POR HEDY QUINO
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El Gobierno de Guatemala al igual que el de otros trece países de América han enfrentado acusaciones o denuncias por actos de corrupción en las compras y contrataciones para atender la emergencia sanitaria ocasionada por la pandemia COVID-19, señala un informe emitido por la organización Lawyers Council for Civil and Economic Rights (Consejo de Abogados para los Derechos Civiles y Económicos, en español).
La entidad publicó el estudio titulado “Corrupción en Tiempos de COVID-19: Una Perspectiva Regional sobre Contrataciones Públicas”, el cual detalla casos de corrupción que se han registrado durante la crisis sanitaria en 12 de 14 países: Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Estados Unidos, Guatemala, México, Panamá, Perú, República Dominicana, Uruguay y Venezuela.
El análisis del Consejo de Abogados explica, que durante la emergencia los gobiernos recurren a los estados de excepción para agilizar las contrataciones que servirán para atender la crisis ocasionada por la COVID-19, lo cual provoca que los procedimientos para hacer una compra sean menos rigurosos, esto a su vez, abre la brecha para que se den ilegalidades.
“La pandemia y crisis del COVID-19 ha dado lugar al otorgamiento sin precedentes de poder a gobiernos de toda América Latina y el mundo. Lamentablemente, los poderes excepcionales o de emergencia destinados a acelerar la respuesta a la crisis, incluyendo los servicios de salud, el auxilio económico y otras necesidades críticas, también han abierto espacios de abuso que tienen el potencial de afectar la lucha contra la corrupción”, detalla.
“Aunque los gobiernos han estado operando bajo estas excepciones por un tiempo relativamente corto, en al menos 12 de los 14 países analizados, ha habido alegaciones o denuncias por corrupción vinculadas directamente con la contratación pública relacionada con la respuesta a la pandemia. De hecho, la flexibilización de los procedimientos normales de supervisión y contratación pública amenazan los mecanismos para combatir la corrupción por los que se luchó por mucho tiempo”, agrega el informe.
LOS CASOS DE ARGENTINA BRASIL Y CHILE
El monitoreo que hizo la entidad en Argentina da cuenta que, el gobierno ha emitido más de 20 decretos de emergencia para dar respuesta a la pandemia, además, ha sido duramente criticado por realizar compras de insumos y contrataciones de servicios por montos elevados, en los que posiblemente hubo sobrevaloración de precios y supuesto favoritismo hacia proveedores relacionados con funcionarios públicos.
“Esto provocó que ciertos funcionarios públicos federales y locales fueron presionados para dimitir y las autoridades federales y locales han abierto investigaciones penales sobre estos casos, lo que ha llevado a allanamientos judiciales y solicitudes de acusación”, dice el análisis.
El estudio también expone algunos casos de corrupción en Brasil durante la pandemia. “El 20 de marzo de 2020, el Congreso brasileño declaró el estado de desastre público. Como resultado de esa declaración, el Gobierno Federal fue formalmente dispensado de su objetivo fiscal anual y puede inyectar recursos a la implementación de medidas sanitarias de emergencia para luchar contra el COVID19”.
En el caso de Chile, el informe indica que, el gobierno de este país decretó disposiciones para atender la crisis, una de ellas fue la autorización de compras directas en lugar de hacerlas por medio de procesos de licitación pública, a raíz de esto, el Contralor General ha realizado varias investigaciones, solicitando información del sistema nacional de salud y de los hospitales públicos sobre la adquisición de ventiladores mecánicos, medicamentos y otros suministros, el arrendamiento de locales privados para ser utilizados como hospitales temporales, el uso de aviones públicos para el traslado de pacientes, entre otros.
MEDIDAS TOMADAS EN COLOMBIA, COSTA RICA, ECUADOR Y ESTADOS UNIDOS
En cuanto a la situación de Colombia, el estudio detalla, que el Fiscal General investiga al ministro de Agricultura, Rodolfo Zea, por malversación de fondos, al igual que a otros funcionarios públicos, asimismo, se han iniciado investigaciones en contra de ocho alcaldes por posible corrupción en las compras directas que realizaron.
En relación a Costa Rica, el informe no expone alguna situación anómala en las medidas que ha tomado dicho país, sin embargo, el estudio menciona que, el sector privado ha venido haciendo una cantidad significativa de donaciones en especie y en efectivo al gobierno, que también podría ser una fuente de corrupción si no se supervisa adecuadamente.
En Ecuador, según el análisis, a mediados de abril se descubrió un supuesto escándalo de corrupción, cuando el Instituto de Seguridad Social concedió un contrato para la provisión de máscaras y otros bienes médicos. “El contrato se había concedido a una empresa desconocida, y el sobreprecio de los bienes era de alrededor de USD 10 millones, el Contralor General detuvo el proceso de contratación y el Fiscal General abrió una investigación”, dice.
