POR HEDY QUINO
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Luego que la Comisión de Transparencia y Probidad, presidida por el diputado de PODEMOS José De León Maldonado, emitiera dictamen favorable a la iniciativa de reformas a la Ley de Acceso a la Información Pública, que pretende apartar a la PDH de supervisar el cumplimiento de esa normativa, Silvio Gramajo Valdés, investigador especialista en comunicación política y experto en acceso a la información, explicó que la misma carece de sustento técnico. En tanto, las organizaciones Acción Ciudadana y CIEN rechazaron la propuesta.
El dictamen favorable a la iniciativa 5792, reformas a la Ley de Acceso a la Información Pública, establece crear la Oficina Nacional de Acceso a la Información Pública (ONAIP), esta ocuparía el lugar de la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH) en supervisar el cumplimiento de dicha normativa.
Además, contempla que las autoridades de la ONAIP serán electas por el Congreso de la República y tendrá fondos para su funcionamiento, que serán incluidos en el Presupuesto General de la Nación.
GRAMAJO: INICIATIVA CONTRADICTORIA
Gramajo detalló, que la iniciativa es contradictoria, pues uno de sus objetivos dice que la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH) juega un papel doble porque es la autoridad reguladora y es sujeto obligado, sin embargo, las entidades que manejan fondos del Estado deben rendir cuentas, por ende, es sujeto obligado a la ley.
“Eso es una contradicción, porque cualquier entidad que es cuentadante, que va a tener presupuesto, tiene que ser sujeto obligado de la ley”, reiteró.
Además, la iniciativa establece que la nueva oficina estará sujeta a los procesos de fiscalización de la Contraloría, indicó el experto.
“Eso no le quita que la misma autoridad reguladora sea sujeto obligado, porque debe ser sujeto obligado, debe ser la primera en dar el ejemplo, una cosa no tiene que ver con la otra. El ser sujeto obligado tiene que ver con la forma de cómo es transparente, otra cosa es la administración de la autoridad como autoridad reguladora, esa es la primera gran contradicción que hay en esa iniciativa”, enfatizó.
Gramajo explicó, que otra de las justificaciones de la iniciativa para crear una nueva oficina es por la ley modelo de la OEA, la cual plantea la creación de un organismo independiente, pero, los diputados no han hecho una discusión pública sobre el modelo de la autoridad reguladora de la Ley de Acceso a la Información Pública, que en este caso es la PDH.
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“No queda claro hasta qué punto el modelo ha funcionado mal, ellos no dan evidencia que el modelo del Procurador funcione mal”, afirmó el entrevistado.
DUPLICIDAD DE FUNCIONES Y SE PRESTA A INTERESES POLÍTICOS
El experto indicó, que la iniciativa también plantea que la PDH continuará vigilando el cumplimiento de la ley por ser un tema de derechos humanos, entonces, no se define la frontera de las atribuciones entre la nueva entidad y la PDH. “Pareciera ser que vamos a duplicar esfuerzos y recursos”, resaltó.
Otro de los puntos que subrayó el entrevistado, es que la iniciativa contempla que las autoridades de la nueva oficina serán electas por el Congreso, a través de la Comisión de Probidad y Transparencia.
“El diseño que crearon para la conformación del director y subdirector, no permite establecer que las personas que sean elegidas vayan a ser ajenas a intereses políticos, no se está privilegiando lo técnico o la expertiz en la materia, sino que de alguna manera esta creado de tal forma, que la persona que llegue pueda tener fuertes vínculos políticos”, concluyó el experto.
AC Y CIEN RECHAZAN PROPUESTA
El presidente de la organización que promueve la transparencia en la gestión pública Acción Ciudadana (AC), Edie Cux, afirmó que la actual Ley de Acceso a la Información Pública es fuerte, pero, quitarle la institucionalidad de la PDH, la debilitaría, lo cual es peligroso.
Además, que la entidad nueva estaría a cargo de personas electas por el Congreso, esto la politizaría, como lo están otras actualmente, agregó el entrevistado.
“Con eso se debilitarían los mecanismos de transparencia que son pocos para la ciudadanía pero que han funcionado. En el fondo lo que pretende el Congreso es disminuir esa fiscalización que hace la ciudadanía, la cual ha aumentado debido a los altos índices de corrupción”, enfatizó Cux.
En tanto, la consultora del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (CIEN), María del Carmen Aceña, resaltó que en pleno siglo veintiuno lo que debe hacerse son datos abiertos.
“Lejos de crear otra oficina y poner centinelas que van detrás de la información, lo que se tiene que hacer es digitalizar todo el Gobierno, empezando por el Congreso de la República; ya hay iniciativas de ley para hacer todos los procesos digitales para el Organismo Ejecutivo, la idea es tener portales con datos abiertos y que el acceso a la información sea totalmente limpio”, apuntó la analista.
“La Ley de Acceso a la Información Pública es bien positiva y lo que hace la PDH es darle seguimiento, para ver si se cumplió o no”, concluyó.
