Carlos Fernando Chamorro, fundador del diario nicaragüense Confidencial, narró el desarrollo de una crisis vigente en ese país desde el 2007, marcada por la represión y secretismo del gobierno de Daniel Ortega. Lo que partió de un discurso sobre resiliencia y lucha contra la corrupción resultó en una paulatina institución del régimen “orteguista” en Nicaragua y una crisis política que poco a poco fue salpicando el sector económico, la sociedad civil y la prensa crítica.
Si bien la cobertura internacional enfatiza el panorama actual de Nicaragua, Carlos Chamorro definió que esta realidad surge como el resultado de una larga historia desarrollada desde la década pasada. El periodista refirió que Daniel Ortega llegó al poder en enero del 2007 con un discurso sobre resiliencia: “pedimos perdón, aquí no hubo censura; vamos a combatir la corrupción”. Años después, cuando la prensa independiente continuó con su labor de investigación, esta figura “prodemocracia” se desvaneció.
Para Chamorro, la tolerancia hacia la crítica social duró hasta el 2018 cuando la ciudadanía tomó las calles y Ortega perdió su afinidad política. Este contexto de protestas y cuestionamientos desembocó en los asesinatos y crímenes contra civiles, encarcelamientos injustificados de periodistas, líderes del campesinado, de la sociedad civil, el estudiantado y figuras del sector empresarial.
LAS ALERTAS ROJAS NO CONSIDERADAS
La instalación del régimen ocurrió de forma paulatina, por lo cual, el fundador del Confidencial resaltó algunas luces rojas que muchas personas no visibilizaron en su momento y fueron los principales indicios de una dictadura anunciada. Para Chamorro, la fuerza del régimen orteguista radica en el control político total de los poderes del Estado.
“Ortega antes de llegar al poder fue el líder de la oposición 16 años y en ese proceso como líder de la oposición también hay un proceso de captura de espacios del Estado; hizo pacto con Arnoldo Alemán -presidente antecesor- que desembocó en una reforma constitucional que redujo el umbral para ganar la elección de primera vuelta de 45% al 35% con la diferencia que, si alguien tenía 35 y 5 puntos de ventaja de segundo lugar, ganaba en primera vuelta”, recordó.
Gracias al trato, Ortega ganó la Presidencia en las elecciones del 2006 con el 38% de los votos en la primera vuelta. Sin embargo, una alerta más evidente fue una elección municipal en el gobierno de Ortega plagada de fraude en por lo menos 40 municipios del país. Las elecciones las ganó Eduardo Montealegre, candidato de oposición del Partido Liberal Independiente.
“Esa fue una de las luces rojas, pero los partidos políticos, caso particular del Partido Liberal Constitucionalista que se dividió en dos fracciones, no advirtieron el riesgo que significaba el retorno de Ortega al poder. Hubo también una ola de asaltos y agresiones contra organizaciones de la sociedad civil despojaron de personaría jurídica a distintos grupos -que- persiguieron en el año 2008. Ya Ortega en el gobierno se produce una elección municipal, en esa elección municipal hay un fraude documentado por lo menos en 40 municipios del país empezando por la capital, esa elección la ganó Eduardo Montealegre que era el candidato oposición en este momento del Partido Liberal; la actas le daban a Montealegre la victoria, pero el Consejo Electoral dijo que había ganado Alexis Arguello, campeón mundial de boxeo que después murió trágicamente y al final la oposición no pudo defender el voto en oposición, apostó a que la comunidad internacional, la Unión Europea le iban a dar la razón porque había un fraude que estaba tan a la vista y Ortega impuso el resultado con fuerzas de choque, grupos de presión. Se tomaron Managua con machetes, con palos, con piedras, con armas y establecieron un estado de terror y la oposición no estaba preparada para defender el voto”, lamentó.
El periodista relató que probablemente Nicaragua contaba con que la comunidad internacional reaccionaría ante un fraude “a todas luces”, pero ello no tuvo mayor impacto. Estos fenómenos de duda ante la política de Ortega (2008-2009) coincidieron con la crisis financiera internacional. En este contexto, Estados Unidos retiró la cooperación de la cuenta del Milenio y la Unión Europea tomó una serie de acciones en contra del gobierno.
Probablemente estas reacciones de la comunidad internacional dieron un indicio a la población para creer que la crisis no podría agravarse; sin embargo, lo ha hecho hasta la actualidad.
“Siguió acumulando poder y ahí se abrió un proceso de esos que el gobierno llamó alianza de un modelo de diálogo en consenso con el sector empresarial, que abrió oportunidades económicas para las cámaras empresariales y los grupos empresariales de inversión en Nicaragua, a partir de un mecanismo bastante expedito, sin pasar por mucho trámite, pero a costa de transparencias y a costa de la democracia”, dijo Chamorro.
