Luego de que el Crédito Hipotecario Nacional (CHN) catalogara como secreto bancario el listado de beneficiarios del programa social “Fondo de Crédito para Capital de Trabajo”, financiados con deuda pública, abogados consultados por La Hora explicaron que esta información debe revelarse porque se trata de dinero del Estado.
A través de la Ley de Acceso a la Información Pública (LAIP), esta redacción requirió al CHN el listado de los beneficiarios del “Fondo de Crédito para Capital de Trabajo”, pero se excusaron con la “Ley de Bancos y Grupos Financieros” para no proporcionar los datos.
En su respuesta citaron el artículo 63 de la referida normativa; además, mencionaron los artículos 24, 30, 133 y 134 de la Constitución, artículo 13 del Organismo Judicial y los artículos 9, 21, 22 y 23 de la LAIP, así como los artículos 32 y 42 de su ley orgánica, los cuales regulan la confidencialidad de la información, según dijeron.
“No es viable brindar información solicitada, relacionada con el detalle de los nombres de las personas beneficiarias, bajo ninguna modalidad en virtud que tiende a revelar el carácter confidencial de los deudores, ya que estos poseen la calidad de ‘depositantes’, ni tampoco las informaciones que estos le hayan proporcionado al banco, lo que incluye, la publicación en portales oficiales web, en los que tienda a revelar la identidad de los beneficiarios y depositantes”, agregó el CHN.
Abogados: Listado de beneficiarios de préstamos CHN no puede catalogarse como “secreto bancario” ? https://t.co/tvM4Bzw3Hf] pic.twitter.com/7aQKbnK4qT
— Diario La Hora (@lahoragt) October 16, 2021
EDGAR ORTÍZ: NO ES APLICABLE EL SECRETO BANCARIO
El director jurídico de la Fundación Libertad y Desarrollo, Edgar Ortíz, indicó que la respuesta del CHN podría ser legítima, es decir, sin el afán de ocultar información, sino como una duda razonable. “Creen que es información confidencial, podrían creer que al brindar esa información serán sujetos de alguna demanda”, dijo.
Sin embargo, el criterio de secreto bancario no es aplicable en este caso, subrayó el entrevistado.
“Una cosa es un préstamo que hace un banco comercial, en virtud de la intermediación financiera que hace un banco, eso es secreto; a un banco privado no puedo pedirle que me revele información de los préstamos que recibió tal persona, ya que esa intermediación financiera es la que establece la ley de bancos”, explicó Ortíz.
Mientras que, los préstamos que otorgó el CHN por el programa social Covid-19, son fondos de los contribuyentes -impuestos-, resaltó el consultor.
Ortiz detalló que estos créditos son un programa social del gobierno, como el Bono Familia -transferencia de Q1,000- y el Fondo de Protección del Empleo, cuyos listados son públicos. En ese sentido, para los préstamos se debería de utilizar el mismo criterio, el de revelar el listado.
Asimismo, enfatizó que, este programa está exento del secreto bancario, porque fue financiado con fondos del Estado.
“No se está pidiendo información de todas las personas que tienen cuentas con el CHN, eso no se puede, lo que se está pidiendo es el listado de los que se beneficiaron con el programa financiado con los impuestos de los guatemaltecos, ahí no es secreto bancario”, sentenció Ortiz.
“Derivado a los efectos de la pandemia, otros países al igual que Guatemala habilitaron programas financiados con fondos públicos. Por ejemplo, en Estados Unidos también se otorgaron créditos, y allá también cuentan con secreto bancario, no obstante, sí se conoció quiénes fueron los beneficiarios. Los medios de comunicación de allá revelaron a los beneficiarios”, declaró.
“Los fondos públicos son fiscalizables, y aquí no se puede fiscalizar si se está ocultando la información, aquí habría una traición al principio de fiscalización, es decir, el guatemalteco de a pie no puede fiscalizar el programa porque el CHN lo está declarando confidencial”, explicó.
