nosotros la habíamos querido”, describieron.
“¿Por qué queremos una fiscal especial?”, preguntó el representante; “porque es del conocimiento de todo el pueblo que la señora Fiscal y el señor Presidente no pueden darnos confianza de imparcialidad”, explicó.
DENUNCIA NO HA SIDO TRAMITADA COMO INDICARON
Uno de los representantes de los 48 Cantones puntualizó que la denuncia contra el mandatario ya fue conocida, pero no de la forma en que lo solicitaron. Esta agrupación también envió un memorial al MP el 13 de agosto solicitando que la fiscal general María Consuelo Porras y el presidente Alejandro Giammattei dimitan de sus cargos.
“Se dio trámite a nuestra denuncia, pero no como nosotros lo habíamos planteado. Se nos ha dicho que se ha trasladado a la Fiscalía de Asuntos Administrativos y ese no es el camino que nosotros queremos porque conocemos las prácticas que se dan”, señaló.
PIDEN ACATAR LA LEY
La agrupación declaró también que han seguido los procesos legales correspondientes, pero dudan si estos requerimientos también han sido cumplidos por las autoridades estatales. “Aquí estamos la representación para pedir que se haga justicia; somos respetuosos de la ley y creemos que la ley debe aplicarse a todos por parejo y no debe haber preferencia”, dictaron.
El colectivo señaló que “los que hicieron la ley son los primeros en violarla”, por lo cual adhirieron a sus peticiones el cumplimiento del proceso legal por parte del MP.
