Porras: ¿La fiscal de los guatemaltecos o de Giammattei?

Una de las funciones del Fiscal General y jefe del Ministerio Público (MP) de acuerdo con la Constitución es velar para que se cumpla con la investigación de los delitos de acción pública y la persecución penal ante los tribunales. Sin embargo, las acciones de la actual titular de la institución, María Consuelo Porras Argueta, generan enormes dudas y cuestionamientos de buena parte de la población.

Aunque la ley ordena que las actuaciones del MP son independientes, sin subordinación a ninguno de los Organismos del Estado ni autoridad alguna, el presidente Alejandro Giammattei dejó evidenciado en una actividad pública todo lo contrario al afirmar que trabajarían juntos y de la mano con Porras, la Fiscal General, a quien la llamó su “amiga”.

 

“Quiero reiterar hoy, aquí y delante de ustedes esa voluntad de este gobierno de poder seguir trabajando de la mano con la amiga, con la doctora Consuelo Porras, para que podamos seguir enfrentando juntos la lucha contra la corrupción”, expresó el gobernante el 9 de julio de 2020.

Además de esa clara relación que marcó Giammattei, las acciones de Porras dejan entredicho su labor en favor de la población en general, a tal grado que pareciera que su trabajo es en favor de sus amigos, entre en los que se encuentra el mandatario y varios de los que forman su entorno, a quienes popularmente se conoce como Alianza Oficialista.

DESMANTELÓ FISCALÍAS QUE DIRIGÍAN CASOS DE ALTO IMPACTO

El artículo 11 de la ley del MP, numeral 8, indica que una de las funciones del Fiscal General es organizar el trabajo de la entidad y efectuar el traslado de los fiscales que crea necesarios para su mejor funcionamiento, en los términos que establece esta ley.

No obstante, Porras hizo cambios en la Fiscalía contra la Corrupción con lo cual logró el debilitamiento de esa instancia, ya que no se han registrado avances en los casos de corrupción de alto impacto que tiene a su cargo, que involucran a funcionarios y exfuncionarios.

 

El 16 de abril del año pasado Porras siguió con sus acciones al remover al entonces jefe de la Fiscalía contra la Corrupción, Stuardo Campo, y lo nombró jefe de la Fiscalía contra el Tráfico Ilícito de Migrantes.

Además, el 10 de julio, Porras trasladó de unidad al auxiliar fiscal Eduardo Pantaleón de la Fiscalía contra la Corrupción pasó a la Fiscalía Liquidadora del MP.

Algunas de las investigaciones que dirigían Campo y Pantaleón son:

 

SIGUE SU ACCIONAR

Otro de los casos es sobre la construcción de la carretera Sanarate-El Rancho, en El Progreso, así como posible corrupción a lo interno de la Unidad Ejecutora de Conservación Vial (Covial) del Ministerio de Comunicaciones y corrupción en el Departamento de Tránsito de la Policía Nacional Civil (PNC).

El Seguro Médico Escolar en la cartera de Educación durante dos años; contrataciones del Estado a favor de empresas vinculadas al entonces presidente del Congreso, Allan Rodríguez (2020 y 2021) y anomalías en la negociación de frecuencias por autoridades de la Superintendencia de Telecomunicaciones (SIT), son otras investigaciones a cargo de la Fiscalía contra la Corrupción que peligran.

 

Asimismo, La Hora reportó en septiembre de 2021, de fuentes, en las cuales indicaron que en los casos del Libramiento de Chimaltenango y Ministerio de Cultura la fiscalía contemplaría una segunda fase en las referidas investigaciones.

El 23 de julio 2021, Porras destituyó a Juan Francisco Sandoval de la jefatura de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI), quien dirigió importantes casos de corrupción en contra de los expresidentes Otto Pérez Molina (2012-2015) y Álvaro Colom Caballeros (2008-2012), la pasada elección de magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y Corte de Apelaciones y de dos magistrados del Tribunal Supremo Electoral (TSE), por falsificación de estudios de postgrado.

Además, antes de que Sandoval abandonara el país, por temor a su vida, dio a conocer que investigaban a Giammattei por una reunión que sostuvo con personas de origen ruso.

EE. UU. LE QUITÓ LA VISA

El 21 de septiembre de 2021, el Departamento de Estado de Estados Unidos anunció que la fiscal general Consuelo Porras fue agregada al listado de actores corruptos y antidemocráticos de la Sección 353, conocida como “Lista Engel”.

La lista incluye a personas involucradas en la corrupción, pero también a quienes han realizado actos de intimidación a instituciones democráticas. Quienes estén incluidos en este listado, tendrán que enfrentar sanciones como la revocación de las visas que posean de cualquier tipo y si no contaban con una ya no serán elegibles por un período de tres años. Aunque podría implicar más sanciones.