En el caso de Estados Unidos, el análisis detalla que gobierno federal de los Estados Unidos ha adoptado medidas sin precedentes por conducto de las ramas Ejecutiva y Legislativa para mitigar el impacto económico de la pandemia, prestar servicios de atención de la salud a la población y facilitar la obtención del equipo necesario. “La respuesta de Estados Unidos se ha caracterizado por una falta de coordinación centralizada y una amplia gama de esfuerzos de contención, que ha variado entre 50 estados e incluso entre municipios dentro de los estados”, agrega.
“Las organizaciones de prensa han afirmado que el poder ejecutivo se ha apresurado con más de US$ 760 millones en contratos fuera del proceso habitual de licitación, y que la declaración de emergencia amplió enormemente el potencial de corrupción. Se ha expresado preocupación por el hecho de que el Presidente esté aprovechando la oportunidad para su beneficio político y que la corrupción puede existir pues el Presidente y sus representantes están constantemente hablando con líderes corporativos que pueden posicionarse al frente de la línea para los contratos federales o los pagos de auxilio económico”, se lee en el informe.
EN GUATEMALA CONTABILIZAN 25 DENUNCIAS CONTRA ALCALDÍAS
El Consejo de Abogados en su estudio detalla las acciones del gobierno de Guatemala durante la emergencia sanitaria de COVID-19, entre estas resalta la baja ejecución presupuestaria y la falta de transparencia en el uso de los recursos públicos, así como las denuncias que ha recibido el Ministerio Público en contra de municipalidades.
El informe indica que, el 6 de marzo de 2020, el Ejecutivo declaró un estado de calamidad pública, lo que permite el uso de poderes de emergencia. Según la ley guatemalteca, durante el estado de calamidad pública, el gobierno tiene amplios poderes discrecionales para los procesos de toma de decisiones en asuntos que están dentro de su autoridad, tales como salud pública, educación, seguridad, etc. “Una declaración de calamidad pública permite al gobierno actuar con poderes discrecionales y limita ciertos derechos ordinarios”, agrega.
“El gobierno está llevando a cabo procesos de compra de acuerdo a excepciones a las prácticas normales de compra. La ley guatemalteca establece que cuando las autoridades declaran un estado de calamidad pública, el gobierno tiene el poder de adquirir cualquier bien o servicio que se requiera para mitigar los impactos adversos sin cumplir con los procesos de adquisición descritos en la ley. Sin embargo, la adquisición de bienes o servicios debe publicarse en el sitio web de contratación pública del gobierno: Guatecompras”, subraya el análisis.
En cuanto a los fondos con los que cuenta el gobierno y la ejecución que ha hecho de estos, el informe dice que, debido a la pandemia, el Congreso autorizó una expansión presupuestaria de Q20 mil millones, unos US$2.6 mil millones aproximadamente; sin embargo, sólo se están utilizando entre el 15% y 20% de esos fondos para los esfuerzos de mitigación COVID-19.
“Según el Ministerio de Finanzas, al 8 de abril de 2020, el gobierno ha gastado más de 96 millones de quetzales, US$12.5 millones aproximadamente, en adquisiciones de bienes para combatir la propagación del virus. Estas adquisiciones han sido objeto de un escrutinio público debido a la fijación de precios y la calidad de los suministros adquiridos”, expone el estudio.
Con relación a la transparencia en las contrataciones, el Consejo de Abogados dice en su informe, que el gobierno supuestamente publica la compra de bienes o servicios en un sitio web dedicado. “La crítica incluye la falta de datos actualizados, la falta de justificación para comprar ciertos suministros médicos y la calidad de los suministros. Existe una preocupación significativa de los vigilantes de que los miembros del Congreso y otros políticos se están beneficiando de la situación.”, subraya.
El informe también menciona que hay algunas organizaciones de la sociedad civil como Acción Ciudadana y los medios de comunicación que están buscando monitorear la integridad de las acciones del gobierno durante la crisis, principalmente enfocándose en su gasto.
Otra situación que expone el análisis, es el hecho de que, según el Ministerio Público, al 1 de abril de 2020 se habían presentado 25 denuncias penales contra las municipalidades por la supuesta malversación y apropiación indebida de alimentos que el gobierno central había provisto para distribuir a los más necesitados debido a la pandemia. “Como estas investigaciones se encuentran en las primeras etapas, los fiscales no han emitido ninguna acusación y no se ha hecho ningún anuncio pertinente”, añade.
OTROS CASOS: MÉXICO, PANAMÁ, PERÚ Y REPÚBLICA DOMINICANA
En México, el gobierno emitió un Decreto Presidencial que permite realizar compras para salud sin hacer procesos de licitación, esto ha provocado que durante la emergencia las compras directas se elevaran por parte del gobierno. En ese sentido, una investigación periodística señaló que el gobierno hizo una compra de respiradores sobrevalorados, cuyo proveedor resultó ser el hijo de uno funcionario público con un puesto alto, detalla el informe del Consejo de Abogados.
