POR HEDY QUINO
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La Comisión de Asuntos Electorales del Congreso, presidida por la diputada del bloque BIEN, Lorena De León Teo, buscará reunirse con los magistrados del Tribunal Supremo Electoral para discutir las reformas a la Ley Electoral y de Partidos Políticos.
“La comisión ha llegado a la conclusión que es necesario el acercamiento con los distinguidos magistrados del Tribunal Supremo Electoral para poder apoyarnos; hemos dicho que vamos a ser una comisión incluyente, vamos a tomar en cuenta a todas las instituciones gubernamentales, no gubernamentales y sociedad civil, en este caso los magistrados del TSE serán un eslabón muy esencial para ver cuáles son las reformas que necesitan la Ley Electoral y de Partidos Políticos”, afirmó De León Teo.
La diputada indicó, que el 2 de marzo esperan realizar la primera reunión con el TSE. “Vamos a ver cómo está la agenda de ellos”, dijo.
De León Teo agregó, que los integrantes de la comisión propondrán qué temas deben ser prioritarios para incluirlos en las reformas a la LEPP y emitir un dictamen correspondiente.
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INICIATIVA PARA QUITAR CONTROLES AL FINANCIAMIENTO
La Comisión de Asuntos Electorales analiza la iniciativa que presentó el vicepresidente de dicha sala legislativa, Rudio Lecsan Mérida, que pretende quitar controles al financiamiento electoral, por medio de reformas a la LEEP; este podría ser un tema que discutirían con el TSE.
“Estamos trabajando una iniciativa que fue presentada por el diputado Lecsan; la está poniendo a discusión sobre la mesa para poder trabajarla de forma general, concreta y de lleno, pero hay que esperar, porque estamos priorizando y consensuando cuáles son los temas esenciales que se necesitan en la Ley Electoral”, afirmó la presidenta de la comisión.
Los diputados del partido político Humanista, Rudio Lecsan Mérida y Douglas Rivero, presentaron una iniciativa de reformas a la Ley Electoral, una de ellas pretende modificar el artículo 21, que se refiere a la fiscalización a las agrupaciones políticas, suprimiendo el siguiente párrafo:
“A requerimiento del Tribunal Supremo Electoral y bajo reserva de confidencialidad, la Contraloría General de Cuentas, la Superintendencia de Administración Tributaria, la Superintendencia de Bancos, la Superintendencia de Telecomunicaciones, así como los funcionarios públicos, están obligados a hacer las diligencias pertinentes y entregar la información que les sea requerida para la efectiva fiscalización de los aportes públicos y privados que reciban las organizaciones políticas”.