Además, tras la destitución de Sandoval, el gobierno estadounidense criticó a Porras, por lo que suspendió temporalmente la cooperación con el MP.

Es una falta de respeto hacia las relaciones internacionales que: primero, se acuse sin pruebas o sustentos; segundo, violar los derechos humanos; y, tercero, dar valor a las declaraciones de quienes cuentan con intereses personales y procesos pendientes en Guatemala.

— Alejandro Giammattei (@DrGiammattei) September 21, 2021

“Hemos perdido la confianza en la fiscal general -Porras- y en sus decisiones e intenciones de cooperar con el gobierno de Estados Unidos y luchar contra la corrupción de buena fe”, afirmó la vocera del Departamento de Estado de EE. UU., Jalina Porter.

Tras la sanción, Giammattei dijo en su cuenta de Tuiter: “Es una falta de respeto hacia las relaciones internacionales que: primero, se acuse sin pruebas o sustentos; segundo, violar los derechos humanos; y, tercero, dar valor a las declaraciones de quienes cuentan con intereses personales y procesos pendientes en Guatemala”.

Antes, el 9 de julio del 2020 durante la inauguración de la Secretaría contra la Corrupción del Ministerio Público, el mandatario envió un mensaje por video en donde llamó “amiga” a Porras.

“Quiero reiterar hoy, aquí y delante de ustedes esa voluntad de este gobierno de poder seguir trabajando de la mano con la amiga, con la doctora Consuelo Porras, para que podamos seguir enfrentando juntos la lucha contra la corrupción”, según mensaje por video,

Agregó: «muy pocas veces en la historia del país se ha tenido tan buena comunicación entre el MP y el Ejecutivo» como la que se tiene ahora con Porras, a quien calificó como «su amiga».

Debemos recordar que se debe respetar la institucionalidad. En una democracia todos los seres humanos tenemos derecho al debido proceso. Recordemos que THE RULE OF LAW incluye esos preceptos universales.

— Alejandro Giammattei (@DrGiammattei) September 21, 2021

SU LUCHA CONTRA FISCALES Y OPERADORES DE JUSTICIA

Recientemente el MP por medio de la FECI dirigida por el fiscal Rafael Curruchiche, tramitó y ejecutó una orden de captura contra la exmandataria de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), Leydi Santizo y de Eva Siomara Sosa, exfiscal de la FECI.

Ambas son señaladas del delito de obstrucción a la justicia y el caso fue declarado bajo reserva, tal como ha sido la norma en los últimos procesos impulsados por Porras.

Antes de su aprehensión, Sosa se presentó hasta tres veces a disposición de las autoridades, pero fue hasta la cuarta ocasión que se hizo efectiva la orden de captura.

Previo a enfrentar a la justicia, Sosa renunció al cargo en el MP, la cual fue aceptada por Porras. Una fuente con conocimiento del tema explicó a La Hora que en tiempo récord resolvieron el tema. “En una semana la Fiscal General Consuelo Porras conoció, resolvió y notificó la renuncia”, indicó.

Ayer, ambas acusadas declararon ante los medios de comunicación que recibieron amenazas e intentos de agresión por parte de los representantes de la Fundación contra el Terrorismo, Ricardo Méndez Ruiz y Raúl Falla, ambos presentes en la diligencia.

El mes pasado el MP, a través de la FECI, presentó una solicitud para el retiro de inmunidad de la jueza de Mayor Riesgo “D”, Erika Aifán, por la posible comisión del delito de abuso de autoridad e incumplimiento de deberes por supuestamente no tener competencia para conocer el caso Comisiones Paralelas 2020.

Asimismo, el MP presentó otro antejuicio el 18 de enero en contra de la togada, ocasión en que el ente investigador la señaló de supuesto abuso de autoridad, incumplimiento de deberes y prevaricato porque supuestamente “abusó de su cargo” al atribuirse una competencia que los magistrados de la Cámara Penal de la Corte Suprema de Justicia no le han otorgado para conexar una investigación relacionada con el periodista Juan Luis Font.

 

SIGUE SIN INVESTIGAR A GIAMMATTEI: ALFOMBRA CON DINERO Y CASO “TESTIGO A”

El pasado 24 de agosto, The New York Times publicó en una investigación periodística parte de la declaración de una persona que habría conocido el acercamiento de ciudadanos rusos con el presidente Giammattei, a quien le habrían llevado a su residencia dinero escondido en una alfombra.

Según pudo conocer La Hora, esta era una de las pruebas que el Presidente le pidió encontrar a Porras, y habría influido en la destitución de Sandoval, como titular de la FECI, ocurrida el 23 de julio.