La falta de transparencia en las compras se replica en el gobierno panameño, indica el informe, pues al igual que en otros países, Panamá declaró un Estado de Emergencia, el cual le permite hacer adquisiciones sin previa autorización de la Contraloría General, bajo la condición que sean para uso de emergencia. Esto ha provocado el incremento de compras directas de todo tipo, incluyendo contratos publicitarios.
«Hasta el momento, el Viceministro de la Presidencia ha dimitido como resultado de la protesta pública por el manejo del proceso de contratación pública. En la actualidad, también se está ejerciendo presión pública para que el Ministro de la Presidencia (que es actualmente el Vicepresidente elegido) dimita debido a su responsabilidad en el mal manejo de los procesos de contratación pública”, describe el análisis.
En Perú también se declaró un Estado de Emergencia, al igual que los otros países, esta disposición permite las compras directas, por lo que las entidades públicas de ese país ha hecho sus adquisiciones de bajo esta modalidad, explica el Consejo de Abogados en su análisis.
“La Fiscalía General y la Procuraduría General han informado ya de 380 casos de corrupción durante el Estado Nacional de Emergencia. Nótese que, debido a la cuarentena con inmovilización obligatoria, los fiscales están teniendo dificultades para llevar a cabo estas investigaciones”, menciona el informe.
En República Dominicana el gobierno también está haciendo compras directas amparadas en el Estado de Emergencia decretado, al igual que en los países antes mencionados, se dieron casos de corrupción en las adquisiciones, dice el estudio.
CONTRATACIONES EN URUGUAY Y VENEZUELA
En Uruguay, a diferencia de los otros países en mención, no está realizando compras por excepción, sino que se están haciendo bajo las leyes de su país, cumpliendo con las normas y procesos de transparencia, además, a la fecha de que el Consejo de Abogados emitiera su informe, su gobierno no tenían señalamientos de corrupción en el marco de la pandemia.
Por último, el estudio expone la situación de Venezuela, el cual tiene un sistema de gobierno totalmente diferente a los 13 países ya mencionados. “Venezuela está gobernada por un régimen que controla todas las instituciones excepto el Congreso Nacional. Desde que Chávez tomó el poder en 1999, comenzó un proceso que, en un período notablemente breve, socavó las instituciones de la democracia y logró el control de los instrumentos del gobierno”, explica el estudio.
El informe del Consejo de Abogados detalla: “Según el Índice de Percepciones de Corrupción de Transparency International, Venezuela ocupa el lugar 168 de 180. Según este índice, Venezuela es la jurisdicción más corrupta de nuestra región. Debido a la corrupción sistemática y persistente en todo el país, cualquier acción tomada por el régimen, relacionada o no con la pandemia, representa un riesgo de corrupción”.
RECOMENDACIONES DEL CONSEJO DE ABOGADOS
Ante la situación actual que enfrentan los países, el Consejo de Abogados en su análisis concluye que, a pesar de los esfuerzos realizados en la región, está claro que los mecanismos para combatir la corrupción son insuficientes.
“La mayoría de los países de la región ya enfrentaban graves riesgos de corrupción, y el hecho que la flexibilización de las disposiciones de la contratación pública abra espacios inmediatos para la corrupción, demuestra que no existen mecanismos eficaces para prevenir la corrupción, y que muchos gobiernos no han desarrollado sus mecanismos anticorrupción para una cultura de integridad”, apunta.
En su informe, la entidad hace un llamado a la comunidad jurídica a que se sume a los esfuerzos anticorrupción relacionados a la pandemia de COVID-19
“La comunidad jurídica puede ayudar de muchas maneras, incluyendo: Presentar solicitudes para la liberación de registros públicos; hacer declaraciones públicas sobre la importancia de la lucha continua contra la corrupción; publicar columnas y artículos de opinión; exigir la rendición de cuentas por parte de los líderes gubernamentales y fiscales; apoyar a las organizaciones de vigilancia; y analizar las leyes y los procedimientos de licitación para asegurarse que cumplen con los requisitos básicos de transparencia y las normas de integridad”, se lee.
¿QUIÉNES CONFORMAN EL CONSEJO DE ABOGADOS?
El Lawyers Council for Civil and Economic Rights (Consejo de Abogados para los Derechos Civiles y Económicos, en español), reúne a profesionales del derecho de la práctica privada en el continente americano, para apoyar el estado de derecho, combatir la corrupción y para apoyar el trabajo de la sociedad civil.
La membresía del Lawyers Council está conformada por abogadas y abogados que se han distinguido en la práctica del derecho privado en sus respectivos países y que han demostrado un compromiso cívico constante en sus carreras. La administración del Lawyers Council está a cargo del Cyrus R. Vance Center for International Justice.
