El Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi) compartió un estudio reflexivo sobre economía y manejo fiscal. En él expone que la falta de transparencia, mal manejo de recursos, y en general, la corrupción ha afectado colateralmente al sector tributario, de salud, educación y a la población en general en cuanto a índices de pobreza y pobreza extrema e impulsado la migración.
Icefi destacó en el informe la facilidad de las autoridades para cometer actos de corrupción lo cual ha contribuido a la ineficiencia en el uso de los recursos públicos existentes.
La falta de transparencia en el uso de dichos recursos y la falta de una gestión pública basada en resultados dificulta la evaluación del correcto uso de fondos públicos, añade el documento.
La corrupción en el gobierno no solo afecta a las demás áreas institucionales del país, Icefi describe que los resultados de la administración pública afectan percepción de los ciudadanos respecto a sus gobernantes y la calidad de vida de los guatemaltecos.
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LA MALA POLÍTICA FISCAL DESACELERA EL DESARROLLO
De conformidad con los datos recopilados por Icefi, el gasto público ascendió en 2020 a Q93,529 millones, cifra que representa alrededor del 16.6% del PIB y constituye el mayor valor registrado durante la última década; la entidad menciona que el incremento ha sido consecuencia de las medidas emprendidas por las autoridades gubernamentales para mitigar los efectos de la pandemia.
A pesar de los esfuerzos por utilizar más recursos en beneficio del país, Icefi refiere que el gasto no ha satisfecho a un país donde el 59.3% de su población vive en situación de pobreza y otro 23.4% en pobreza extrema. De hecho, las cifras de pobreza han aumentado exponencialmente con el tiempo; en 2006, la pobreza alcanzaba al 51% de la población y 15.2% vivía en pobreza extrema.
“Estos retrocesos en las condiciones de pobreza dan cuenta del fracaso de la política pública en Guatemala pues, a pesar de haberse implementado acciones para erradicar la pobreza, el deterioro de los indicadores de pobreza refleja el incumplimiento en la garantía de los derechos de la población y, además, que los recursos públicos destinados al combate a la pobreza no han sido utilizados de forma eficiente”, señala el instituto de estudios.
POLÍTICA FISCAL POR EL LADO DEL INGRESO ECONÓMICO
Icefi detalló que, en términos del Producto Interno Bruto (PIB), y con los datos del Fondo Monetario Internacional (FMI) del 2020, Guatemala es el décimo país en el mundo con los ingresos más bajos a nivel del gobierno general. En una escala latinoamericana, Guatemala es el tercer país de Latinoamérica y el Caribe con los ingresos más bajos de la región, solamente por detrás de Venezuela y Haití.
El instituto acotó que en 2020 los ingresos del gobierno general alcanzaron el 10.8% del PIB, una de las cifras más bajas observadas en las últimas dos décadas, de la cual el 94.1% correspondió a ingresos tributarios. En ese sentido, los ingresos tributarios representan alrededor del 10.1% del PIB, cifra que “refleja la disminución histórica que ha registrado la carga tributaria y que obedece, principalmente, a una reducción de la productividad tributaria, así como de la eficiencia del trabajo de la administración tributaria”.
Estos delitos fiscales son causados, para la organización, parcialmente por una baja eficiencia en la regularización de impuestos. “La carencia de recursos públicos se ha manifestado en una decreciente carga tributaria, y es resultado de una baja eficiencia de la administración tributaria, altos niveles de evasión (incumplimiento tributario), contrabando, flujos ilícitos de capital y de un eficaz otorgamiento de tratamientos tributarios diferenciado”, expresó el instituto.
Icefi menciona que ante el crecimiento de evasión tributaria se debe tomar en cuenta que el gobierno de Guatemala no impulsó de reducción del pago en impuestos para atender parcialmente la situación de los contribuyentes ante la pandemia Covid-19.
IMPACTO EN SALUD Y EDUCACIÓN
Icefi indicó que dos de los sectores más perjudicados por la corrupción y centralización de recursos han sido las áreas de salud y educación, esto basado en la insuficiencia reflejada por los indicadores de cobertura y calidad de los servicios públicos.
En el caso de la educación, en 2019 la tasa neta de cobertura educativa de la preprimaria alcanzó el 61.9%; en primaria fue de 93.3%; la educación básica alcanzó una cobertura neta de 48.9% y el nivel diversificado presentó la menor cobertura, con un 25.6%. Lo cual explica la entidad, significa que en 2019 hubo aproximadamente 1.9 millones de niñas, niños y adolescentes, de entre 5 y 18 años, fuera de las escuelas e institutos.
Por otro lado, las pruebas de logro escolar reflejaron la baja calidad de la educación pública. En 2019, del total de graduandos evaluados solamente el 37% alcanzó la calificación mínima esperada en Lectura y apenas un 13.6% la obtuvo en Matemáticas. El instituto aclaró que los resultados de estas pruebas tienden a ser favorables con estudiantes que viven en áreas urbanas en el sector privado y que son mestizos.
“En cuanto a la salud pública diversos informes señalan que el acceso a los servicios de salud es injusto al existir diversas disparidades entre zonas urbanas y rurales, lo que afecta de manera desproporcionada a la población indígena”, declaró Icefi.
Aquí se describe al sistema de salud como un servicio “segmentado y fragmentado, con un primer y segundo nivel de atención de muy baja capacidad resolutiva y una atención predominantemente individual, con poca comprensión sobre las condiciones sociales, ambientales y comunitarias”.
