El lunes 11 de noviembre, Ligia Hernández, directora del Instituto de la Víctima y exdiputada del partido Movimiento Semilla, decidió acogerse a la Ley de Aceptación de Cargos.
Con esta medida, en la que decidió aceptar cargos por el delito de financiamiento electoral no registrado y fiscalización electoral de fondos, Hernández salió de prisión tras estar 90 días privada de libertad, según informó su abogado, Juan José Zaghi a La Hora.
Después de confirmarse la aceptación de cargos de Ligia Hernández, el Ministerio Público (MP), a través de un comunicado en sus redes sociales, brindó más información.
Según el MP, la condena contra la directora del Instituto de la Víctima fue por «los delitos de fiscalización electoral de fondos y financiamiento electoral no registrado«, por lo que se le impuso una pena de un año de prisión por cada una de estas infracciones, además de una multa de Q20 mil.
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El Ministerio Público informa: pic.twitter.com/RRHZPiFse8
— MP de Guatemala (@MPguatemala) November 12, 2024
No obstante, las penas fueron reducidas en un 50 por ciento debido a que Hernández se acogió a este procedimiento, por lo que se le impuso una condena de 6 meses por cada delito y una multa de Q10 mil.
El MP también indicó que la aceptación de cargos “se realizó de manera libre, consciente, voluntaria y suficientemente informada”.
Además, que Ligia Hernández, en su declaración, «aceptó la imputación completa del Ministerio Público, indicando que evitó como parte del personal responsable de la organización política que el Tribunal Supremo Electoral pudiera realizar su función de control y fiscalización de fondos públicos y privados con respecto a las organizaciones políticas».
Además, mencionó que «la agrupación política emitió recibos de ingresos económicos sin identificar al financista» y que Hernández, durante su audiencia, «reconoció que firmó 11 informes financieros».
UN CASO INJUSTIFICADO
La Secretaría de Comunicación Social de la Presidencia emitió un comunicado en el que dijo que «como Gobierno, tenemos la absoluta claridad que Ligia Hernández ha estado enfrentando un caso injustificado y de mera persecución política».
«Son las peores prácticas de una minoría corrupta que se ha resistido a dejar el poder», apuntaron.
Según la reacción de presidencia, siguen respaldando a Hernández y «entendemos que su decisión ha sido difícil, pero que nadie en Guatemala debe tolerar estos tratos».
«Nadie en Guatemala debería aceptar cargos solo por evitar situaciones tortuosas y una prisión preventiva totalmente injusta», argumentaron.
Finalmente, puntualizaron que «estamos estudiando futuras acciones legales para ponerle freno a estas prácticas inhumanas de persecución política, pero respaldamos profundamente a Ligia y le deseamos una pronta recuperación, ahora acompañada de su familia y seres queridos».
Ligia Hernández: acepta cargos y asegura que nada ha cambiado
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