POR HEDY QUINO
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Esta madrugada, después de varias horas de discusión, el pleno de diputados del Congreso aprobó de urgencia nacional el Decreto 12-2020, el cual establece la ley de emergencia para proteger a los guatemaltecos de los efectos causados por la pandemia coronavirus COVID-19, que contempla un fondo de Q1 mil 500 millones para Salud y Alimentación. Además, la normativa incluye una ampliación presupuestaria de Q3 mil 667 millones 500 mil.

Los diputados incluyeron en la ley que tenia como fin, implementar medidas en favor de la población afectada por el nuevo coronavirus, una ampliación presupuestaria de más de Q3 mil millones.

De acuerdo con el decreto aprobado, parte de los fondos de la ampliación presupuestaria servirán para el pago de salarios del Ministerio de Educación, así como asignarle recursos al Ministerio de Gobernación. La normativa también incluye un rubro de Q400 millones para sueldos y salarios.

OTROS FONDOS

La normativa establece el fondo de emergencia de Q1 mil 500 millones, el cual se utilizará para atender la emergencia del COVID-19 y que La Hora había reportado este martes.

Además, se aprobó un fondo de protección de capitales de Q250 millones, este es un rubro disto al fondo de emergencia. Estos recursos serían administrados por el Crédito Hipotecario Nacional.

Asimismo, se aprobó otro fondo para las micro, pequeñas y medianas empresas de Q400 millones, la ejecución estaría a cargo del Ministerio de Economía.

INCLUYEN ATENCIÓN A MIGRANTES DEPORTADOS

Los diputados aprobaron con más de 100 votos a favor, dos enmiendas que establecen otorgar atención médica a los migrantes retornados, así como la instalación de una clínica médica permanente en la Fuerza Aérea Guatemalteca, esto con el fin de evitar más casos de COVID-19, en el país.

Ambas enmiendas fueron propuestas por el bloque Semilla, a través de la diputada, Ligia Hernández, secretaria de la Comisión del Migrante del Congreso.

NO APRUEBAN APLAZAR PAGOS DE LUZ, AGUA Y OTROS SERVICIOS

El pleno de diputados no aprobó incluir en la ley, un artículo que obligaba a las empresas de luz, agua, teléfono, internet y cable, a no cortar esos servicios por un plazo de tres meses, por la emergencia del COVID-19.

La propuesta también contemplaba que, los pagos se dividieran en cuotas, los cuales se pagarían durante 12 meses.

La aprobación de esta disposición se intentó en tres ocasiones, a través de enmiendas, las cuales fueron presentadas por los bloques UNE y VIVA, pero ninguna de estas obtuvo los votos necesarios, apenas alcanzaron 70.

“Es lamentable que los diputados se dejaran amedrentar por las empresas, unas llamadas los hizo cambiar de opinión”, dijo el diputado Orlando Blanco.

Hedy Quino Tzoc
Periodista profesional, con 12 años de experiencia en medios de comunicación, radio, prensa escrita y digital. Especializada en temas políticos, legislativos y electorales. “En mi vida prevalece Dios, mi familia y la justicia”.
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