Hoy se llevó a cabo la primera jornada del VIII Congreso de Estudios del Desarrollo organizado por la Universidad del Valle de Guatemala (UVG), en colaboración con ONU Mujeres bajo la temática: “Economía y Desarrollo en tiempos de COVID-19: desafíos para las mujeres y las instituciones”. En este foro se discutieron los desafíos que las ciudadanas de Guatemala enfrentan en la vida diaria, así como las dificultades en el acceso a seguridad social y fuentes de empleo, además de la brecha de ingresos económicos entre hombres y mujeres.
Para las ponentes, una solución a la marginación de la mujer, es el empoderamiento femenino. Adriana Quiñones, representante de Guatemala en ONU Mujeres detalló que el empoderamiento de las mujeres influye en distintos campos de la vida, en la toma de decisiones en el hogar, la emancipación económica y fomenta la participación de mujeres en la política y más temas de interés nacional, por ende, aporta al desarrollo de Guatemala en general.
Agregó que, actualmente la tasa de participación laboral de las mujeres solo llega al 39%, cantidad minoritaria en comparación con el 86% de hombres que desempeñan actividades laborales. Además, existen estimaciones de que el 60% de las mujeres no cuentan con ingresos propios, lo cual “las coloca en una situación de vulnerabilidad y dependencia”.
En términos del mercado laboral, Quiñones compartió que los hombres reciben ingresos mensuales 12% mayores al de las mujeres; en puestos directivos la diferencia aumenta al 42%.
Asimismo, la representante de ONU mujeres expuso que, existe una mayor distribución de pobreza en la población femenina: 51.2% de las personas en pobreza general son mujeres, así como del 50.2% de la población en pobreza extrema. “Esta situación, así como la baja participación en el mercado laboral, coloca a las mujeres en una situación de vulnerabilidad”, dijo.
PANDEMIA AFECTÓ EN MAYOR MEDIDA A LAS MUJERES
Mencionó que la pandemia de COVID-19 afectó en mayor medida a mujeres madres que laboran, mujeres de la economía informal y trabajadoras domésticas. Según Adriana Quiñones el cierre temporal de guarderías y escuelas dificultó el trabajo de las mujeres activas en el mercado laboral, pues a su jornada diaria se le sumó la atención de los hijos e hijas; en la economía informal la reducción de ventas afectó a quienes desempeñan esta actividad al igual que a las trabajadoras domésticas que fueron despedidas y quienes no contaban con prestaciones, ni seguridad social durante la pandemia.
“Tomando en cuenta este contexto nacional de la situación de las mujeres, es imprescindible hablar sobre el empoderamiento de las mujeres. También es un pilar fundamental de la política nacional de este gobierno, en donde el empoderamiento y crecimiento económico se conceptualiza como un eje de desarrollo, y en el proceso de reactivación económica las mujeres tienen muchísimo para contribuir”, puntualizó Quiñones.
MUJERES DE LA ECONOMÍA INFORMAL SON INVISIBILIZADAS
Por su parte, Magaly Duarte, subsecretaria de la Secretaría Presidencial de la Mujer (SEPREM), inició su ponencia describiendo que el empoderamiento de la mujer tiene cinco visiones principales: la salud, educación, participación, erradicación de la violencia y fomento de la economía individual. Para Duarte ese último punto es esencial para el ejercicio de los demás ya que “si una mujer se encuentra empoderada económicamente va a poder tener el acceso a la salud; va a tener el empoderamiento para decidir, fortalecer sus decisiones y ser parte dentro de la sociedad que a veces la mantiene marginada”.
Del mismo modo, comentó que la independencia económica está ligada al acceso a fuentes de trabajo formal que permitan el acceso a seguridad social y créditos. “En Guatemala podemos ver que hay muchas mujeres que realizan economía informal, que no están visibles para los derechos que se deberían obtener”, declaró.
Duarte agregó que, en Guatemala, derivado de la pandemia, hubo programas para extender ayuda económica a las personas que ejercían una economía informal; sin embargo, no existía un registro de todas las mujeres que emprenden desde sus hogares en redes sociales o en la economía informal.
Según la Encuesta Nacional de Condiciones de Vida (Encovi), en el 2014 las mujeres en Guatemala trabajaban trece horas diarias en promedio, de las cuales solo siete eran remuneradas, mientras que los hombres trabajaban once horas diarias, y se les pagaban nueve. “Esto significa que las mujeres dedican siete veces más tiempo que los hombres a actividades de trabajo no remunerado”, aportó Magaly Duarte y agregó que sobre estas tareas muchas veces recae la atención de la familia y del hogar.
MINECO: EXISTEN BARRERAS EN LA INCLUSIÓN FINANCIERA
Sara Alonzo, encargada del órgano de género, pueblos indígenas y personas con diversidad funcional del Ministerio de Economía (Mineco) abordó el tema de la inclusión financiera de las mujeres. Acota que existen retos técnicos, de organización y políticos para que este grupo pueda tener un mayor acceso financiero a través de los sistemas bancarios y cooperativas, para ello opinó que es vital sobrepasar tres barreras: la de demanda, la de oferta y las barreras legales y regulatorias visibles en el acceso financiero.
“Esto incluye características que impiden que las mujeres usen un financiamiento, así como la falta de oportunidades para trabajar fuera de la casa o la falta de activos que sirvan como colaterales o garantías de crédito. Creo que en Guatemala no se puede identificar tanto, pero existen barreras legales y regulatorias para que por ejemplo las mujeres sean dueñas de sus propios terrenos y propiedades o que puedan ser usados como colaterales”, explicó la encargada de género respecto a las dificultades estructurales para el desarrollo de las mujeres en Guatemala.
MARCO CONCEPTUAL DE LAS MUJERES EN GUATEMALA
Según un informe de ONU Mujeres y la Asociación de Investigación y Estudios Sociales (Asies), con base en el censo nacional del 2018, Guatemala comprende una población de 16,604,026 personas aproximadamente, de las cuales el 50.8% son mujeres. De esa cantidad 6,518,846 habitantes son personas indígenas, 48% de ellas, mujeres.
En ese mismo año se determinó que el 60% de las mujeres no contaban con ingresos propios, la mayoría de ellas habitaba en el área rural (70%).
Según datos de Naciones Unidas, el país posee una desigualdad de género de 0.492, sobrepasando a Honduras, Venezuela, Nicaragua y Bolivia; ocupa el puesto 118 de un listado de 162 países con desigualdad de género en un estudio de la ONU en 2018.
