Este 16 de octubre se conmemora el Día Mundial de la Alimentación. En este marco, el Procurador de los Derechos Humanos (PDH), Jordán Rodas Andrade, detalló Guatemala enfrenta una crisis de alimentación y nutrición, la cual ha sido agravada por la pandemia, el cambio climático y el recorte de programas enfocados en la seguridad alimentaria.
LA CRISIS DE LATINOAMÉRICA Y GUATEMALA
Esta efeméride fue declarada en 1979 durante la reunión anual de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) con el propósito de impulsar acciones solidarias a favor de la lucha contra el hambre, la desnutrición y la pobreza.
40 años después de la declaración, el Informe sobre el Estado de Seguridad Alimentaria y Nutricional en el Mundo 2020, reveló que, en 2019, alrededor de 690 millones de personas en el mundo sufrieron desnutrición. Esta cifra representa casi el 10% de la población total en el mundo en ese año.
Para el 2030 se proyectan 840 millones de personas con desnutrición, siendo América Latina y el Caribe la región en el mundo que ha experimentado un mayor aumento del hambre en los últimos años; sin mencionar que el 16% de la niñez menor de cinco años sufre desnutrición crónica.
Guatemala no es la excepción a este panorama poco favorable para las personas, pues el país cuenta con pocas oportunidades para cumplir con los Objetivos de Desarrollo del Milenio, en particular el número 2, denominado “Hambre Cero”. El objetivo se vuelve más inalcanzable al tomar en cuenta que el 16% de la población sufre desnutrición; el 18% vive en inseguridad alimentaria grave; y el 45% en situación de inseguridad alimentaria moderada.
#ComunicadoPDH | En el Día Mundial de la Alimentación, el @PDHgt @JordanRodas alerta que Guatemala enfrenta una de las peores crisis de inseguridad alimentaria y nutricional, agravada por la pandemia y las vulnerabilidades asociadas al cambio climático y la conflictividad social pic.twitter.com/SB6OvTKujC
— PDH Guatemala (@PDHgt) October 16, 2021
EL FACTOR PANDEMIA Y CLIMA
El PDH señaló que la pandemia ha sido un factor clave en la alimentación del país. “La pandemia agrava las vulnerabilidades asociadas al cambio climático y la conflictividad social, agudizando el hambre en esta región”, sostuvo.
Lo anterior se resalta en la perspectiva de recuperación económica, la cual distingue que podrían añadirse entre 83 millones y 132 millones de personas con déficit de alimentos en el 2021.
Sumado a lo anterior, el magistrado de conciencia enfatizó que los fenómenos meteorológicos han sido otros agravantes para la seguridad alimentaria de los habitantes. “El país enfrenta una de las mayores crisis de inseguridad alimentaria y nutricional debido a los efectos provocados por el COVID-19 y fenómenos climáticos como las tormentas Eta e Iota”, remarcó.
RECORTE EN INICIATIVAS DE SEGURIDAD ALIMENTARIA
El procurador aludió también al recorte por Q132.5 millones en el presupuesto de cinco programas para mitigar el hambre, a cargo del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación (MAGA). Lo anterior representa para Jordán Rodas una falta de voluntad política del gobierno central para garantizar el derecho a la alimentación de la población.
Refirió en su comunicado el recorte de Q132 millones 527 mil del presupuesto de Asistencia Técnica para el Almacenamiento de Granos Básicos; del Apoyo al Mejoramiento del Hogar Rural; además, a la implementación de Proyectos y Encadenamiento Productivo; al programa de Disponibilidad de Alimentos para la Prevención de la Desnutrición Crónica y al de Incremento de Ingresos en el Hogar para la Prevención de la Desnutrición Crónica, que están a cargo del MAGA.
LA ALIMENTACIÓN ADECUADA ES UN DERECHO HUMANO
El PDH remarcó que además de ser un punto conmemorado en esta fecha, la alimentación digna y adecuada es un derecho establecido en la ley nacional e internacional. La Observación General 12 sobre el Derecho a una Alimentación Adecuada en su artículo 11, indica que el derecho a una alimentación adecuada está incluida en diversos instrumentos del derecho internacional.
Además, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC) trata extensamente el derecho a una alimentación adecuada. En el párrafo 1 del artículo 11 del PIDESC, los Estados parte reconocen el derecho de toda persona a un nivel de vida adecuado para sí y su familia, incluso alimentación; y en el segundo párrafo reconocen que posiblemente deberán adoptarse medidas más inmediatas para garantizar el derecho fundamental de toda persona a estar protegida contra el hambre y la desnutrición.
“El derecho a una alimentación adecuada es de importancia fundamental para el disfrute de todos los derechos, por consiguiente, el Estado de Guatemala debe velar porque la alimentación y nutrición de la población reúnan los requisitos mínimos de salud, y las instituciones públicas especializadas deberán coordinar acciones -incluyendo con organismos internacionales dedicados a la salud- para lograr un sistema alimentario eficiente”, sentenció el magistrado de conciencia.
