Por Jeanelly Vásquez
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En su facultad de procurador de los Derechos Humanos, Jordán Rodas envió una denuncia al Ministerio Público (MP) contra la dirección de Comunicación del Congreso de la República por abuso de autoridad, asociación ilícita, usurpación de atribuciones y tráfico de influencias.
“Por este medio respetuosamente comparezco a interponer y promover denuncia penal, por la posible comisión de los delitos de abuso de autoridad, asociación ilícita, usurpación de atribuciones y tráfico de influencias”, indicó el Procurador.
La denuncia fue remitida específicamente contra Joselyn Fernanda Mérida Solano, directora del área de Comunicación Social del Organismo Legislativo y José Fernando López Castañeda, subdirector de esta, y otras personas no identificadas que pudieron participar en los delitos.
PDH presenta denuncia al MP por abuso de autoridad, asociación ilícita, usurpación de atribuciones, tráfico de influencias y campaña de desprestigio en su contra realizada por la Dirección de Comunicación del Congreso de la República. pic.twitter.com/WXuVAzliis
— Diario La Hora (@lahoragt) May 25, 2021
LOS HECHOS
Rodas recuerda en el documento que el 20 de mayo de este año el medio digital Vox Populi publicó un artículo titulado “La estrategia del Congreso para atacar a políticos y funcionarios”, el cual consiste en una investigación periodística sobre cómo la Dirección de Comunicación del Congreso generó contenido mediático y político contra el magistrado de conciencia.
“Se publicaron imágenes y audios en las cuales se dice que Joselyn Fernanda Mérida Solano y José Fernando López Castañeda, haciendo uso de su cargo público, giran instrucciones a personal subalterno para generar contenido mediático y político contra mi persona como Procurador de los Derechos Humanos”, relató Jordán Rodas.
Asimismo, agrega que en el reportaje se reveló que ambos funcionarios entregarían material audiovisual que finalmente fue distribuido a los comisionados de la Organización de Estados Americanos que arribaron al país en diciembre, para hacerlo ver como si estuviera actuando fuera de su mandato constitucional.
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El procurador distingue que los actos cometidos no están entre las labores y obligaciones de la Dirección de Comunicación. Según el artículo 162 BIS del decreto 63-94 de la Ley Orgánica del Organismo Legislativo, las funciones de esta unidad son:
a) Planificar, organizar, dirigir y controlar las actividades administrativas de la Dirección a su cargo.
b) Velar por el cumplimiento de las normas y leyes en materia de su competencia.
c) Proponer a la Dirección General del Organismo Legislativo, las políticas, estrategias, manuales y reglamentos correspondientes a su dirección.
d) Dirigir al recurso humano a su cargo.
e) Participar en la elaboración de propuestas que permitan mejorar los procedimientos administrativos.
f) Coordinar las actividades de formulación y ejecución de programas de la Dirección a su cargo.
g) Elaborar el Plan Operativo Anual de la Dirección a su cargo.
h) Presentar informes semanales del desarrollo de la Dirección a su cargo a la Dirección General.
i) Asistir a reuniones convocadas por Junta Directiva y Dirección General.
j) Convocar al recurso humano bajo su dirección a reuniones periódicas, para analizar el desempeño de las funciones asignadas.
k) Proponer las políticas, estrategias, manuales y reglamentos necesarios en la dirección.
Conforme a lo anterior, el Procurador argumenta que la unidad de Comunicación cometió actos ilícitos y arbitrarios que a su vez conllevan un abuso de autoridad y otorgación de facultades que no corresponden a sus cargos en el Legislativo. “Además, es evidente que los funcionarios denunciados influyeron en funcionarios públicos valiéndose de su jerarquía para provocar un detrimento de mi persona como Procurador de los Derechos Humanos”, remarcó.
Con base en lo mencionado, el magistrado de conciencia exige al Ministerio Público que se inicie la formación del expediente respectivo, además de admitir el trámite de la denuncia presentada para luego dirigirla a la fiscalía correspondiente y realizar la investigación para determinar la culpabilidad o inocencia de los señalados.
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