Imagen conmemorativa que compartió el PDH y varias cuentas en redes sociales. Foto La Hora

POR HEDY QUINO
hquino@lahora.com.gt

Este 11 de septiembre se conmemoró 30 años del asesinato de la antropóloga guatemalteca Myrna Mack, quien fue asesinada en 1990 por miembros del Estado Mayor Presidencial, a causa de una investigación que realizaba sobre las víctimas del Conflicto Armando Interno.

Cada año los familiares y amigos de la profesional le rinden homenaje, realizando algunas actividades, sin embargo, este año por la pandemia COVID-19, el tributo se hizo a través de las redes sociales.

“Tras un minucioso seguimiento durante semanas por parte de un comando operativo del Ejército, perteneciente al Estado Mayor Presidencial -crimen estrechamente relacionado con su pionero trabajo de investigación académica sobre la población refugiada y desplazada durante el conflicto armado interno guatemalteco- representa no sólo la violación del más básico de los derechos humanos, el derecho a la vida, sino también el símbolo de una época de impunidad y represión donde ciertas actividades y opiniones eran consideradas por los órganos de seguridad del Estado como atentatorias contra la Seguridad Nacional”, detalla informe sobre el crimen perpetrado en contra de la antropóloga, publicado por la Fundación Myrna Mack.

“A 30 años del asesinato de #MyrnaMack, es oportuno recordar sus aportes a las ciencias sociales, investigación, antropología y conmemorar una vida dedicada a que la dignidad de las comunidades y el respeto de sus derechos fueran una realidad en #Guatemala. #SuLegadoVive”, escribió en su cuenta oficial de Twitter, el Procurador de los Derechos Humanos, Jordán Rodas.

EL CASO

De acuerdo con la Fundación, el proceso judicial seguido contra los asesinos de Myrna Mack puede ser dividido en dos partes:

La primera parte comprende el periodo que va desde que el Juez de paz se constituyó en el lugar de los hechos el mismo día en que éstos ocurrieron (11 de septiembre de 1990) hasta la resolución de la Corte Suprema de Justicia que confirmó la sentencia contra el miembro del Estado Mayor Presidencia, sargento Noel de Jesús Beteta, y dejó abierto el proceso contra Edgar Augusto Godoy Gaitán, Juan Valencia Osorio, Juan Guillermo Oliva Carrera, en calidad de autores intelectuales, y Juan José Larios, Juan José del Cid Morales y un individuo apellidado Charcal, ya que de lo actuado se deducían sospechas de su posible concurso (9 de febrero de 1994), explica el informe.

“Contra dicha resolución se interpusieron tres recursos de amparo el 10 de marzo de 1994 que la Corte de Constitucionalidad denegó el 6 de diciembre de 1994, notificando su decisión el 9 de marzo de 1995. Es decir, la administración de justicia tardó más de cinco años para sentenciar definitivamente a uno de los autores materiales y dejar abierto el proceso contra los supuestos autores intelectuales del asesinato”, agrega.

El informe detalla, que la segunda parte comprende el periodo que va desde que el Tribunal Militar, competente en aquel tiempo para juzgar a los inculpados, recibió la causa (diciembre de 1995) para seguir el proceso dejado abierto contra los otros presuntos responsables del asesinato de Myrna Mack, hasta el auto de apertura de juicio oral contra Edgar Augusto Godoy Gaitán, Juan Valencia Osorio, Juan Guillermo Oliva Carrera y que desde octubre de 2001 continúa paralizado.

“Esta segunda fase ha estado y está siendo salpicada por los diferentes recursos impugnatorios presentados por los procesados, y el trámite que les han dado los tribunales -algunos de ellos se encuentran todavía pendientes de resolución- medios éstos que han obstaculizado la justicia en pro de la impunidad”, añade.

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