POR HEDY QUINO
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Debido a la publicación en el Diario Oficial de la ley de medidas adicionales de protección para población de los efectos económicos provocados por la pandemia del COVID-19, Decreto 15-2020, el sector eléctrico emitió un comunicado en el que dicen estar de acuerdo en apoyar a la población que sufre los efectos de la emergencia sanitaria, sin embargo, hacen la advertencia de un posible colapso de la energía eléctrica por la entrada en vigencia de dicha normativa.
“Estamos a favor de aprobar medidas que apoyen a estos guatemaltecos de forma efectiva, lo que implica que este tipo de iniciativas deben estar enfocadas en familias de escasos recursos, con una temporalidad y un mecanismo de aplicación claro y simple, que permita que la ayuda llegue lo más pronto posible. Creemos que esto es una condición fundamental para que, como nación, podamos atender esta crisis”, se lee la publicación.
“Entendemos que el espíritu del Decreto 15-2020 está orientado también a apoyar a los guatemaltecos más necesitados, un objetivo con el cual coincidimos. Estamos conscientes que la realidad actual demanda medidas de alivio económico para las familias que lo necesitan”, añade.
El sector eléctrico detalla que, las medidas contempladas en el Decreto 15-2020, tal como está redactado, podrían desencadenar un efecto contrario y podrían llegar a colapsar el servicio eléctrico, y al resto de los servicios como agua y telecomunicaciones.
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SEÑALAN FALENCIAS DE LA LEY
El sector eléctrico explica, que en el texto del Decreto 15-2020 no se especifica el rango de usuarios, por lo que cualquiera podría dejar de pagar, independientemente de su tamaño, sector, nivel de consumo y sin importar su afectación real por la pandemia o si tiene la capacidad de pagar.
“Tampoco especifica la temporalidad por lo que no queda claro por cuánto tiempo debe aplicarse, e impide accionar contra quienes puedan estar cometiendo acciones ilegales, como hurto, fraude o robo de energía eléctrica. Esto podría poner en riesgo la sostenibilidad del sector eléctrico, que es poner en riesgo el suministro de electricidad y dejar sin energía a servicios fundamentales, como los que se prestan en los hospitales, en este momento”, expresa el sector en su comunicado.
TEMEN EFECTOS NEGATIVOS DEL DECRETO 15-2020
Las empresas encargadas del servicio de la energía eléctrica señalan, que uno de los efectos negativos que les preocupa de la ley, es la incapacidad de trasladar recursos a las municipalidades, ya que en la factura eléctrica se incluye el pago de un porcentaje por concepto alumbrado público, que es determinado por cada municipalidad.
“Las distribuidoras únicamente funcionan como recaudadoras de ese monto que es trasladado a las comunas. Al no recibir estos pagos, las municipalidades corren el riesgo de quedarse sin esos recursos por tiempo indefinido, afectando su capacidad de gestión y atención a sus ciudadanos, con los riesgos sociales colaterales que implica una comuna desfinanciada. Por ejemplo, en el caso de EEGSA, el monto mensual que se recauda para las comunas, y que quedarían éstas sin recibir, es de Q44 millones 345 mil 504, en el caso de Energuate, es de Q54 millones, ambos montos representan un total de Q98 millones menos, al mes, para las municipalidades” explica el sector eléctrico.
Si entra en vigencia el Decreto 15-2020, tal y como está en estos momentos, el impacto financiero para las distribuidoras es de Q550 millones mensuales, un monto insostenible para cualquier empresa, señala el sector eléctrico en su comunicado.
Además, este sector indica que, la continuidad del servicio está en riesgo porque el impacto es a todo el sector, no sólo a las finanzas de las distribuidoras. Si EEGSA no recibe al mes Q330 millones y Energuate no recibe Q217 millones, no cuentan con los recursos para pagar a sus proveedores, como los generadores.
“Si los generadores no reciben el pago mensual, tampoco pueden pagar a sus proveedores, entre los que se encuentran las transportadoras que tienen la misión de dar una mejor estabilidad a la prestación del servicio y llevar el servicio eléctrico a los distintos rincones del país. Por otro lado, si las municipalidades no reciben lo recaudado por alumbrado público, no pueden cubrir los costos de otros servicios municipales, como el agua”, agrega.
Además detalla, que en el caso del sector eléctrico, hay que recordar que funciona como una cadena: cada parte del servicio está integrado, conectado uno con otro, por lo que, lo que afecta a uno, afecta irremediablemente al otro, y esto pone en riesgo la garantía del suministro eléctrico, que es vital para el funcionamiento del país.
PRESENTAN PROPUESTAS
“¿Qué proponemos para poder apoyar a las familias más necesitadas y, al mismo tiempo, asegurar la sostenibilidad del sector, del suministro eléctrico y del funcionamiento del país? El balance se logra con las siguientes medidas: Acotando los beneficiados a los usuarios entre 0-200 o 0-300 kWh, para enfocar el apoyo a los verdaderamente necesitados”, dice el comunicado.
“Limitando la medida a un período determinado de tiempo, coincidente con el estado de calamidad, que no debería pasar de los 2 o 3 meses, para mantener la solvencia del sector, y el suministro del servicio, así como, acompañando la iniciativa de recursos que permitan cubrir los costos de la misma, como un financiamiento blando para cubrir la iliquidez de las distribuidoras, por el retraso en los pagos, a fin de evitar que el sector eléctrico deba financiar la contracción económica de los usuarios”, añade el sector eléctrico.
“Con la aprobación de estos cambios, se conserva el espíritu del apoyo para atender a la población, que sabemos es un tema importante, y se garantiza la continuidad del servicio eléctrico, en otras palabras, se logra un balance con una solución efectiva y socialmente viable”, concluye el comunicado.