Al respecto, en una entrevista en el medio radial La Red, el titular de la FECI, Rafael Curruchiche, aseguró que no hay indicios de que se estuviera haciendo alguna investigación relacionada con un supuesto soborno por parte de los rusos hacia Giammattei.

 

El 14 de febrero recién pasado, el medio digital El Faro presentó una investigación relacionada con la declaración que un testigo dio el 18 de mayo de 2021 y en la que, según el trabajo publicado “Un testimonio bajo custodia de la jueza Erika Aifán asegura que el presidente de Guatemala, Alejandro Giammattei, negoció en 2019 con el entonces ministro José Luis Benito un aporte de 2.6 millones de dólares a la campaña electoral a cambio de mantenerlo en el cargo un año para que siguiera operando la estructura de corrupción en obras públicas de la administración de Jimmy Morales”.

“Una segunda fuente que trabajó con Giammattei confirma a El Faro la existencia de ese acuerdo. El FBI y el Departamento de Estado tienen desde hace meses copia del testimonio”, publicó El Faro.

“En los documentos oficiales se le nombra como “Testigo A”, y su identidad y una copia de su declaración están guardadas en la caja fuerte del Tribunal de Mayor Riesgo D de Guatemala, presidido por la jueza Erika Aifán. Un exhombre de confianza del presidente Alejandro Giammattei le acusa de haber negociado la entrega de Q20 millones provenientes de sobornos de empresas constructoras para financiar su campaña en 2019”, señala la grabación difundida.

Además, “a cambio de ese dinero, según el testigo, Giammattei se comprometió con el entonces ministro de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, José Luis Benito, a conservarlo en el cargo un año y mantener operando un millonario esquema de corrupción en contratos de construcción y mantenimiento de carreteras”, se lee en los primeros dos párrafos de la publicación del medio salvadoreño.

Entre tanto, CNN en Español también publicó una investigación relacionada a la declaración del “Testigo A” sobre financiamiento electoral del partido Vamos, que llevó a la Presidencia a Giammattei. Por ese tema el presentador del programa Conclusiones, Fernando del Rincón invitó a ambos para entrevistarlos, pero ninguno aceptó.

En tanto, la investigación periodística de El Faro desató una serie de reacciones de la Presidencia y la Fiscal General.

 

Al respecto, Porras calificó en declaración difundidas en un video pregrabado que es preocupante se vulnere la investigación mediante la difusión de información que es únicamente del conocimiento de las partes del proceso, por lo que Curruchiche, jefe de la FECI, había presentado denuncia penal por la filtración de la información y también ha sido remitida a la Fiscalía de Delitos Administrativos del MP.

Mientras que Curruchiche informó que se investigaría el reportaje y sus fuentes para determinar sobre la filtración del testimonio en reserva, puesto que “se pone en peligro la investigación y a las personas; y, por tanto, hay una obstrucción a la investigación”, dijo.

En tanto, el secretario de Comunicación Social de la Presidencia, Kevin López se pronunció oficialmente en representación del Gobierno, para calificar el reportaje como “falso, malicioso, malintencionado y coordinado”, pese a que el MP interpuso una denuncia para investigar la filtración.

ALIANZAS CON SEÑALADOS DE CORRUPCIÓN

El 28 de julio de 2021 La Hora publicó la investigación periodística titulada “Méndez Ruiz, nominado por EE. UU., dictaba acciones de Consuelo Porras”, en donde se detalló una serie de actuaciones en el que influiría el presidente de la Fundación contra el Terrorismo.

“El 4 de junio de 2019, el presidente de la Fundación contra el Terrorismo Ricardo Méndez Ruiz, quien fue incluido por Estados Unidos en la Lista Engel, por medio de sus redes sociales tuiteó información relacionada a un documento proporcionado a Asuntos Internos del MP por la FECI”, se consignó.

 

“En el informe se indicaba que la fiscal general, María Consuelo Porras tuvo conocimiento del caso Financiamiento UNE, en el cual es señalada Sandra Torres, desde octubre de 2018; sin embargo, que se había accionado hasta febrero de 2019”, se agregó.

“El mismo día que lo publicó Méndez Ruiz, la jefa del MP se reunió con el fiscal Andrei González, quien en ese momento estaba asignado al caso, para cuestionarlo, según un audio al que tuvo acceso La Hora”, se añadió.

En ese contexto, distintos sectores de la sociedad cuestionan la labor de Porras al frente del MP, quien se defiende, según la reciente publicación en un video, con el mismo discurso del gobernante, al señalar a supuestos enemigos de la democracia de promover acciones en su contra.