POR HEDY QUINO
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A finales de enero, el presidente Alejandro Giammattei creó de manera oficial la Comisión Presidencial de Centro de Gobierno, bajo el Acuerdo Gubernativo 31-2020, además, anunció que el director ejecutivo sería, Miguel Martínez, un hombre de su “absoluta confianza”, dijo en declaraciones a la prensa el 29 de ese mismo mes. El nuevo cargo tiene entre sus funciones algunas similares a la que tiene el vicepresidente de la República, bajo mandato constitucional y en ese contexto, La Hora consultó la opinión de analistas.
La Constitución en su artículo 191 establece las funciones del vicepresidente, una de estas es el de coadyuvar, con el Presidente de la República, en la dirección de la política general del gobierno; participar en las deliberaciones del Consejo de Ministros con voz y voto y presidir los órganos de asesoría del Ejecutivo que establezcan las leyes.
En tanto, el Acuerdo Gubernativo 31-2020 dice en el artículo 6, que es atribución del Centro de Gobierno, coadyuvar en el fortalecimiento y desarrollo de las capacidades de gestión de la Presidencia de la República, en la realización de acciones de apoyo, coordinación y seguimiento de los resultados de las prioridades presidenciales, procurando su seguimiento.
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ACCIÓN CIUDADANA: HAY CIERTA USURPACIÓN DE FUNCIONES
Marvin Flores, analista político de la organización Acción Ciudadana (AC), encargada de promover la transparencia en la gestión pública, explicó, que existe cierto problema con las funciones del Centro de Gobierno y las de la Vicepresidencia, ya que, por mandato constitucional, la principal función del vicepresidente es coordinar con el gabinete de ministros, algo similar a lo del Centro de Gobierno.
Flores ejemplificó que la Presidencia de la República se podría ver como la autoridad superior de una empresa y el vicepresidente como el gerente general, quien es el que hace reuniones, supervisa, operativiza e informa. “Muchas de las funciones de la Vicepresidencia son esas, de coordinar los ministerios, por esa razón es que hay diferentes gabinetes, como el gabinete económico, el de medio ambiente, el del agua y otros, el principal problema esta con cierta usurpación de funciones que le compete a la vicepresidencia”, afirmó.
El consultor de AC detalló, que este tipo de entidades nuevas son un mal uso de la estructura de la administración pública y que se hacen bajo la justificación del mal funcionamiento precisamente de la estructura existente.
“Esta problemática organizacional no se soluciona creando otras instituciones, como está sucediendo, si la intención fuera ordenar la organización pública, habría que plantearle al Congreso una serie de reformas a la Ley del Organismo Ejecutivo, pero no es la vía creando este tipo de entes paralelos, que si bien es cierto, en algún momento pueden servir para auxiliar al presidente en la toma de decisiones, no incurren en responsabilidades -legales-, porque estas siguen estando bajo los ministerios, que son los que ejecutan el presupuesto”, enfatizó Flores.
CIEN: ESTÁN COPIANDO EL MAL EJEMPLO DE COHESIÓN SOCIAL DE LA PRESIDENCIA
Francisco Quezada del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (CIEN), indicó que este tipo de entidades no es nuevo en los gobiernos de turno, ya que se ha dado en otras administraciones, y esto sucede porque se está perdiendo la función del Ejecutivo y el Congreso empezó a crear instituciones paralelas. “El despacho del Ejecutivo son sus ministerios y sus ministerios forman el gabinete y el coordinador del gabinete es el vicepresidente, esa es su función, y se está perdiendo”, dijo.
El consultor del CIEN manifestó que el caso más notorio, drástico y el peor ejemplo, se llamó cohesión social de la presidencia, el cual se dio en la administración de la Unidad Nacional de la Esperanza de la (UNE). “Ese fue el mal ejemplo que todos han copiado, donde una persona que no era funcionaria pública tenía autoridad sobre los ministros”, subrayó.
“Se tiene que salir de esa tentación de crear paralelismos y volver a empoderar a los ministros, y los ministros deberán actuar coordinadamente, para ello están los gabinetes específicos y la coordinación del vicepresidente”, recomendó Quezada.
“Hay que evitar caer en cohesiones sociales, llámeseles como se les llame, hoy se llama Centro de Gobierno, pero esto es un mal ejemplo que se llamó cohesión social”, concluyó el analista.
ORTÍZ: SE DEBE HACER UN EXAMEN MINUCIOSO DE LA ESTRUCTURA DEL CENTRO DE GOBIERNO
Edgar Ortíz de la Fundación Libertad y Desarrollo, precisó que se debe realizar un análisis minucioso de la estructura del Centro de Gobierno, pero en una primera revisión, se puede destacar sus funciones, entre estas; la coordinación, que es lo que realiza la vicepresidencia con el gabinete de ministros. “¿En qué se diferencia las funciones de coordinación del Centro de Gobierno con las de la vicepresidencia?”, cuestionó.
Con relación a la ejecución, habría que plantearse si una comisión de gobierno tiene esa facultad, ya que una comisión de gobierno es para apoyar a la presidencia. “Merece un análisis minucioso a la luz de la arquitectura del Estado, porque aquí hay dos caminos; o está reemplazando alguna de las funciones de la vicepresidencia o de alguna de las dependencias de los ministerios. Habría que revisarse si las funciones de coordinación -del Centro de Gobierno- no interfieren con las funciones de la vicepresidencia”, reiteró Ortíz.
El consultor de la Fundación agregó, que también se debe revisar si existe alguna deficiencia en la coordinación en la arquitectura del Estado. En todo caso, si lo hubiese, la creación del Centro de Gobierno no sería la solución, consideró.
“Hay tantos gabinetes multiministeriales y multisectoriales de coordinación; está el gabinete de Desarrollo Social, el del Sistema de Seguridad, hay muchas instancias coordinadoras como para pensar que el Centro de Gobierno sea la gran articuladora de todas”, concluyó Ortíz.
DENUNCIA ATRAJO ATENCIÓN
Martínez, una persona de confianza del presidente Alejandro Giammattei, estuvo esta semana en el escrutinio público debido a la denuncia que su familia decidió interponer en contra de Plaza Pública y por dos publicaciones de la prensa; la primera se dio el miércoles cuando se conoció que su familia había denunciado penalmente al medio y cuyos periodistas buscaban entrevistarlo por la elaboración de un perfil y deseaban conocer su postura.
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Tras la denuncia y negativa a dar declaraciones se dio la publicación en la que se hace referencia al vinculo entre Martínez, el mandatario y una empresa.
La segunda publicación fue elaborada por Vox Populi y Artículo 35, quienes en un reportaje dieron a conocer los salarios, perfiles y funciones del Centro de Gobierno.
El viernes fue aprehendido el periodista Sonny Figueroa, quien días antes había publicado ese reportaje sobre el Centro de Gobierno, en circunstancias no conocidas y que el juez que declaró falta de merito para el comunicador, ordenó al Ministerio Público (MP) investigar.
