El Ministerio Público anunció la destitución de Juan Francisco Sandoval, quien hasta ayer fungía como jefe de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI). En el anuncio oficial, la fiscal general, María Consuelo Porras citó a la Ley Orgánica de la entidad y la Constitución Política de la República para respaldar su decisión, pero ninguna de ellas la faculta para destituir a fiscales de carrera sin un procedimiento previo.
La decisión fue argumentada por la fiscal general como una medida “ante los constantes abusos y frecuentes atropellos de los cuales la institucionalidad del Ministerio Público ha sido objeto, así como el irrespeto que como mujer, funcionaria y profesional del derecho ha sido víctima desde el inicio de su gestión para menoscabar su trabajo, integridad y dignidad”.
Del mismo modo refirió en su comunicado al artículo 251 de la Constitución Política de la República y la Ley Orgánica del Ministerio Público, mismas que establecen a la fiscal general (María Consuelo Porras Argueta) como responsable y autoridad de la institución con cobertura a nivel nacional, no obstante, esto no faculta para destituir a un fiscal de carrera como lo era Juan Francisco Sandoval.
Lea: OACNUDH: En destitución de fiscales se debe cumplir el principio de legalidad
SOLO PODRÁ DESTITUIR A FISCALES POR ILEGALIDADES GRAVES
La Ley Orgánica del Ministerio Público dicta que la única vía de remoción de un(a) fiscal es por motivos disciplinarios; para ello deberá decretarse el derecho de defensa y la proporcionalidad entre otros. Según el principio de legalidad, establecido en el Art. 60, numeral 1 de esta normativa, “solo podrá imponérseles sanción disciplinaria cuando realicen acciones u omisiones previstas como falta en la ley y siguiendo el procedimiento establecido en esta Ley y sus reglamentos”.
En todo caso, el Art. 63 de la Ley Orgánica de la fiscalía general establece que, si el funcionario emite faltas muy graves, la sanción corresponderá a una suspensión hasta de 90 días sin goce de sueldo o destitución.
ARBITRARIAMENTE ILEGAL
En el comunicado oficial del Ministerio Público no se menciona que la remoción de Sandoval haya sido en consecuencia de un procedimiento disciplinario en el que se hayan irrespetado los derechos de defensa, el principio de legalidad o se haya establecido la proporcionalidad entre una falta y la sanción de destitución. Por tanto, tal cual lo describió previamente la exfiscal Claudia Paz y Paz, esta fue una decisión “arbitrariamente ilegal”.
Además de lo mencionado anteriormente, con base en el Art. 76 de la Ley Orgánica del MP, el sistema de carrera profesional está sujeto a los principios de objetividad, transparencia y estabilidad, lo cual implica que se mantiene la estabilidad en el cargo de la persona mientras no se incurra en causa legal para su cese. La decisión de Consuelo Porras viola este principio, explicó una fuente que ha estudiado la normativa.
MENSAJE DEL MP ES INCONGRUENTE CONS SUS ACTOS
En una parte del anuncio del Ministerio Público se describió que “el pueblo de Guatemala merece que sus derechos y garantías sean respetados por lo que ya no se puede tolerar ningún tipo de acontecimiento que afecte los principios de legalidad, imparcialidad y objetividad que inspiran la justicia”; sin embargo, las decisiones de la fiscal general con incongruentes con el marco de legalidad, objetividad e imparcialidad que planteó.
Por medio de un comunicado, el MP dio a conocer que la Fiscal General, Consuelo Porras ha tomado la decisión de remover del cargo al titular de la FECI, Juan Francisco Sandoval. pic.twitter.com/yZHhLGGjSo
— Diario La Hora (@lahoragt) July 23, 2021
SANDOVAL ES DESTITUIDO MIENTRAS ÁNGEL PINEDA PERMANECE EN SU PUESTO
El 1 de junio de este año se conoció que Ángel Pineda sería el nuevo secretario general del Ministerio Público, un cargo cercano a la fiscal Porras. Pineda fue reconocido en octubre del 2020 por replicar contenido de netcenters que atacaban el trabajo de Juan Francisco Sandoval.
Pineda además es señalado de filtrar información del Ministerio Público a otras personas externas como Alejandra Carrillo, directora del Instituto de la Víctima; ligado a ello se presume que una de las filtraciones pudo estropear la captura del exministro de Cultura y Deportes Elder Súchite. Pese a las acusaciones anteriores, Pineda sigue ocupando el cargo, mientras que Juan Francisco Sandoval fue removido sin justificación legal válida.
