El lunes 16 de agosto 11 mujeres guatemaltecas presentaron una acción de inconstitucionalidad contra el decreto 4-2020 del Congreso de la República, reformas a la Ley de Organizaciones no Gubernamentales (ONG). Dos de las impugnantes, Maritza Velásquez y Patricia Pinto, profundizaron en una entrevista sobre el recurso presentado y cómo esta normativa atenta contra el desarrollo de las mujeres en el país.
Maritza Velásquez de la Colectiva para la Defensa de los Derechos de las Mujeres en Guatemala (CODEFEM) explicó que el lunes se presentaron a la Corte de Constitucionalidad 11 mujeres a título propio para impugnar la Ley de ONG. Para la acción de inconstitucionalidad mencionó que contaron con el apoyo de tres abogadas que redactaron el memorial.
Patricia Pinto, de la Asociación de Trabajadoras del Hogar a Domicilio y Maquila (Apradom) resumió que la acción de inconstitucionalidad es aplicable a todo el decreto 4-2020, pues consideran que todos sus artículos violan la Constitución Política de la República. “Esta acción se está haciendo a todos los artículos del decreto, porque consideramos que es inconstitucional”, declaró la economista de profesión.
Para el recurso de inconstitucionalidad citaron fuentes internacionales como el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW), la Plataforma de Acción Mundial entre otros recursos ratificados con Guatemala.
Desde una perspectiva legal, Pinto refirió que la Constitución otorga la libertad de asociación y participación ciudadana, las cuales según las defensoras son restringidas en el decreto 4-2020. Esta ley fue aprobada en febrero del 2020, pero otras impugnaciones interpuestas lograron retrasar la vigencia de la normativa por más de un año mientras se revisaba su contenido jurídico y apego a la Constitución Política de la República.
El lunes 2 de agosto se publicó el reglamento de la ley en el Diario Oficial, en el cual destaca:
1. La facultad del Ministerio de Gobernación (Mingob) para llevar el registro de las ONG a cargo del Registro de Personas Jurídicas (Repeju), su fiscalización y cancelación si el órgano considera que las actividades alteran el orden público.
2. La obligación de las organizaciones de informar al Ministerio de Relaciones Exteriores (Minex) sobre la recepción de sus fondos, así como la inscripción de iniciativas internacionales con la cartera.
3. En el documento oficial se faculta al Mingob, Contraloría General de Cunetas (CGC) y Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) para supervisar a las ONG.
¿QUÉ TANTA CREDIBILIDAD TIENEN LAS INSTITUCIONES PARA REGULAR A LAS ONG?
Respecto a lo anterior, las defensoras de Derechos Humanos cuestionaron si las instituciones encargadas de supervisar el manejo de las ONG son idóneas para la tarea. En primer punto se analizó la gestión de Gendri Reyes, actual ministro de Gobernación, quien el 21 de noviembre del año pasado permitió los ataques policiales contra manifestantes en la zona 1 capitalina.
“Guatemala reconoce en su Constitución los Derechos Humanos, quien no los reconoce y no los respeta no debería ser funcionario público. Que cayera en manos de Gobernación es por esa vinculación que tiene con el Repeju, pero no es la persona con calidad para hacerlo”, explicó Pinto.
Seguidamente, Patricia Pinto formuló que las instituciones no han comprobado el cumplimiento efectivo de sus funciones, por lo tanto, consideró que no serían competentes para supervisar lo establecido en el decreto 4-2020. “Guatemala en todos estos años no ha podido asumir la deuda pública y ha sido incapaz de darle una respuesta a la población, entonces ahora con esta Ley les molesta porque quieren seguir robando y no rendir cuentas”, declaró.
¿CÓMO ATENTA LA LEY CONTRA LAS MUJERES?
En otro punto de la conversación se planteó cómo la Ley de ONG podría afectar la vida de las mujeres guatemaltecas. Tanto Patricia como Maritza han trabajado de cerca con mujeres de distintos sectores y explicaron que el papel principal de las Organizaciones no Gubernamentales ha sido brindar el apoyo que el Estado ha negado.