EL APARTAMIENTO DEL SECTOR EMPRESARIAL
“La alianza entre el sector privado y el gobierno se restringía a los aspectos económicos, no a los políticos”, mencionó el periodista; la alianza con el sector empresarial otorgó estabilidad económica al país con tasas de crecimiento continuas durante 6 u 8 años en un 4.5% y una atracción importante de inversión extranjera, regional de Centroamérica, Colombia, México y Estados Unidos. “Eso colapsó con las protestas de abril 2018, cuando la gente salió a protestar y a plantear una serie de reclamos”, agregó.
Ortega continuaba recibiendo fondos por la cooperación venezolana de Hugo Chávez. “Ortega se benefició de una cooperación económica que representó como US $5,000 millones; estamos hablando de US $500 millones anuales en un presupuesto paralelo, que se manejó fuera del presupuesto del Estado”, detalló el periodista.
Ello le permitió apoyar programas sociales, financiar el partido y “manejar una situación cómoda con el sector empresarial.
No obstante, la cooperación venezolana se acabó con la caída del precio del petróleo; en ese momento, describió, iniciaron las tensiones y el gobierno optó por reformas tributarias. A raíz de esto hubo una protesta, que Carlos recordó como pequeña, pero que de todos modos fue reprimida.
“Eso generó una cadena de protestas, primero en las universidades públicas, después se extendió de una manera más abierta y el régimen no estaba diseñado para gobernar con oposición; en el momento en que la gente salió a desafiar, lo que ocurrió fue que dieron la orden: ‘vamos con todo’”, acotó.
La represión fue resumida por el periodista como un ataque de la fuerza policial y grupos paramilitares contra la población y el asesinato impune de más de 300 personas. “Eso hizo colapsar la relación entre el sector privado y un gobierno represivo, que empezó a apoyar a la sociedad y la idea de agilizar las elecciones”, indicó.
La ruptura de la relación empresarial y el gobierno, a su vez se tradujo en una relación tensa con tres empresarios en Nicaragua, quienes fueron encarcelados por apoyar el movimiento prodemocracia.
EL MARCO ECONÓMICO ACTUAL
Según lo señalado por Chamorro, Ortega aún tiene fuentes de financiamiento internacional. La primera es el Banco Centroamericano de Integración Económica; Taiwán sigue siendo uno de sus principales aliados y obtiene recursos del Fondo Monetario Internacional (FMI) y en un menor grado del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Banco Mundial.
Aunque este escenario aún parezca favorable, el periodista de investigación puntualizó que no es un gobierno sostenible. “Creo que el tema de la ilegitimidad es que, de alguna manera, marca un problema de sostenibilidad para ese gobierno. No le pone una fecha de caducidad, pero es claro que no es un gobierno sostenible. Nicaragua no tiene petróleo como Venezuela y ahí entra a jugar mucho la economía, si se reestablece o no las libertades”, distinguió.
UN ESTADO COOPTADO
El periodista resumió que “lo que ocurrió entre 2009 y 2017 fue que hubo una especie de cogobierno económico. Ortega consolidó el monopolio de la política, incluso se reeligió en 2011”. Esta continuidad en la Presidencia se dio en un marco ilegal considerando que la Constitución nicaragüense prohíbe la candidatura a quienes ya hayan ejercido el poder dos veces o estuvieran ejerciendo el cargo. Entonces, ¿cómo logró la reelección?
“Ortega estaba crucificado por los dos lados y por otro no tuvo los votos suficientes para cambiar la Constitución, entonces recurrió a un atajo por el control que ya tenía de la sala de la Corte Suprema Justicia y la corte inventó un fallo de que ese impedimento violaba sus derechos humanos y ese fallo posteriormente fue aceptado por la corte y le permitió a Ortega inscribirse y se reeligió en el 2011 bajo ese paraguas”, respondió Chamorro.
Sumado a esta relación con la Corte Suprema de Justicia está la cooptación de la fiscalía y las fuerzas de seguridad. “Los fiscales profesionales y honestos todos fueron despedidos o se fueron. Lo mismo pasaba con algunos jueces, pero en Nicaragua no hay una sola ventana de autonomía ni en el sistema judicial ni en la fiscalía, ni en la policía, ni en la contraloría, ni en ninguna instancia de gobierno”, describió.
A su vez, a este monopolio político se le adhiere la cooperación del Consejo Supremo Electoral. Chamorro agregó que la cooptación de los órganos estatales fue un proceso largo de 6 a 8 años “desde abajo” en algunos sectores, pero una vez en el poder este control fue absoluto.
