Con declaraciones de funcionarios de Bernardo Arévalo, Miguel Martínez quiere librarse del caso Sputnik V

El exdirector del Centro de Gobierno, Miguel Martínez, exige al Departamento del Tesoro de Estados Unidos que lo retiren de la lista negra financiera y presentó presuntas pruebas con las que asegura estaría exento de culpabilidad en la compra de vacunas Sputnik V, contra el covid-19.

Martínez, quien fue funcionario en el inicio del gobierno de Alejandro Giammattei, demandó al Departamento del Tesoro de los Estados Unidos para exigir que se le retire la sanción de la Ley Magnitsky.

A Martínez se le incluyó en la lista negra financiera de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) de EE.UU., y tiene prohibido realizar transacciones bancarias y financieras en el extranjero con entidades de ese país.

En la nota Con entrevista de La Hora, Miguel Martínez quiere desligarse de responsabilidad por vacunas Sputnik, se menciona que Martínez contrató a un abogado en EE.UU. para lograr su objetivo.

El profesional del derecho, Alexei Schacht, pretende utilizar las declaraciones de la exministra Flores, dadas a La Hora, para liberar de culpa a su cliente.

Sin embargo, no es el único material audiovisual presentado como prueba. La Hora tuvo acceso a la demanda de Martínez.

En el documento se presentan como pruebas las declaraciones de los titulares de la Procuraduría General de la Nación, Julio Saavedra, y de la Secretaría General de la Presidencia, Juan Gerardo Guerrero Garnica.

«FUNCIONARIOS LO ABSUELVEN DE CULPA»

En los numerales 17 y 18 de la demanda, Schacht argumenta que en la entrevista que La Hora realizó a la exministra de Salud, Amelia Flores, la funcionaria «afirmó que el señor Martínez nunca la presionó ni siquiera le preguntó a ella para aprobar las vacunas. Ella afirma además que lo único que el Sr. Martínez alguna vez lo que le pidió fue que ofreciera un trabajo a alguien y ella se negó a hacerlo».

«Por tanto, el máximo responsable de aprobar las vacunas exonera totalmente a mi cliente. Puede ver esta entrevista, ya que era pública y se puede acceder a ella en este enlace», agrega Schacht compartiendo la entrevista de La Hora.

En los numerales 19 y 20 de la demanda, se incluyen las declaraciones de Saavedra, de una conferencia de prensa del 4 de abril, cuando el gobierno de Arévalo presentó la denuncia contra Flores por el caso Sputnik.

En la rueda de prensa, se le cuestionó a Saavedra la razón para no incluir a Martínez en la denuncia, considerando que está señalado por EE.UU.

Saavedra respondió que el contrato fue firmado por Amelia Flores como ministra de Salud y que no consta que haya sido un acto autorizado, ordenado o aprobado por Giammattei como presidente o que haya participado Martínez.

Con esto, Schacht argumenta que «el actual Procurador General de Guatemala, Julio Saavedra, quien es un político opositor del expresidente Giammattei y del Sr. Martínez dijo el 4 de abril de 2024 que no hay fundamento para acusar al Sr. Martínez de ningún delito en relación con la aprobación de las vacunas».

«Que el actual gobierno guatemalteco absuelva a mi cliente mientras Estados Unidos lo incluyó erróneamente en la lista es una terrible injusticia», dice Schacht.

No obstante, Saavedra aclara en la conferencia que «sería una enorme irresponsabilidad asumir cuestiones que no consta en los documentos que se tiene a la vista. Pero también es una enorme irresponsabilidad el que no se investigue la posible participación de otras personas en esa contratación».

El Secretario General, Juan Guerrero, fue abordado por el medio TVGT Noticias el 10 de junio, el cual le consultó la causa para no denunciar a Martínez.

Guerrero respondió «nosotros no hemos encontrado nada en contra de Miguel Martínez porque él nunca estuvo en la Secretaría General de la Presidencia, por eso no hemos presentado denuncia, pero en dado caso encontremos hechos que posiblemente constituyan delitos definitivamente estaremos presentando las denuncias correspondientes».

De nuevo, Schacht sostiene que con las declaraciones, Martínez es liberado de culpa.

«El Sr. Guerrero Garnica es uno de los fundadores del actual partido gobernante de Guatemala y ha sido un aliado durante mucho tiempo del actual presidente Bernardo Arévalo. Que el Sr. Guerrero Garnica, opositor político de mi cliente, ha exonerado a Martínez sería más que suficiente para el Gobierno de Estados Unidos y la OFAC», esgrime el abogado de Martínez.

ESTO PIDE MARTÍNEZ A LA CORTE DE EE.UU.

Martínez pide, a través de la demanda, que se dicte una sentencia declaratoria, o en su defecto, un auto de mandamus, que obliga a la secretaria del Departamento del Tesoro de EE.UU., Janet Yellen, y a la directora de la OFAC, para sacar a Martínez de la de Nacionales Especialmente Designados y Personas Bloqueadas (Lista SDN, en inglés).

Según se expone, la sanción impuesta a Martínez «es ilegal y le causó y le sigue causando graves daños».

Además, se justifica que se castiga a Giammattei al haber sancionado a Martínez.

«El gobierno estadounidense considera a Martínez un amigo personal cercano del expresidente guatemalteco Alejandro Giammattei y el incluir a Martínez es una forma de castigar también al expresidente que supuestamente es rival del actual presidente Bernardo Arévalo, quien asumió el cargo el 15 de enero de 2024», se lee en la demanda.

Martínez pide al tribunal que:

• La inclusión continua de Martínez en la Ley Global Magnitsky y la Lista SDN sea declarada ilegal.
• Que se emita una orden judicial ordenando a la OFAC retirar a Martínez de la Ley Magnitsky y Lista SDN.
• Otorgar a Martínez los honorarios de abogados y costos incurridos en esta acción.
• Otorgar a Martínez otras reparaciones adicionales que este Tribunal considere justas y apropiadas.

Según una investigación del Departamento de Estado de EE.UU., Martínez participó en sobornos y corrupción relacionados con contratos gubernamentales para beneficio propio y de sus asociados cercanos.

Además, el gobierno de EE.UU. señala que «en 2021, Martínez solicitó grandes sobornos para facilitar la compra de las vacunas rusas Sputnik V por parte del gobierno de Guatemala. La agencia especial anticorrupción de Guatemala investigó a Martínez por su papel en un controvertido pago vinculado a la compra de 16 millones de dosis de vacunas rusas Sputnik V COVID-19 por parte del gobierno guatemalteco».

Debido a ello, la OFAC incluyó a Martínez en la lista negra financiera el 1 de diciembre de 2023.

Actualmente, el Departamento del Tesoro solicitó al tribunal presidido por el juez Beryl A. Howell, extenderle un plazo para dar una respuesta. La prórroga fue extendida para el 23 de diciembre de 2024.