“Nosotras mediante el trabajo con las organizaciones estamos poniendo en la agenda pública el trabajo que el Estado ha sido incapaz de poder atender en la población, específicamente en las mujeres”, dijo la licenciada Pinto. “Hacemos como organizaciones todo aquello que el Estado ha evadido asumir, y eso mismo ha sido por la corrupción, porque nunca hay fondos, nunca hay recursos disponibles para darle a la población lo que se merece: mejores hospitales, mejor atención, más medicamentos, acompañamiento legal, jurídica y en los casos de violencia”, detalló.
Por lo anterior, puntualizaron que, si las ONG desaparecen, el acompañamiento a mujeres víctimas también lo hará. “La precariedad de las mujeres se agudizó con la pandemia, no hablemos de las compañeras que trabajaban en casas particulares cuyo trabajo fue arrebatado sin remuneración, sin seguridad social”.
Maritza Velásquez secundó mencionando que para mujeres cuyos derechos laborales son vulnerados el proceso legal y judicial puede ser lento, sin mencionar que no todas pueden costear un abogado personal y eficiente. “Somos las organizaciones, fundaciones las que brindamos ese acompañamiento jurídico para la resolución de los casos. Con esta ley se eliminaría este apoyo que nosotras no cobramos, porque son mujeres de escasos recursos”, describió.
Del mismo modo señaló que las organizaciones están disponibles a las mujeres todo el día, mientras que las instituciones públicas atienden dentro de un horario. “Estamos las 24 horas atendiendo y un funcionario de gobierno a las 4:00 apaga el celular y ya no atienden más casos. Yo tengo el celular encendido todo el día, porque son mujeres que están solas y hay que darles acompañamiento”, enfatizó.
“El Estado no pudo atender esas demandas en la vida de las mujeres”, aseguró Pinto, “es por eso que existimos las organizaciones y por eso demandamos a la Corte de Constitucionalidad que declare con lugar el recurso que impusimos, no solo las mujeres, sino los otros 8 recursos anteriores”
ORGANIZACIONES CUESTIONAN ACTUAR DE LA CC: VEN UNA AGENDA POLÍTICA
Por otro lado, las defensoras de mujeres analizaron el actuar de la Corte de Constitucionalidad (CC) actual, quien pareciera favorecer a ciertos actores mientras perjudica a otros. “Le hacemos un llamado también al presidente Giammattei, quien dijo en su discurso que respetaría las garantías constitucionales, entonces que comience con el ejercicio de dejar sin efecto esta ley”, expresaron las defensoras.
Asimismo, formularon que los tintes políticos en la Corte mueven las decisiones tomadas en torno a las impugnaciones contra el decreto 4-2020. “Con este decreto quieren ejercer un control excesivo del quehacer de las oenegés porque quieren limitar el ejercicio ciudadano y la participación. Los gobiernos cada 4 años se olvidan de que deben rendir cuentas y la redición de cuentas y fiscalización es la voz ciudadana que levantan las oenegés”, dijo Patricia Pinto.
Agregó que las exigencias ciudadanas giran en torno a “pedirle al Estado que brinde información y rinda cuentas”. En esa línea Velásquez mencionó que “es fuerte como los diputados hacen esta ley encomendada por el Ejecutivo, porque es este quien quiere controlar el derecho a la manifestación y expresión y nosotros somos quienes señalan los pecados que están cometiendo”.
Para concluir con la entrevista, Patricia Pinto y Maritza Velásquez reconocieron que la CC debería actuar conforme al orden constitucional y legal, pero, de no ser así aseguraron que agotarán todas las medidas en el marco guatemalteco y trascenderán a la ley internacional de ser necesario. “Si no lo declaran con lugar, nosotros tendríamos que irnos a la ley internacional, porque ellos no son los reyes de este lugar. Sería un camino más largo, pero lo vamos a hacer”, aseguró Pinto.
