Ricardo Méndez Ruiz, presidente de la Fundación contra el Terrorismo. Foto La Hora.

La Fundación Contra el Terrorismo (FCT) presentó una denuncia penal en contra de los siete decanos que integran la Comisión de Postulación que no han votado a favor de la fiscal general, María Consuelo Porras.

El Ministerio Público confirmó que recibió una denuncia de Ricardo Rafael Méndez Ruiz en contra de los miembros de la Comisión Postulación por posible abuso de autoridad e incumplimiento de deberes. Fue remitida a la Fiscalía de Delitos Administrativos, agregó la Unidad de Información y Prensa.

LOS ARGUMENTOS DE LA FCT 

Mientras que en su cuenta de la red social Twitter, Ricardo Méndez presidente de FCT, una organización cercana a la administración de Porras, afirmó que los decanos, “están desempeñándose de una forma política y no técnica, al servicio de intereses extranjeros, prostituyendo así su función”.

Añadió una fotografía del documento de la denuncia electrónica que presentó al Ministerio Público, en el que incluyó el nombre de los siete decanos de diferentes universidades.

 

“Los comisionados denunciados actuando como una verdadera estructura criminal organizada, se dieron a la tarea de violentar la Constitución Política de la República en especial los artículos 173, 174. 175, y 251, al impedir, rehusar y retardara de manera maliciosa ejercer los actos propios de su función o cargo”, mencionó.

La denuncia es contra:

1. Luis Ruano, Universidad Mariano Gálvez
2. Luis Cabrera, Universidad Mesoamericana
3. Milton Argueta, Universidad Francisco Marroquín
4. Lorena Isabel, Universidad Rural
5. Jennifer Nowell, Universidad Regional
6. Rosa Morales, Universidad Da Vinci
7. Rolando Menaldo, Universidad Rafael Landívar 

 

¿DE QUÉ LOS SEÑALA?

Méndez Ruiz señala a los decanos de abusar de su cargo, pues afirma que “realizaron una serie de actos ilegales destinados a evitar dentro del plazo regulado, la designación de la sexta aspirante quien fue la mejor calificada por la citada comisión con una nota de noventa puntos”, sin mencionar directamente a María Consuelo Porras.

 

También los señala del delito de tráfico de influencias, “al recibir y trasladar sugerencias, presiones y coacciones de entes nacionales y extranjeros destinados a influir en los demás comisionados valiéndose de su amistad y posición”.

Menciona que la exclusión de Porras en el listado se ha hecho sin tener una base jurídica para ello, “más que por instrucciones o coacciones de personajes de la comunidad internacional, así como de actores nacionales, a quienes ilegalmente responden”.

 

Además, los señala del delito de conspiración al “haberse dolosamente con miras a buscar la no reelección de la aspirante mejor calificada sin que existiera motivo alguno más que su animadversión por la actual fiscal general, quien se ha caracterizado por realizar investigaciones fundamentadas de manera objetiva e imparcial, sin sesgo ideológico o político, mucho menos o instrucciones de entidades o personas determinadas”.

PORRAS Y LA INFLUENCIA DE MÉNDEZ RUIZ  

La Hora publicó el año pasado un audio y el reportaje “Méndez Ruiz, nominado por EE. UU., dictaba acciones de Consuelo Porras”, en el cual se consigna que, tras una publicación en junio de 2019 en la cuenta de la red social Twitter del presidente de la Fundación contra el Terrorismo, Ricardo Méndez Ruiz, la fiscal general, María Consuelo Porras cuestionó al encargado del caso Financiamiento UNE, siguiendo los lineamientos del tweet.

En el pasado, Méndez Ruiz ha defendido el actuar de Porras y también ha actuado en contra de personajes que le resultan incomodos a Porras, entre ellos la exjueza Erika Aifán, contra quien presentaron denuncias.

 

Méndez Ruiz es conocido como un detractor de los principales actores de la lucha contra la corrupción, como el exfiscal Juan Francisco Sandoval, exjefe de la Fiscalía Especial contra la Impunidad, así como de la exfiscal general Thelma Aldana.

Además, durante el proceso ya había denunciado al decano Menaldo por supuestamente presionar a otros compañeros y contra David Gaitán, quien decidió renunciar como decano de Derecho de la Universidad Da Vinci.

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