El 2 de septiembre de este año fue trasladado el proyecto presupuestario 2022 (Q103.9 millardos) al Congreso de la República, por lo cual, cualquier reforma previa a su aprobación o improbación es competencia de la Comisión de Finanzas y Moneda del organismo. En ese sentido, el Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi) presentó 34 sugerencias puntuales, enfocadas en las proyecciones y la mejora de la transparencia.
A pocos días de presentar el presupuesto, Icefi había realizado al menos cinco recomendaciones respecto al proyecto, pero, estas nuevas 34 propuestas están divididas en tres categorías:
– Recomendaciones para corregir las proyecciones de ingresos y la deuda pública
– Recomendaciones para corregir el presupuesto de gasto
– Recomendaciones para mejorar la transparencia fiscal y prevenir la corrupción
PROYECCIONES DE INGRESOS Y LA DEUDA PÚBLICA
Al 31 de agosto de 2021 la deuda pública de Guatemala sumaba Q199,322,210,000, distribuida en Q120,433,550,000 de deuda interna y casi Q78,888 millones de deuda externa.
El proyecto presupuestario para el 2022 consta de Q103,992 millones, de esa cantidad se destinó Q15, 312 millones al servicio -pago- de la deuda pública (14.7% del presupuesto).
Como primera recomendación el Icefi plantea incrementar la meta de ingresos tributarios para 2022 a Q77.5 millardos. En el Foro Público del Presupuesto Abierto: Macroeconómico y Fiscal, el superintendente Marco Livio Díaz proyectó una recaudación activa de Q74,052.6 millones en términos netos para el 2022.
También remarcan:
• Correspondientemente, la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) deberá publicar su Plan Anual de Recaudación, Control y Fiscalización para 2022.
• Asimismo, el Ministerio de Finanzas Públicas (Minfin) deberá informar al Congreso el comportamiento de los saldos de caja en 2021, y cuánto de estos depósitos en el Banco de Guatemala (Banguat) son parte de la deuda pública contratada en 2021 para ser gastada en 2022.
• El financiamiento del déficit debe equilibrarse combinando bonos del Tesoro (deuda cara) con préstamos externos (deuda barata).
Se le sugirió al Congreso ordenarle al Minfin la elaboración y publicación anual de un estudio de sostenibilidad y vulnerabilidad fiscal.
En este rubro la última recomendación consiste en crear una estrategia para reducir el déficit fiscal y desacelerar el crecimiento del endeudamiento público no debe ser a costa de reducir el gasto social, la protección social y la inversión pública.
MEJORAS A LA TRANSPARENCIA FISCAL Y PREVENCIÓN DE LA CORRUPCIÓN
Dentro de las recomendaciones se incluyó un apartado para garantizar la transparencia fiscal y mitigar la corrupción en el gasto e inversión pública. El Icefi reiterará estas y el resto de recomendaciones en un Documento para el Diálogo Fiscal con un análisis a profundidad del proyecto de presupuesto para 2022, el cual publicará próximamente.
En este contexto, sugieren evitar al máximo los aportes directos a oenegés y a entidades de enseñanza, de salud y asistencia social o sin fines de lucro.
La Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia de la República y el Consejo Nacional de Desarrollo Urbano y Rural deben modificar la normativa aplicable a la asignación y reprogramación de las obras que ejecutan los Consejos Departamentales de Desarrollo, fortaleciéndose el Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP) a fin de que logre ser una herramienta técnica que coadyuve a prevenir la corrupción en los proyectos de inversión en infraestructura a cargo de los Codede.
Además, se incluye:
• Suprimir toda asignación de gasto destinada a cubrir consumos personales de funcionarios, como dietas, alimentos, combustible, seguridad, seguros privados, entre otros.
• Eliminar asignaciones para proteger o promover grupos empresariales específicos, incluyendo los fideicomisos para actividades o productos específicos y las asignaciones para financiar estudios y asesorías para beneficiarios de privilegios fiscales.
• Aprobar un reglamento de viáticos para funcionarios y empleados públicos, con mecanismos estrictos de liquidación y rendición de cuentas.
• Elaborar un plan de fortalecimiento de las oficinas y dependencias de auditoría interna, con el propósito de que sean efectivas en la prevención de la corrupción.
CORREGIR EL PRESUPUESTO DE GASTO
Esta fue la categoría con más recomendaciones por parte del Icefi. Estas propuestas están orientadas al gasto público en iniciativas que garanticen el ejercicio de los Derechos Humanos, así como una inversión pertinente de los recursos para el bien común de la población.