Por último, Ortiz indicó que, al no contar con dicha información, no se puede evaluar si el programa fue un éxito o un fracaso, si no se sabe a quién se le dio y para qué.
EDIE CUX: ES INFORMACIÓN PÚBLICA
A criterio del director jurídico de la organización Acción Ciudadana, Edie Cux, el listado de los beneficiados con los créditos CHN por Covid-19 debe ser público, porque la Constitución establece un principio de máxima publicidad.
“Cuando hay recursos del Estado que son invertidos tienen que ser transparentes, todo acto de la administración pública tiene que conocerse a fondo, por lo tanto, con base en el principio de máxima publicidad, el CHN tiene la obligación de darnos los listados de los beneficiarios, obviamente omitiendo datos que pueden ser sensibles”, detalló.
El consultor de AC explicó que el secreto bancario es para proteger los fondos que regularmente manejan los bancos privados de personas individuales que acuden por confianza a la institución. En este caso -préstamos Covid- quien acude al banco es el Estado y el banco administra recursos públicos, agregó.
Asimismo, dijo que en el artículo 6 de la LAIP se regulan todas las entidades que están obligadas a entregar información pública, entre estas se encuentran las instituciones privadas que reciban concesiones, recursos o fondos públicos. “Desde ahí hay una obligación por parte del CHN de entregar esa información”, anotó.
Además, sobre los sujetos obligados a la LAIP, en el numeral 30 del referido artículo dice: “Todas las entidades de cualquier naturaleza que tengan como fuente de ingresos, ya sea total o parcialmente, recursos, subsidios o aportes del Estado”.
Cux reiteró que los listados de beneficiarios deben liberarse porque se trata de recursos públicos.
“No se trata de recursos particulares que la banca está protegiendo, sino de recursos públicos que van destinados a un programa específico, por lo tanto, toda esa información es pública”, añadió.
“El secreto bancario aplica para esos giros normales que tienen los bancos particulares, pero en este caso estamos hablando de un programa social, que hay que fiscalizar para saber quiénes son las personas beneficiadas, desde ahí hay un principio de máxima publicidad que debe respetarse”, sentenció Cux.
Mientras el CHN no revele la información van a surgir especulaciones, porque todo lo que está en la oscuridad resulta corrupto o se piensa que está mal hecho; genera la duda de que algo están escondiendo o se duda de la integridad del banco, y no hay peor duda a la que se plantee a la confianza de una entidad bancaria, finalizó el entrevistado.
SE BUSCÓ UNA OPINIÓN DEL CIEN
Para este reportaje también se buscó una opinión de algún analista del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (CIEN), sin embargo, no respondieron a las llamadas realizadas por esta redacción.
PROGRAMA SOCIAL FINANCIADO CON RECURSOS PÚBLICOS Y NO PRIVADOS
Debido a la pandemia Covid-19, en abril 2020 el Congreso aprobó el Decreto 13-2020 “Ley de Rescate Económico a las Familias por los Efectos Causados por el Covid-19”, con el que se autorizó al Ejecutivo transferir un monto de hasta Q3,000 millones al CHN para crear el “Fondo de Crédito para Capital de Trabajo”, con el objeto de que la entidad bancaria otorgara préstamos con intereses blandos a personas individuales y jurídicas. Esta ayuda social se financió con bonos del tesoro -deuda pública-, la cual también se estableció en la referida ley.
De acuerdo con el Ministerio de Finanzas, al fondo se le asignó Q2,730 millones, pero les transfirieron al CHN Q2,300 millones.
POLÍTICOS FUERON BENEFICIADOS CON LA AYUDA SOCIAL
Por una solicitud que realizó el diputado de Semilla, Samuel Pérez al CHN, se pudo conocer que un diputado del Congreso de la República, un diputado del Parlacen, 13 alcaldes, un gobernador y un exviceministro recibieron los préstamos blandos que habilitó el gobierno.
Sin embargo, la entidad no dio a más detalles al respecto, por lo que se desconocen quiénes son y cuánto dinero solicitaron de los créditos CHN.