GUERRA A LA PRENSA INDEPENDIENTE
Desde su posición como fundador de un medio periodístico independiente, Carlos Chamorro recordó desde su vivencia el rol de la prensa como principal incomodador del gobierno de Ortega. “El cierre de la libertad de prensa en Nicaragua ha sido gradual, progresivo, pero brutal al mismo tiempo. Hoy está tomado el diario La Prensa, el Confidencial, 100% Noticias; Radio Darío fue destruido”, resumió.
“La política del régimen, desde el inicio, fue una política de intimidación, agresión y cierre total de los espacios de acceso a la información pública”, puntualizó. En Nicaragua se aprobó una ley de acceso a la información pública, pero que nunca se cumplió en la praxis.
Como consecuencia del trabajo de investigación sobre la corrupción, los fondos de la cooperación venezolana y violaciones de Derechos Humanos, la policía allanó al Confidencial y al medio 100% Noticias en el 2018. Para no ser encarcelado, Carlos tuvo que exiliarse en Costa Rica y volvió en el 2019 con la idea optimista —quizá un poco ingenua— de luchar por el cumplimiento de sus derechos y la recuperación de su redacción, pero nada de eso ocurrió.
A inicios del 2021 el gobierno confiscó la sede del Confidencial, bajo la disposición de utilizar el espacio para instalar una clínica materna. “Esa clínica se convirtió en una mampara -cortina-”, aseguró el periodista, “sí la inauguraron, pero dos semanas después llegaron reporteros nuestros para hacer un reportaje, llegaron como pacientes y lo único que había eran policías, no había ninguna clínica materna”, agregó.
Correspondientemente, el Confidencial creó una redacción improvisada que, nuevamente, fue llanada. De acuerdo con su relato los policías demandaron “¿dónde están los golpistas?”, robaron los equipos y ahí inició una nueva ola de represión contra líderes políticos y de sociedad civil, pero, particularmente a los rivales de Ortega por la Presidencia. Actualmente siete presidenciables guardan prisión, una por supuestamente lavar dinero, y los otros seis por presunta conspiración y menoscabo de la soberanía nacional traición a la patria.
LA SOLUCIÓN DEBE PROVENIR DE LA ACTUACIÓN COLLECTIVA
Es evidente para Chamorro que Ortega tiene el respaldo de las instituciones gubernamentales, por lo cual, el frente de cambio debe provenir de los sectores internos y extranjeros. La solución concreta la catalogó como la suspensión del Estado Policial, es decir, garantizar las libertades democráticas constitucionales de la ciudadanía.
“Pero Ortega no está dispuesto voluntariamente a hacer eso, se requiere, por lo tanto, una presión externa e interna de la comunidad nacional, del sector empresarial, de la iglesia católica, de la sociedad civil y de la comunidad internacional”, planteó.
Aunado a lo anterior propuso una reforma en el sistema electoral junto con la liberación de los presos políticos. “Este país, para salir de la crisis, necesita una reforma electoral para ir a otra elección. Y eso solo es posible en libertad; no se puede volver a intentar hacer una farsa de elecciones cuando el país está preso”, sostuvo.
UN MENSAJE CLARO
Como reflexión final, declaró que cada país es responsable de idear sus propias vías para “evitar tener más Ortegas en el mundo”, pero la lección que se puede aprender a partir de la historia nicaragüense es: no se pueden sacrificar las libertades democráticas ni la transparencia en las instituciones por la economía.
“Cada país, cada sociedad tiene que darle respuesta a esa pregunta, pero si hay algo que se puede aprender de la lección de Nicaragua es que no se pueden sacrificar las libertades, no se pueden sacrificar ni las libertades democráticas, ni la transparencia, ni las instituciones democráticas por la economía o por simplemente el funcionamiento de la economía de mercado. Las dos cosas tienen que ir inseparables de la mano. Por mucho tiempo Nicaragua la gente decía bueno sí, pero es que conmigo no se han metido y no ha pasado nada y yo puedo seguir funcionando de manera correcta, están solamente molestando a aquellos que se están metiendo en política, pero es que la política no es algo separado de toda la sociedad, la política es construcción de instituciones democráticas y en eso tiene tanta responsabilidad la sociedad civil como los partidos políticos, pero también el sector empresarial y las organizaciones que ejercen un liderazgo moral como la iglesia Católica que en Nicaragua ha jugado un papel muy importante”, remarcó.
Por último, respecto al rol del narcotráfico con el régimen Ortega lo calificó como un “hoyo negro”, porque no existe información verificable y que en algún momento el gobierno se “jactó” de una política de colaboración con la DEA para las incautaciones de drogas, “pero cada vez existen más dudas y menos claridad sobre si hay o no hay entendimientos o acuerdos de los carteles de las drogas para operar en Nicaragua para traficar”, finalizó.