En principio, para el análisis del gasto público se sugirió comparar lo recomendado para 2022 con el presupuesto vigente (a la fecha) de 2021.
Las prioridades deberán ser la protección social, la lucha contra la desnutrición infantil, la seguridad alimentaria y nutricional y la Inversión Pública en Niñez y Adolescencia (IPNA), tanto en las asignaciones financieras como en los resultados. Para cumplir los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) en educación, salud, nutrición y pobreza, en 2022 se requieren Q19.6 millardos adicionales a lo contemplado en el proyecto de presupuesto 2022 (2.8% del PIB más).
Otras recomendaciones enmarcan:
• El Congreso deberá ordenar al Ejecutivo institucionalizar una metodología para un cálculo contable oficial de la IPNA.
• El Congreso deberá ordenar al Ejecutivo mejorar los indicadores de gestión del presupuesto por resultados. El registro de las metas físicas debe desagregarse, como mínimo, por sexo, edad y etnia.
• Aun cuando se incrementen las asignaciones financieras del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS), no deberán recortarse sus metas físicas.
• Asimismo, no deberá recortarse la asignación para la adquisición pública de vacunas contra el COVID-19.
• Tendrá que tomarse en cuenta la advertencia de la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH) sobre el vencimiento en febrero de 2022 de 249,000 dosis de vacuna contra el Virus de Papiloma Humano (VPH).
Alertan que las metas físicas evidencian un incremento en los casos de desnutrición aguda.
Icefi señaló que varios productos y subproductos a cargo del MSPAS no tienen asignadas metas físicas para 2022, notorios en los programas Prevención de la mortalidad de la niñez y de la desnutrición crónica y Prevención de la mortalidad materna y neonatal.
En este punto la entidad cuestionó cuál es el respaldo técnico de la prioridad para la construcción de los hospitales de San Pedro Necta, Huehuetenango (Q56.2 millones en el CIV), y de Rabinal, Baja Verapaz (Q18.8 millones en el MSPAS), y no de otros municipios. “Ambos proyectos están plagados de anomalías, abusos y casos de corrupción”, sostuvo.
Aun cuando se incrementen las asignaciones financieras del Ministerio de Educación (Mineduc), no deberán recortarse sus metas físicas.
Icefi sugirió suprimir el seguro médico escolar privado, ya que ha demostrado ser discriminatorio, inefectivo, oneroso y consume recursos que afectan otros resultados educativos (equivalente a Q312.5 millones).
Recomiendan no reducir la matrícula de los programas Núcleos Familiares Educativos para el Desarrollo y Centros Municipales de Capacitación y Formación Humana.
También incluyen:
• Transparentar el incremento salarial para el magisterio nacional.
• Complementar las reformas a la Ley de Alimentación Escolar, convirtiendo las raciones en transferencias en efectivo.
• Restituir en el presupuesto del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación (MAGA) la importancia del programa de Apoyo a la Agricultura Familiar.
• Incrementar metas físicas, coherente al incremento en la asignación financiera en el programa de transferencias en el Ministerio de Desarrollo Social (Mides).
En la Secretaría de Bienestar Social (SBS) sugirieron no recortar el presupuesto ni la meta física de los Centros de Cuidado Infantil Diario (72 centros menos), ni las metas físicas para atender a los adolescentes en conflicto con la ley penal.
Recomendaron garantizar el traslado del presupuesto solicitado por la Procuraduría de Derechos Humanos, por un monto de Q207 millones. Esta asignación cumpliría con el artículo 66 de la Ley de Acceso a la Información Pública, asignándole Q11 millones a la Secretaría de Acceso a la Información Pública (Secai).
El Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (MINCIV) deberá explicar por qué recomienda para 2022 un recorte de Q1,036 millones (21%) en el programa de Desarrollo de la infraestructura vial.
Recomendaron revisar la asignación de Q121.7 millones en el Ministerio de Economía recomendada para Generación de competitividad y emprendimiento para jóvenes, ya que Q100 millones estarían financiados con deuda pública bonificada y lo ejecutaría el Viceministerio de Inversión y Competencia, y no el de la Micro, pequeña y mediana empresa.
Por último, la Procuraduría General de la Nación (PGN) no deberá recortar el presupuesto para representación, protección y vigilancia de los derechos de niños, niñas y adolescentes, ni el presupuesto y la meta física para el sistema de alerta Alba-Keneth.
