POR HEDY QUINO
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Este viernes, la presidenta de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Silvia Valdés, se reunió con el presidente del Congreso, Allan Rodríguez, para hacerle entrega de siete iniciativas de ley, las cuales según dijo, ayudaran a modernizar el Sector Justicia.
La magistrada Valdés detalló que los proyectos de ley que buscan que los diputados aprueben son: iniciativa de ley para modificar la Ínfima Cuantía Regulada en el Código Procesal Civil y Mercantil, Ley de Mediación, Código Procesal de Trabajo y de la Seguridad Social, iniciativa de incorporación del Instituto Nacional de Ciencias Forenses de Guatemala (INACIF), como parte de la Instancia Coordinadora de la Modernización del Sector Justicia.
Además, las reformas a la Ley Reguladora de las Notificaciones por Medios Electrónicos en el Organismo Judicial, Ley de Tramitación Electrónica de Expedientes Judiciales y la Ley de Sustitución de Prisión Preventiva y Pena de Prisión por Prisión Domiciliar Preventiva.
La presidenta de la CSJ, Silvia Valdés, presenta al Congreso siete iniciativas de ley relacionadas al Organismo Judicial, entre ellas la notificación electrónica de los expedientes judiciales y aumentar el monto para la compra de baja cuantía.
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— Diario La Hora (@lahoragt) July 17, 2020
“Todas van en beneficio a la población, para hacer más rápido los tramites en tribunales, son leyes muy importantes”, afirmó Valdés.
LEY DE PRISIÓN PREVENTIVA
La magistrada explicó que la iniciativa sobre la prisión preventiva tiene un objetivo humanitario. “Esa ley va dirigida para que se le pueda dar un arresto domiciliario a las mujeres que están en estado de gestación, a las madres que están conviviendo con sus hijos menores, a las personas que tienen enfermedades terminales y a los mayores de 70 años, pero no aplicará para todos los delitos”, enfatizó.
El 1 de julio, La Hora publicó la nota: “CSJ no excluye lavado de dinero ni asociación ilícita para liberar a presos vulnerables”, en la cual se explica que la medida incluiría la liberación de reos considerados vulnerables y se beneficiarían a quienes están ligados a proceso o cumplen condena por distintos delitos, sin excluir el lavado de dinero u otros activos, cohecho pasivo y activo, asociación ilícita, aunque sí excluye algunos como terrorismo, financiamiento electoral ilícito, evasión y otros, considerando cierto aspectos.
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