Un exdiputado del cancelado partido Libertad Democrática Renovada (Lider) y un exfuncionario del gobierno de Jimmy Morales buscan que el Congreso los elija relatores de la Oficina Nacional de Prevención de la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes.
Se trata del exlegislador Daniel Bernabé Portillo Calderón, quien formó parte de la pasada Legislatura del Organismo Legislativo y Edgar Ling Lorenzo Chin, exdirector general del Consejo Nacional de la Juventud (Conjuve) de la administración de Morales.
Ambos se encuentran laborando en el Congreso de la República bajo el renglón 022, están asignados a la Dirección de Asuntos Jurídicos, con un salario de Q24 mil mensuales, según la nómina publicada por el Legislativo, correspondiente a octubre.
De acuerdo con la Comisión de Derechos Humanos del Congreso, instancia encargada del proceso de selección de candidatos, Portillo Calderón cumplió con “todos los requisitos” solicitados, mientras que a Lorenzo Chin se le pidió completar la papelería, ya que tenía que demostrar y acreditar experiencia mínima de cuatro años para optar al cargo.
Según el diputado Álvaro Arzú, presidente de la Sala Legislativa, tanto Lorenzo Chin como otros aspirantes completaron los requisitos en el tiempo establecido, pero aún está pendiente de evaluar esos expedientes y decidir si formarán parte de la lista de candidatos.
EL HISTORIAL POLÍTICO DE LOS ASPIRANTES
Lorenzo Chin fue candidato a diputado del Congreso por el partido FCN-Nación en las elecciones 2015, sin embargo, en una conferencia de prensa que ofreció en su momento, dio a conocer que renunciaba a dicha candidatura por recibir acoso en las redes sociales.
En agosto de 2018, en una citación de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), Chin fue señalado de contrataciones irregulares y compras sobrevaloradas que habría realizado Conjuve.
Según una publicación de Prensa Libre del 25 de noviembre 2015, Portillo Calderón, es el hermano de Mayra del Rosario Portillo Calderón, esposa de Juan de Dios Rodríguez, expresidente del IGSS, acusado de fraude por el caso IGSS-Pisa.
El exdiputado llegó al Congreso en sustitución de Baudilio Hicho (+), señalado por la entonces Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) de haberse beneficiado con Q2 millones en un contrato de arrendamiento con el Seguro Social, consignó.
INTENTA REGRESAR A INSTITUCIÓN
La exrelatora contra la tortura, Silvia Lucrecia Villalta Martínez intenta regresar nuevamente a formar parte de dicha entidad al postularse para el cargo.
En agosto de 2018, el exjefe de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI), Juan Francisco Sandoval presentó una denuncia penal en contra de la entonces relatora por haber elaborado un informe sobre los exdiputados Mirza Arreaga y Luis Chávez que contenía falsedades.
Villalta Martínez también se postuló para ser la nueva jefa de la Unidad de Medios de Comunicación del Tribunal Supremo Electoral (TSE) y fue aspirante para secretaria ejecutiva del Consejo Nacional de Atención al Migrante de Guatemala (Conamigua).
BUSCAN REELECCIÓN
En tanto, tres actuales relatores contra la tortura buscan su reelección: Cecilia Ilusión Barrios Ortega, Mario Roberto Veras Pappa y Otto José Paz Kroell.
