El presidente, Bernardo Arévalo, dio a conocer que presentó ante la Contraloría General de Cuentas (CGC) su declaración patrimonial. Sin embargo, no la hizo pública, como dijo con anterioridad. En conferencia de prensa, indicó que eso lo hará con posterioridad.
Arévalo explicó que está discutiendo con su equipo técnico para hacer la presentación de su patrimonio, de una manera más legible. No obstante, no dio una fecha de cuando la presentará ante la población en general.
Una de las ofertas del mandatario fue que indicaría en qué consiste su declaración patrimonial, con el objetivo de privilegiar la transparencia.
“Lo vamos a hacer en un formato que sea más entendible. El formato de la declaración, es un formato más burocrático que otra cosa, vamos a sacarlo de una manera que refleje los balances fundamentalmente”, manifestó.
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SOLO LO HARÁ EL PRESIDENTE
Se le preguntó al mandatario si ordenará a la vicepresidenta, Karin Herrera, y a los ministros que hagan pública la declaración patrimonial, pero respondió que por ahora solo él la hará pública.
“Sí será pública. La mía la voy a hacer pública. Estamos hablando con el resto del Gabinete, de las condiciones para poder hacer las declaraciones en conjunto, públicas. Hay preocupaciones en los temas de seguridad, precisamente ligadas a todas las series de cuestiones de extorsiones, pero en mi caso será hecha pública, en un par de días, en cuanto le demos el formato adecuado”, respondió.
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DECLARACIÓN PATRIMONIAL
La Contraloría detalla que esta disposición está en la Ley de Probidad y Responsabilidades de Funcionarios y Empleados Públicos, decreto 89-2002, con el objeto de crear normas y procedimientos para transparentar el ejercicio de la administración pública y asegurar la observancia estricta de los preceptos constitucionales y legales en el ejercicio de las funciones públicas estatales, evitar el desvío de los recursos, bienes, fondos y valores públicos en perjuicio de los intereses del Estado.
“La Declaración Jurada Patrimonial es la declaración de bienes, derechos y obligaciones que bajo juramento deben presentar los funcionarios y empleados públicos ante la Contraloría General de Cuentas, como requisito para el ejercicio del cargo o empleo; y, al cesar en el mismo”, describe.
