La Sala Tercera de Apelaciones rechazó la recusación que planteó la Fiscalía de Delitos Administrativos del Ministerio Público (MP) para cambiar de juzgado el caso contra los magistrados del Tribunal Supremo Electoral (TSE) e impuso una multa de Q500 al ente investigador por plantear un recurso «sin fundamentos y pruebas que acreditaran sus argumentos».
El MP presentó una recusación en contra de los jueces A y B del Juzgado Segundo Penal, el cual conoce el expediente del caso en contra de cuatro magistrados del TSE por la compra del sistema informático de la Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP), utilizado en las elecciones generales 2023. No obstante, la Sala Tercera de Apelaciones declaró «no ha lugar» la referida recusación.
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CASO PERMANECE EN JUZGADO SEGUNDO
El jefe de la Fiscalía de Delitos Administrativos, Manuel Aldana, y la auxiliar fiscal, Marilin Castillo, presentaron sus argumentos ante los magistrados de la Sala Tercera de Apelaciones señalando un retardo en la tramitación del expediente. De esa cuenta, decidieron poner una recusación.
Por su parte, los magistrados del TSE, Irma Palencia, Gabriel Aguilera y Rafael Rojas, expusieron que se trataba de una recusación sin fundamentos, que no estaba fundamentada y advirtieron la violación del principio del juez natural por tercera vez dentro del proceso si aceptaban la recusación.
De acuerdo con Aguilera, la Fiscalía de Delitos Administrativos acudió con un juez de Diligencias Urgentes para solicitar la orden de aprehensión de los cuatro jueces electorales y no con la jueza Wendy Coloma, entonces jueza contralor del caso. Además, recordaron que esta es la tercera vez que el MP buscó cambiar de juez.
Originalmente, el caso era conocido en el Juzgado Duodécimo Penal con Coloma, tras una recusación pasó a las manos de la jueza Karen Chinchilla, quien otorgó medidas sustitutivas a los magistrados del TSE y tras estar en desacuerdo del beneficio el MP logró un segundo cambio de togado. De esa cuenta, el caso pasó al Juzgado Segundo Penal y la Fiscalía buscaba que este pasara al Juzgado Tercero Penal.
SALA DA LA RAZÓN A MAGISTRADOS
De acuerdo con los argumentos de la Sala Tercera de Apelaciones, calificaron de improcedente la recusación, ya que el MP no identificó el nombre de los jueces a los que estaba no recusando y tampoco presentó ni adjuntó pruebas en el recurso.
Por ello, la Sala Tercera determinó que el Juzgado Segundo sigue a cargo del expediente e impuso una multa al MP, que dirige la María Consuelo Porras, de Q 500, según lo establece la ley.
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— Diario La Hora (@lahoragt) August 26, 2024
