POR HEDY QUINO
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El diputado Felipe Alejos de la bancada TODOS presentó una iniciativa denominada “Ley de Impuesto Temporal para Emergencia COVID-19”, el cual establece que todos los trabajadores públicos, así como funcionarios y servidores públicos, que ganen arriba de Q15 mil deberán pagar el 20% de impuestos, los cuales serán destinados para invertir en atender la emergencia sanitaria COVID-19, aunque en uno de sus artículos indica que esta disposición incluye a diputados, no es clara ni especifica.
En la presentación de esta propuesta, Alejos aseguró que los diputados también estarían sujetos a pagar este impuesto e incluso declaró que estaría dispuesto a donar este porcentaje de su salario a los bomberos voluntarios, departamentales y municipales, de no aprobarse esta ley.
Sin embargo, el experto en temas políticos y legales del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (CIEN), Rodolfo Quezada, explicó que esta iniciativa está mal redactada y carece de aspectos técnicos, por lo que, a la hora de llevarla a la práctica, esta dejaría fuera a diputados y otros funcionarios, ya que el sueldo base, en el caso de los parlamentarios no supera los Q15 mil.
“Es una ley que carece de técnica, más pareciera una ley sensacionalista, pues los empleados o funcionarios públicos que tienen un salario base arriba de Q15 mil son muy pocos, eso solo lo alcanzan, por ejemplo, los cargos de dirección o subdirección, ya que la mayoría de escala salarial en el estado son salarios y otros complementos, como gastos de representación o bonos”, detalló Quezada.
“Al final alcanzaría a tan pocos personas, por lo que realmente se puede obtener de este impuesto es tan poco, si se revisan todos los rangos salariales, difícilmente algunos superan los Q15 mil de salarios. Realmente el monto que se recaude no alcanzaría a cubrir alguna necesidad, es una ley que solo busca llamar la atención”, añadió el consultor del CIEN.
NO INCLUIRÍA SALARIOS DE DIPUTADOS
Quezada explicó, que en el caso de los diputados, este se conforma por dietas de sesiones plenarias y dietas de comisiones de trabajo, por lo que estos montos no son tomados en cuenta como salario. “Hay funcionarios que tienen dietas muy altas en el Estado, pero esto no son salarios sino dietas, ese es otro tema que quedaría fuera. La esencia de esta iniciativa es puramente publicitaria”, reiteró.
“Está muy mal redactada. Si se llega a practicar, sería más el esfuerzo de recaudar que lo que puedan captar”, concluyó el analista del CIEN.
